Han pasado 34 años desde que el régimen fascista reinante en aquel momento truncara, con la ayuda de las armas, un movimiento ilusionante que, además de unas condiciones dignas de trabajo, luchaba y había depositado sus esperanzas en lograr un nuevo espacio de democracia y libertad. El 3 de marzo de 1976 la Policía Armada española, pistola y metralleta en mano, asesinó a cinco trabajadores e hirió a más de un centenar de diversa gravedad. En una criminal actuación, y tras gasear la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga, procedió a disolver a tiros una pacífica asamblea de obreros que reclamaban una mejor situación laboral y la vuelta de las libertades y la normalidad democrática. Esa normalidad había sido rota por el dictador Francisco Franco 40 años antes, al liderar un golpe militar contra la legitimidad de un Gobierno republicano, libre y democráticamente votado y establecido. Un golpe militar que propició la implantación de una feroz y brutal dictadura que reprimió y eliminó de manera sistemática a todas aquellas personas que por sus ideas, cultura, idioma, o condición diversa, supusieran un peligro y una amenaza contra los principios que implantaron en su denominado «Glorioso Movimiento Nacional».

Muerto Franco el 20 de noviembre de 1975, la dictadura no murió con él. Con objeto de mantener y perpetuar en el tiempo el régimen implantado, el dictador y su séquito se habían preocupado de dejarlo todo «atado y bien atado» para cuando él abandonara este mundo. En ese «atado y bien atado» no cabía ninguna posibilidad ni expectativa de apertura o de cambio. Por el contrario, sí estaba contemplada la manera de actuar contra todo lo que representara una amenaza para su perpetuación.

Lo sucedido el 3 de marzo de 1976 se enmarca precisamente en el peligro que suponía para los herederos del régimen permitir la prolongación de la movilización obrera iniciada en Gasteiz. No estaban dispuestos a tolerar el ejemplo a seguir que podía suponer en otros lugares la lucha de Gasteiz. Y actuaron al igual que lo hicieron en el 36, con las armas. Su tan estudiada y planificada estrategia para mantener los pilares del régimen no podía depender de unos cuantos obreros que, plenos de dignidad y ansiosos de libertad, pretendían la ruptura con un terrible y aciago pasado, para crear y forjar un futuro nuevo y prometedor.

Hoy en día, 34 años después, los familiares de los trabajadores asesinados y los afectados de aquella actuación criminal, reconocida por la propia Policía como una «masacre», seguimos reclamando Verdad, Justicia y Reparación, al tiempo que los responsables de aquellos hechos, tanto materiales como inductores, continúan disfrutando de la más completa impunidad. Unos sucesos que el Estado español encubre y se niega a juzgar, argumentando para ello la prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido y la aplicación de la ley de Amnistía del 77, aun a sabiendas de que los delitos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. En este sentido, son cada vez más numerosas las voces que catalogan las actuaciones asesinas del franquismo como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Así lo entiende, por ejemplo, Amnistía Internacional en su Informe del 18 de julio de 2005; también el propio Consejo de Europa, en su Declaración del mes de marzo de 2006, además de numerosas personas representativas y muy cualificadas que trabajan en el ámbito de la Justicia y en el tratamiento y la aplicación de los derechos humanos a los afectados por actos de represión.

Ni que decir tiene que nosotros, víctimas de una actuación terrorista impulsada desde un Gobierno que cien días antes presidía Franco, vamos a impulsar y promover las iniciativas que sean necesarias para poder plantear, con garantías, acciones judiciales en demanda de justicia. Es necesario juzgar al franquismo, y en esa labor es fundamental que todas y todos los represaliados y sus familiares nos comprometamos en la presentación a nivel individual o colectivo de las correspondientes demandas judiciales. Para ello nuestra asociación, integrada en la coordinadora Lau Haizetara Gogoan, pone a disposición de las personas interesadas los canales necesarios para que dichas demandas puedan realizarse con coherencia y unas mínimas garantías jurídicas y procesales. Con ello, y con el respaldo y apoyo de una sociedad cansada de impunidad y en exigencia de justicia, lograremos sentar en el banquillo a un régimen genocida y criminal como fue el liderado por el militar golpista Franco, y en el que algunos de sus más fieles partidarios y adeptos se mantienen, aún a día de hoy, ocupando puestos relevantes de poder. Alguno de ellos incluso presidiendo de forma honorífica partidos políticos que se dicen democráticos.

A pesar de los diversos reveses recibidos por la justicia, nuestro esfuerzo va a centrarse en esa dirección. Un primer paso por nuestra parte va a ser solicitar la revisión de la negativa a ser considerados como tales por la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Es incongruente y no alcanzamos a entender cómo, por un lado, se nos niega el amparo en esta ley argumentando que la actuación el 3 de marzo de 1976 de la Policía Armada no fue una actuación terrorista, muy al contrario, se trató de una actuación para recuperar el orden perdido tras una insurrección obrera, y por otro, nos admiten en la ley conocida como de la Memoria, por tratarse de unos hechos en los que los trabajadores asesinados lo fueron en la lucha por las libertades y la democracia. Ante esta manifiesta y clara contradicción, y más allá del trato desigual y discriminatorio que supone ser contemplados en una u otra ley, el Gobierno español tendrá que pronunciarse y dar una explicación coherente. O, llegado el caso, serán los tribunales de justicia o el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, en el que tenemos planteada una demanda pendiente de resolución, los que dictaminen.

Es evidente, y así queda de manifiesto una y otrar vez, la nula voluntad de las autoridades políticas del Estado español por esclarecer y enjuiciar flagrantes vulneraciones de derechos humanos como la matanza de Gasteiz. Por el contrario, tratan de ocultar, de silenciar y de dejar en el olvido, sin mostrar un sentido y verdadero reconocimiento a los afectados y afectadas por aquellos hechos. Son incapaces de pedir perdón y asumir la responsabilidad que, como Gobierno, les corresponde por la acción terrorista llevada a cabo contra el pueblo trabajador aquel 3 de marzo en Gasteiz, amparando con su postura a los responsables de la misma.

Contra el olvido y la impunidad, «Memoria y Justicia». Esa es nuestra labor y ahí estamos, compartiendo espacio y esfuerzos con otros colectivos memorialistas de Euskal Herria. Es esencial e imprescindible transmitir la historia en base a relatos veraces y ajustados a la realidad y corresponde a la comunidad educativa, a través de unidades didácticas debidamente consensuadas y elaboradas, la responsabilidad de dar a conocer en las aulas una historia que algunos quieren negarnos. Es inadmisible que sigan imperando versiones mentirosas y tergiversadas que, como en el caso del 3 de Marzo, tratan de justificar una actuación injustificable desde cualquier punto de vista. Si queremos construir y forjar un futuro sólido, éste deberá sustentarse en un conocimiento exacto del pasado. Por eso, a las nuevas generaciones les debemos una historia sin vacíos ni agujeros negros, con objetividad y total transparencia y veracidad.