En una petici�n tan procesalmente impecable como inusual, el Juzgado de Instrucci�n n�mero 3 de Iru�ea se ha dirigido al Tribunal Supremo para pedir que la Audiencia Nacional espa�ola asuma la instrucci�n abierta contra el grupo armado Falange y Tradici�n. Tal y como se�ala esa petici�n, la investigaci�n parti� de la propia Audiencia Nacional y, una vez que existen pruebas fehacientes de los delitos y de su categor�a penal, es una contradicci�n que este tribunal se quiera inhibir. Seg�n se�ala la juez, �no nos hallamos ante delitos de da�os, amenazas o coacciones aislados, sino cometidos por un grupo estable, organizado, con vocaci�n de permanencia y jerarqu�a�, lo que entra de lleno dentro de la definici�n de �terrorismo� dentro del sistema legal espa�ol. La juez considera adem�s que �los actos llevados a cabo contienen la gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de poblaci�n� y subraya que �todos los objetivos de los ataques se vinculan con la Ley de la Memoria Hist�rica o con partidos, personas o intereses relacionados con la izquierda abertzale�. No parece que desde un punto de vista legal existan dudas sobre los hechos, su gravedad, su autor�a, sus objetivos o sus motivaciones pol�ticas.

Pero si tenemos en cuenta que los GAL, con 26 muertos, no fueron considerados �banda armada� por el Tribunal Supremo por no ser un grupo estable, no tener el armamento necesario ni producir la alarma social requerida para ser considerado tal, entenderemos que poco cabe esperar de ese tribunal. Asimismo, la noticia de la petici�n al TS espa�ol se conoci� el mismo d�a en el que cuatro j�venes de Barakaldo eran juzgados en la Audiencia Nacional acusados de quemar un cajero. La Fiscal�a pide 33 a�os de c�rcel. Y Eneko Olza, joven de Iru�ea condenado a diez a�os por ese mismo delito, est� agotando la pena de modo �ntegro.

Esos son los hechos. Hacer expl�cita la moraleja ser�a insultar a la inteligencia de la ciudadan�a. Para eso ya est�n los tribunales espa�oles.