La Fiscalía de Gipuzkoa ha acusado a cuatro guardias civiles por torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola. Las peticiones son pequeñas, entre dos y tres años de cárcel, pero no dejan de ser inusuales puesto que gracias a la incomunicación las torturas rara vez llegan a juicio en el Estado español. Varios organismos internacionales han criticado que la mayoría de las denuncias ni se investigan. El salvajismo del caso, que generó gran alarma social, y un error inducido por la impunidad existente en este tema ha propiciado la acusación. No obstante, según la Fiscalía, la «conmoción» producida por la muerte en Capbreton de dos compañeros fue lo que llevó a los guardias civiles a torturar a Portu y Sarasola. Una conmoción que les duró más de un mes (desde el 1 de diciembre que ocurrió ese atentado hasta el 6 de enero en el que ocurrieron los hechos) pero que se les pasó en pocas horas. Su terapia: torturar a dos jóvenes vascos. La «explicación» del fiscal es grave en sí misma. Supone un atenuante peligroso y pretende dar una justificación puramente humana a la tortura. En realidad, la causa de la tortura es política, no tiene nada que ver con el sadismo o el enfado puntual de un agente, aunque no elimine esos factores. La tortura obedece a órdenes, no a pasiones. La ley lo permite y, cuando el sistema falla, no lo denuncia y castiga con claridad