El escenario turco se ha visto sacudido estas semanas tras la detención de un elevado número de militares acusados de conspirar y planificar atentados para lograr la desestabilización del país y el derrocamiento del gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Además del alto número de arrestados, llama también la atención la alta graduación de éstos, ya que hasta la fecha nunca habían sido detenidos militares con cargos tan importantes.

Algunos observadores locales se han apresurado a resaltar este movimiento del Gobierno presidido por Recep Tayyip Erdogan, señalando que éste puede ser el principio de una situación que ponga fin a la impunidad de los hasta ahora «intocables militares» turcos. Sin embargo, junto a la necesidad de finalizar con el tutelaje militar del sistema turco, las mismas fuentes señalan la posibilidad de que esa maniobra acabe también con el actual funcionamiento de la judicatura, de cuya independencia e imparcialidad hay serias dudas en Turquía.

No debemos olvidar que tanto la Constitución, como la mayor parte de las instituciones del Estado turco son fruto de un golpe militar, y su funcionamiento y engranaje obedece a los deseos de los golpistas. Al mismo tiempo, esa herencia es una pesada losa para los deseos de cambio que dice impulsar el AKP.

Turquía afronta un abanico de problemas. La inflación, los altos índices de deuda tanto pública como privada, la corrupción, las dudas sobre su viabilidad «democrática», el auge del islamismo político, la represión contra el pueblo kurdo y contra otras minorías, el reconocimiento del genocidio contra el pueblo armenio, las dificultades para integrarse en la Unión Europea... son algunos de los debates y retos a los que Turquía tiene que hacer frente desde hace algún tiempo.

Junto a todo ello, el AKP debe buscar la fórmula adecuada que acabe con el monopolio del poder por parte de los defensores del establishment (burocracia estatal, sectores políticos y sobre todo los militares).

Los dirigentes del AKP han señalado que su intención es lograr una economía competitiva y una política exterior más activa. Para ello, según sus principales ideólogos, debe aprovecharse la privilegiada situación geoestratégica del país, convirtiéndolo en un «nudo de interconexiones energéticas, comerciales, transporte y finanzas».

En ese contexto, la política exterior turca también juega un papel predominante. En este campo, es crucial el papel que desde hace tiempo ha desempeñado el actual ministro de Exteriores, Ahmet Davutoglu, quien ha defendido la privilegiada posición geográfica de Turquía (puente entre Asia y Europa), sus raíces musulmanas (clave para entender el papel turco en la comunidad musulmana del mundo) o su presencia en la OTAN, para hacer del Estado turco actual un poder regional.

La línea de actuación turca en ese sentido ha ido incrementando su peso en ese escenario regional. Su papel en Irak, el asesoramiento y entrenamiento del nuevo Ejército afgano, su situación como pieza central del proyecto de gaseoductos Nabucco, la actuación mediadora en conflictos como el de Bosnia, el de Israel y Siria, o el de Irán y EEUU, los recientes acuerdos con Siria (exención de visados) que pueden hacerse extensivo a Rusia en el futuro, o el acuerdo reciente con Armenia, son algunos ejemplos que refuerzan esa línea señalada.

Todavía, muchos dirigentes turcos siguen defendiendo su apuesta para lograr ser admitidos de pleno derecho en la UE, pero lo que es evidente es que, mientras algunas cancillerías europeas intentan obstaculizar y frenar esa adhesión, Ankara no pierde el tiempo y se postula como un claro poder emergente a escala regional, cuyo peso crece cada día, en evidente detrimento de la posición que los gobiernos europeos pueden tener en ese ámbito.

El llamado tema kurdo es otro de los asuntos que debe afrontar sin dilación el AKP si quiere llevar adelante su transformación. Cuando el pasado verano se sucedieron los movimientos en ambas partes (iniciativa gubernamental y propuesta de Abdullah Öcallan) parecía que se abría una puerta a la esperanza para solucionar ese conflicto. Sin embargo, las presiones de los poderes fácticos y la indecisión gubernamental a la hora de enfrentarse a ellos dieron al traste con la vía abierta.

Recientemente el Gobierno parece que ha reactivado su plan, y en ese sentido conviene resaltar dos movimientos: por un lado, ha enviado a todos sus cuadros y cargos públicos un documento explicando la postura y las intenciones del AKP en ese tema; por otra parte, ha invitado a destacadas figuras públicas para discutir la iniciativa, intentando que esos sectores apoyen el paso dado.

Desde el movimiento kurdo se han producido actuaciones recientes que pueden indicar que se abre una cierta ventana a la esperanza. En ese sentido, conviene resaltar las declaraciones de Öcallan distanciándose del nuevo partido kurdo, BDP, no tanto para desautorizarlo, sino para evitar que sufra una nueva ilegalización.

También es importante la propuesta pública del representante del PKK, Murat Karayilan, como base para un acuerdo de paz que inevitablemente requiere de la formulación de una nueva Constitución turca.

En esa coyuntura, el reciente comunicado de los Halcones para la Libertad de Kurdistán (TAK), amenazando con intensificar sus acciones militares contra los dirigentes e intereses turcos y acusando de pasividad al PKK, es otro dato que no conviene dejar pasar por alto.

En los próximos años asistiremos a importantes acontecimientos en Turquía, que serán aprovechados por los actores mencionados anteriormente para materializar sus proyectos. Las elecciones generales del año que viene o incluso los preparativos para el centenario de la República turca (2023) serán algunos de ellos.

Los analistas locales apuntan que nos encontraríamos en los albores de una transición muy profunda en el seno Turquía, que abriría las puertas a una nueva era, que algunos definen como «el paso del kemalismo a la democracia».