Si al juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional le interesara realmente la justicia y los posibles contubernios terroristas entre estados, ni siquiera tendría que haber prescindido de implicar a Venezuela para edificar, no una patraña jurídica y política, sino un auto real y necesario.

Antes de acusar al gobierno bolivariano de un supuesto plan para atentar contra Uribe, Pastrana y no sé cuántos más presidentes y ex dirigentes colombianos, con la complicidad de ETA y las FARC, y a la espera de que también aparezca Al Qaeda en el sumario, bien habría podido esclarecer, no el intento de asesinato sino el crimen de un matrimonio vasco ocurrido, precisamente, en Caracas, en noviembre de 1980 y cuando era presidente venezolano Herrera Campins y Adolfo Suárez ocupaba la presidencia española.

Joaquín Alonso Echeverría, de 31 años, y su esposa Esperanza Arana López, de 39, ambos de Eibar y residentes en Venezuela desde 1976, fueron ametrallados en el apartamento en que vivían por dos desconocidos. Echeverría presidía un comité de ayuda a los presos vascos.

Aquel doble asesinato nunca fue esclarecido, por más que todos los indicios apuntaban al terrorismo de estado que en ese tiempo hacía llamarse «Batallón Vasco-español» y que muy pronto asumiría el apellido del GAL.

Pero no, al juez Velasco más le importa investigar el crimen que nunca fue que el asesinato que sí hubo; la conspiración que no existe que la complicidad que sí se dio; las ilusorias consecuencias de una urdida patraña que los cadáveres de Echeverría y Arana que aún esperan justicia.