Oihan Ostolaza, secretario de Política de Empleo de LAB, e Ibon Zubiela, secretario de Salud Laboral, denunciaron ayer que la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo no se cumple y precisaron que la administración pública «mira a otro lado» y «se mantiene en silencio ante esta grave situación».

LAB explicó que en 2009 se redujeron los accidentes mortales, ya que de 106 en 2008 se ha pasado a 84 en el conjunto de Hego Euskal Herria. A éstos, habría que añadir otros 15 fallecidos no reconocidos por enfermedades profesionales, exactamente por el amianto. Sin embargo, esa caída «nada tiene que ver con la mejora en las condiciones de trabajo, sino en la reducción de la actividad productiva», según puntualizó Zubiela. Insistió en la necesidad de comparar la accidentabilidad actual con el número de horas trabajadas «porque se vería que la incidencia es igual o mayor que antes. Ha bajado el número, porque la población ocupada expuesta se ha reducido por la crisis económica».

En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se produjeron el año pasado 55.180 accidentes laborales con baja y otros 55.969 accidentes sin baja. A estos datos hay que añadir los siniestros de Nafarroa que no causaron baja, pero que todavía no se disponen. «Nos dicen que van hacia abajo los accidentes y se enorgullecen de ello desde la administración pública y los organismos dependientes, pero la realidad muestra que, según los datos de Osalan, referidos a la CAV los accidentes traumáticos aumentaron su incidencia en un 8,36% el año pasado», precisó el responsable de Salud Laboral de LAB.

También recordó que en materia de siniestralidad laboral, la administración pública no se toma las actuaciones de igual manera que con los accidentes de tráfico.

En este sentido, Ibon Zubiela aseguró que la presión hacia estos últimos ha permitido reducirlos de manera notable en los últimos seis años, mientras que los accidentes laborales se reducen de una manera más tibia.

Oihan Ostolaza criticó por su parte el márketing que realizan las administraciones en esta materia, y sostuvo que «son responsables por su pasividad para obligar a cumplir la normativa en materia de prevención». «Es necesario otro modelo de salud y económico», valoró.

Señaló, asimismo, que en el caso de Osalan se ha trasladado el centro de decisiones del consejo general a la mesa de diálogo social, lo que fue criticado con dureza por LAB.