En un reportaje publicado en este diario en octubre se informaba sobre varias sentencias firmes que han fallado en contra del Consistorio de Errenteria por acoso moral y laboral contra dos de sus trabajadores municipales. Concretamente, a una persona que desempeñaba el cargo de policía municipal y a otra que desempeñaba la de técnico del Departamento de Urbanismo en el Ayuntamiento. A ambos el Instituto de la Seguridad Social (INSS) les ha reconocido la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, con sendos diagnósticos que evidencian un estado de salud preocupante.

Asimismo, en ambos casos, sentencias firmes han fijado que la causa de dichas incapacidades fue laboral. En este sentido, los dos denunciaron haber sido objeto de acoso laboral y moral por parte de sus superiores en el Consistorio. Por lo menos en el primero de los casos, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), concluyó que el trabajador había sufrido acoso por parte de sus superiores. Concretamente, la sentencia recoge que esta persona «fue hostigada» por sus superiores, que «se cebaron» con ella, le hicieron de menos y rechazaron todas sus peticiones en materia de cambio de servicio y disfrute de vacaciones, «por lo que hay que entender que esta situación (...) se mantuvo hasta la baja médica laboral, y que los jefes directos (...) mantuvieron comportamientos y actitudes hostiles» hacia esta persona, comportamiento «que debe calificarse como acoso sistemático».

En aquel reportaje se apuntaba la posibilidad de que en el Ayuntamiento de Errenteria estas actitudes no fueran aisladas, ya que el Consistorio se enfrentaba a otros dos posibles nuevos casos de acoso laboral.

Vaciado de funciones

Uno de esos dos casos es el de Juan José Briega, técnico de Protección Civil que lleva años denunciando «el acoso» del que ha sido objeto por parte de sus superiores, «desde el alcalde hasta el director de Protección Ciudadana». Ahora, el TSJPV ha sentenciado que la baja de este trabajador en el año 2007 fue debido a «contingencia laboral». Según el testimonio de Briega, con el que ha hablado GARA, los hechos se remontan al año 2005, cuando el entonces alcalde del municipio Miguel Buen, fue sustituido por el actual primer edil, Juan Carlos Merino. Briega afirma que fue entonces cuando comenzó el acoso. «En un principio fue un progresivo vaciado de contenido de las funciones de mi puesto de trabajo, a lo que se fue uniendo la discriminación respecto a otros técnicos municipales, el ninguneo, así como el ataque a mi dignidad y a mi imagen», relata.

Una actuación que el técnico califica sind duda de «chulesca y prepotente», y que asegura fue llevada a cabo «dentro de la más absoluta impunidad». Briega comenzó a denunciar el vaciado de funciones de su puesto de trabajo mediante «multitud» de escritos «que están con registro de entrada». Relata que le dijeron que el alcalde no quería hablar con él, de modo que hablaba «exclusivamente» con el director de Protección Ciudadana y con el concejal delegado de Protección Civil. Finalmente, en junio de 2007 decidió poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo «aportando un montón de documentación que se había generado desde 2006», y fue entonces cuando cogió la primera baja laboral.

Briega defiende que es «una persona trabajadora» y que al no tener funciones que llevar a cabo se le caía «el techo encima». En este sentido, explica que estando de baja y ante las declaraciones del inspector de la Inspección de Trabajo señalando que «el tema estaba solucionado», cogió el alta voluntaria. «Estuve 45 días... trabajando no, yendo a trabajar», afirma. Tras ese mes y medio volvió a cogerse la baja y presentó una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo. «Les dije que era mentira, que el problema no estaba solucionado, y que de los 45 días no había hecho ni dos días de trabajo real, y que había pasado los demás días igual que antes, tocándome las narices, paseando, tomando café, haciendo sudokus...».

A la pregunta de quién llevaba a cabo sus funciones, Briega responde que «algunas que eran ineludibles las hacía el que podía, o las contrataban fuera. La mayoría no se hacían, como todo el tema de planes de emergencia, formación, prevención...».

Inspección de Trabajo

Briega es especialmente crítico con Inspección de Trabajo. Señala que puso «cerca de una docena de denuncias» ante las que, «con una actuación, a mi juicio, incoherente e inexplicable», este organismo «fue tolerando cada uno de los hechos denunciados». Entre otras cuestiones, denunció «la falta de seguridad y de planes de emergencia en muchos edificios municipales, entre ellos el conservatorio de música, con cerca de 600 alumnos, o la guardería de Alaberga». Según explica, el inspector le manifestó que se trataba de graves acusaciones. En este sentido, señala que si la Inspección de Trabajo valoraba como graves las acusaciones que él hizo tendrían que haberlas investigado. Pero «ni se ha investigado ni nada», denuncia.

Insiste en que desde la Inspección de Trabajo no han resuelto nada por lo que «todos han podido actuar con total impunidad». «Desde el actual oficial de la Policía Local, que entonces era director de Protección Ciudadana y mi jefe, hasta el alcalde», especifica. Como ejemplo, detalla que denunció que le asignaran como oficina «la única dependencia que carecía de ventilación y luz natural», y que para justificar esta actuación «el director mintió en un documento oficial». «Lo denuncié, pero no sirvió de nada».

Actualmente Briega se encuentra en situación de baja laboral. Cuenta que el acoso que sufrió tuvo para él consecuencias «a nivel profesional, personal y de salud, con bajas continuadas». La primera de ellas ya ha sido sentenciada por el TSJPV, que ha admitido la motivación laboral de la misma, y ahora está a la espera de la definición de las posteriores. Explica que a nivel personal «es un palo. Estás con medicamentos, con el problema que no te lo quitas de la cabeza, y hay situaciones en las que incluso te cuesta entender». ¿Y cuál ha sido la actuación por parte de los diferentes responsables dentro del Ayuntamiento de Errenteria ante esta situación, así como ante los dos casos anteriores? «No se investiga nada» censura, y señala que ante el acoso, ya sentenciado, que sufrió la persona que desempeñaba la función de Policía Local en el Consistorio «la oposición no ha conseguido que se cree una comisión para investigar el acoso». Recuerda que en el Ayuntamiento de Errenteria, de 21 concejales el PSE posee 8, y que junto a dos del PNV y uno de Hamaikabat ostentan la mayoría. En este sentido, opina que tanto el PNV como Hamaikabat «algo tendrían que decir», pero critica que hasta el momento, e «inexplicablemente», no lo han hecho. No duda en señalar incluso que actualmente los responsables del Ayuntamiento están «boicoteando» su reincorporación.

«Frustrante», así define la situación actual. «Que nadie haga nada es frustrante. Porque dices, `a ver, pero que tengo la razón, y lo puedo demostrar', y vas a sitios, y nada, a uno y a otro, y nada, y escribes aquí y allí, me he dirigido a ochocientos mil sitios, y ni te contestan», explica. Recientemente ha solicitado que se active el protocolo de prevención de riesgos psicosociales del Ayuntamiento. Un protocolo que concreta que el Consistorio «tiene que preocuparse de la salud psicológica de los trabajadores, que está para proteger, prevenir...», explica el técnico.

Asimismo, recuerda que en el Departamento de Urbanismo, donde trabajaba una de las personas a la que han diagnosticado la incapacidad permanente para todo tipo de trabajo, ya se hizo un estudio de prevención de riesgos psicosociales. Un estudio que determinó que en dicho departamento «había indicios de conductas de acoso».

Sobre el apoyo que ha recibido, Briega afirma que ha recibido un buen respaldo del sindicato ELA al que pertenece, del comité de Salud Laboral del Ayuntamiento, así como de la Inspección de Osalan. Asimismo, señala que «la denuncia que hizo GARA de la situación de los casos anteriores, también fue un revulsivo», -en referencia al reportaje que publicó esta diario el pasado mes de octubre-. «Pero, por otro lado, me han vuelto la espalda todos los conocidos del PSE a los que he recurrido», se lamenta. Del Ararteko, a quien también se ha dirigido, señala que «he recibido muy buenas palabras, pero una actitud totalmente evasiva».

Sobre los partidos del consistorio valora que «resulta mucho más fácil alinearse del lado del poder, aunque ello suponga una cierta complicidad en el mantenimiento de una situación injusta», dice. Y, en referencia al máximo responsable del Consistorio, el alcalde Juan Carlos Merino, afirma que «no se cuándo van a entender que no están apoyando a un compañero de partido, del equipo de Gobierno o de no se que pacto, que ha realizado una actuación más o menos desacertada. Se está defendiendo a un individuo que ha actuado fuera de toda ideología política, incumpliendo la ley, y en contra de los intereses del Ayuntamiento y la población. Quizás confundiendo el Ayuntamiento con un cortijo de su propiedad».

¿Qué dice el Gobierno municipal?

Por su parte, y al intentar desde este diario obtener alguna valoración sobre este caso de algún responsable del Ayuntamiento, al igual que pasó con el reportaje anterior desde la institución local han declinado hacer ninguna valoración. Según han manifestado no quieren hacer ninguna declaración al respecto porque el caso está sub judice. Aunque la pregunta realizada al Ayuntamiento se refiere a una sentencia firme del TSJPV y, por lo tanto, de un caso que no está pendiente de juicio, sino sentenciado.