Cerca de tres semanas después de la entrada en vigor del alto el fuego en el norte de Yemen, queda lo más difícil por hacer, como el retorno de los 250.000 desplazados, la liberación de los prisioneros de guerra y el desarme de los insurgentes.

La retirada de los rebeldes de su feudo de Saada (a 240 kilómetros al norte de Sana'a) ha permitido que comience la vuelta a la normalidad en esta ciudad, declaró el gobernador de la provincia, Taha Hajr, subrayando la necesidad de acelerar el restablecimiento de la electricidad y del agua para facilitar el retorno a sus hogares de los desplazados.

Decenas de viviendas han sido destruidas en Saada, capital de la provincia del mismo nombre, así como en las aldeas de los alrededores, lo que complica su retorno, según testigos.

El gobernador, citado por la prensa, anunció que las escuelas iban a «volver a abrir sus puertas desde el sábado» en Saada, añadiendo que era necesario «inculcar a los alumnos los principios de fidelidad a la patria, moderación y rechazo del extremismo».

Según el Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados (HCR), el número de personas desplazadas por la guerra entre los rebeldes y el Ejército desde 2004 se eleva a 254.767 personas.

«El HCR trabaja para el retorno voluntario y seguro de los desplazados», señaló a France Presse una portavoz, Marie Marullaz, precisando que la ONU no animará a los civiles a regresar a sus hogares «antes de la puesta en marcha de las infraestructuras básicas y el desminado de las carreteras».

Añadió, citando una investigación rápida realizada tras el alto el fuego, que «el 61% de los desplazados no han decidido aún si volverán en las circunstancias actuales».

Los rebeldes se oponen al despliegue del Ejército en la provincia de Saada y quieren que únicamente haya fuerzas de Policía, lo que el Gobierno rechaza.