La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños forma parte del viraje mundial y continental, caracterizado por el declive de la hegemonía estadounidense y el ascenso de un conjunto de bloques regionales que van dando forma a un nuevo equilibrio global. La creación de este organismo sin la presencia de Canadá y Estados Unidos, se venía gestando desde tiempo atrás, pero comienza a cobrar cuerpo meses después del notable fracaso de la OEA para resolver la crisis provocada por el golpe de estado en Honduras, país que por el momento no forma parte del organismo en gestación.

La decisión, que se preparó durante los dos años anteriores impulsada por el presidente Lula, completa un largo proceso de autonomización de la región respecto de la superpotencia. Miremos atrás para observar el profundo cambio producido en la región. Desde su creación en 1948, la OEA respondió a los intereses de Washington. Cuando Cuba fue expulsada en 1962, ningún país votó en contra para evitarse problemas con Estados Unidos, aunque seis se abstuvieron, entre ellos Argentina, Brasil y México. En 1983, la creación del Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela) para buscar salidas a las guerras civiles centroamericanas, representa el primer intento por dotar a la región de voces que se aparten del coro impuesto por la Casa Blanca y el Pentágono. Fue la intervención del primer ministro sueco, Olof Palme, la que resultó decisiva para que se formara este grupo que se fue ampliando, pese al rechazo de Washington.

En 1990 el Grupo de Río sustituyó a Contadora (ya convertido en Grupo de los Ocho), con la incorporación de los países sudamericanos que hasta ese momento no lo integraban, más la Comunidad del Caribe y los países de Centroamérica. En 2008 adquirió su actual fisonomía con la incorporación de Guyana, Haití y Cuba, y en 2010 durante la celebración de su 21 reunión, la Cumbre de la Unidad en la Rivera Maya, dio el paso definitivo al generar la nueva Comunidad de Estados. Son dos décadas y media de lenta construcción que culmina un proceso iniciado cuando la ofensiva imperial contra Nicaragua, El Salvador y Guatemala parecía omnipotente, que cuaja cuando se vive una coyuntura nueva.

La Declaración de Cancún, suscrita por los 32 presidentes (con la única ausencia de Honduras), señala que el objetivo del nuevo organismo es «profundizar la integración política, económica, social y cultural de nuestra región«, defender el «multilateralismo» y «pronunciarse sobre los grandes temas y acontecimientos de la agenda global».

En el apartado dedicado a crisis económica promueve la creación de una nueva arquitectura financiera regional o subregional, incluyendo la posibilidad de realizar pagos en monedas nacionales y evaluar la creación de una moneda común, así como la cooperación entre bancos nacionales y regionales de fomento. Un claro énfasis en la integración, sin establecer plazos, puede rastrearse en el espíritu del documento. Sin embargo, los dos aspectos centrales y los más concretos que firmaron los presidentes son los apartados dedicados a «energía» y a la «integración física en infraestructura». Se propone enfrentar los desafíos energéticos «promoviendo la expansión de fuentes de energía renovables y promoviendo el intercambio de experiencias y transferencia de tecnología sobre programas nacionales de biocombustibles», entre otros, para permitir a «las economías más pequeñas y los países menos desarrollados alcanzar un acceso justo, equilibrado y constante a las diversas formas de energía».

Respecto de la infraestructura, se propone intensificar las obras para la conectividad y el transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, así como el transporte multimodal. Quien dice integración vía obras de infraestructura y biocombustibles, dice Brasil, país que lidera a la región en ambos rubros y es el primer productor mundial de etanol, a la par de Estados Unidos.

Pero el documento dedica un apartado a «desastres naturales», en el que llama a crear mecanismos para «dar una respuesta regional rápida, adecuada y coordinada a los mismos». También aquí puede verse la mano brasileña, escaldada doblemente luego de la anémica reacción de la OEA en Honduras y de la brutal intervención-invasión de la Cuarta Flota en Haití. Aunque la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe es aún una declaración de intenciones, que habrá de dar sus primeros y verdaderos pasos en las cumbres de Caracas (2011) y Chile (2012), cuando deberá dotarse de estatutos, el hecho de que se haya puesto en marcha es lo más significativo. Su creación debe leerse desde tres ángulos.

En el tiempo corto representa un freno al reposicionamiento de Estados Unidos en Colombia y Panamá con 11 bases militares, pero también en Honduras y Haití. Recordemos que cuando se produjo el ataque de Colombia a Ecuador, primero de marzo de 2008, con el bombardeo del campamento de Raúl Reyes, se aceleraron los tiempos que llevaron a la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y del Consejo de Defensa Suramericano. El segundo tema se relaciona con el tiempo largo: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe completa el largo ciclo de autonomización respecto del centro imperial. No es casual que los dos pasos se dieran en momentos de graves tensiones: guerras centroamericanas, hace 25 años; crisis económica y polarización mundial, ahora.

La tercera cuestión tiene carácter geopolítico. México y Centroamérica ya no estarán tironeados sólo desde el norte. El bloque regional tiene muchos problemas y contradicciones internas que lo harán caminar lentamente. Nada de eso le impidió tomar cuerpo desde comienzos de los años 80 del siglo pasado, en una situación de mucho mayor peso y presencia de Estados Unidos, luego ampliarse y, ahora, comenzar a consolidarse. El tiempo largo hace su trabajo; lenta, pero inexorablemente, pulveriza el tiempo corto.

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