La abogada de Irun acusada de 23 casos de estafa inmobiliaria deberá continuar en prisión por estos hechos, según confirmó ayer la Audiencia de Gipuzkoa. Los hechos sucedieron entre los años 2004 y 2005, cuando la procesada se dirigió a una serie de clientes para presuntamente ofrecerles la posibilidad de participar en las subastas de diferentes inmuebles. Cuando estas personas accedían a pujar por un piso determinado, la imputada les pedía diferentes cantidades de dinero, en unos casos 72.000 euros y en otros cuantías superiores o inferiores, que supuestamente iba a consignar en una cuenta del juzgado para participar en la subasta.