El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó ayer su intención de pactar el documento del Gobierno sobre la reforma del sistema de pensiones con las centrales sindicales, al calificarlo como «una propuesta para un consenso nacional» del que tienen que formar parte las centrales y confió en la «colaboración responsable» de éstas, por lo que adelantó su agradecimiento por ello.

Sobre las movilizaciones previstas para hoy de estos sindicatos contra el retraso de la edad de jubilación, opinó que ejercen «un derecho absolutamente constitucional y plenamente legítimo». No obstante, matizó que a su juicio, ahora es «el tiempo de la propuesta, de la discusión, del debate».

Convocadas por UGT y CCOO, hoy está previsto el inicio de una semana de manifestaciones contra la propuesta de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

El sindicato CGT criticó que estas movilizaciones son «simple teatro contra la decisión del Ejecutivo porque «sólo se discute la forma pero se acepta el fondo de la reforma».

Desde el PP, la desconfianza se expresó a través de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, para quien el único remedio a la crisis consiste en formar un Ejecutivo de concentración en el que las carteras de Economía y de Trabajo recaigan en cargos de este partido. Zapatero también quiere contar con el apoyo de otras fuerzas políticas, pero ayer recibió el rechazo de los grupos parlamentarios en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso, donde la preentó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Empresarios, preocupados

Corbacho negó que la propuesta del Gobierno contemple el aumento del período de cálculo de las pensiones, pero aseguró que debe ser objeto de «reflexión y debate». Corbacho acudió a para explicar la propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema público de pensiones, que contempla alargar la vida laboral hasta los 67 años.

Según el ministro, son necesarias reformas «ambiciosas», pero de aplicación «moderada» y «no traumática», que contribuyan a mejorar la equidad y el funcionamiento del sistema. Y ello a pesar de que reconoció la viabilidad del sistema de Seguridad Social, «no está amenazado» a corto plazo, ni siquiera ante una coyuntura de grave crisis económica como la actual».

Corbacho puntualizó que el documento del Gobierno propone frenar el recurso a la jubilación anticipada y restringir lo que calificó como un «uso abusivo». Aunque negó que el documento recoja el aumento del período para el cálculo de las pensiones, consideró este aspecto «muy relevante» y aseguró que se debe buscar una «mayor equidad» interna del sistema que «refuerce la relación» entre el esfuerzo contributivo realizado y la prestación reconocida

También apostó por utilizar la previsión social complementaria (aportaciones privadas) para favorecer la prolongación de la vida laboral, por lo que planteó desvincular la jubilación del acceso a esta previsión a partir de los 65 años.

En cuanto a las fuentes de financiación de la Seguridad Social dijo que «en términos generales se van a mantener los tipos de cotización», pero sí puntualizó, que «esto no significa que no quepa plantear modificaciones parciales».