El cierre de la planta eólica de Gamesa en Altsasu y la eliminación de sus 150 puestos de trabajo son fiel y dramático exponente del comportamiento que está mostrando buena parte de la clase empresarial durante la crisis. De forma arrogante y despiadada, los directivos de la compañía no han dudado en hacer públicos al mismo tiempo la cifra de los beneficios económicos obtenidos el pasado año, 115 millones de euros, y el cierre del centro de fabricación de palas para la aerogeneración. Esta actitud pone negro sobre blanco la firme determinación patronal de romper la baraja en cuanto las cartas dejan de favorecer su juego. Poco importa si eso condena a los trabajadores -auténticos artífices de los jugosos beneficios que ha obtenido y sigue obteniendo la empresa- y sus familias a una situación de incertidumbre, cuando no de desesperación.

El traumático cierre supone un fuerte mazazo para las economías domésticas de los 150 trabajadores que quedan en la calle, pero también un nuevo golpe para una de las comarcas de Euskal Herria más castigadas por el paro, con un porcentaje de desempleados que alcanza hoy el 17% y que, de materializarse definitivamente la clausura de la planta, se dispararía hasta el 20,5%. Frente a este panorama y ante la decisión inexplicable y unilateral de la empresa, los trabajadores han anunciado su firme disposición a presentar batalla hasta el final.

Un ejemplo de dignidad que contrasta con la actitud de otro de los actores principales en el conflicto, que sin embargo se relega a sí mismo y de forma voluntaria al papel de secundario irrelevante: el Gobierno de Nafarroa. El Ejecutivo de Sanz ha hecho llegar a Gamesa una petición para que reconsidere el camino emprendido. Pero cuando está en su mano frenar el proceso denegando el Expediente de Regulación de Empleo presentado, limitarse a apelar a la buena voluntad de la empresa no es sino rehuir su responsabilidad como principal garante de los derechos de los trabajadores navarros. Claro que este Gobierno, desde el comienzo de la crisis, lleva aprobados casi el 100% de los ERE presentados por los empresarios, dejando muy claras cuáles son sus prioridades.