En una petición tan procesalmente impecable como inusual, el Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea se ha dirigido al Tribunal Supremo para pedir que la Audiencia Nacional española asuma la instrucción abierta contra el grupo armado Falange y Tradición. Tal y como señala esa petición, la investigación partió de la propia Audiencia Nacional y, una vez que existen pruebas fehacientes de los delitos y de su categoría penal, es una contradicción que este tribunal se quiera inhibir. Según señala la juez, «no nos hallamos ante delitos de daños, amenazas o coacciones aislados, sino cometidos por un grupo estable, organizado, con vocación de permanencia y jerarquía», lo que entra de lleno dentro de la definición de «terrorismo» dentro del sistema legal español. La juez considera además que «los actos llevados a cabo contienen la gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de población» y subraya que «todos los objetivos de los ataques se vinculan con la Ley de la Memoria Histórica o con partidos, personas o intereses relacionados con la izquierda abertzale». No parece que desde un punto de vista legal existan dudas sobre los hechos, su gravedad, su autoría, sus objetivos o sus motivaciones políticas.

Pero si tenemos en cuenta que los GAL, con 26 muertos, no fueron considerados «banda armada» por el Tribunal Supremo por no ser un grupo estable, no tener el armamento necesario ni producir la alarma social requerida para ser considerado tal, entenderemos que poco cabe esperar de ese tribunal. Asimismo, la noticia de la petición al TS español se conoció el mismo día en el que cuatro jóvenes de Barakaldo eran juzgados en la Audiencia Nacional acusados de quemar un cajero. La Fiscalía pide 33 años de cárcel. Y Eneko Olza, joven de Iruñea condenado a diez años por ese mismo delito, está agotando la pena de modo íntegro.

Esos son los hechos. Hacer explícita la moraleja sería insultar a la inteligencia de la ciudadanía. Para eso ya están los tribunales españoles.