El Supremo deberá dilucidar a quién le corresponde juzgar a Falange y Tradición y, por tanto, si sus actos pueden considerarse «terrorismo». La juez navarra Paz Benito Osés ha decidido llevar la batalla competencial hasta al Alto Tribunal, después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazara el caso contra las tesis de su propia Fiscalía.

La juez Benito, en el escrito remitido al Tribunal Supremo, defiende que los delitos de Falange y Tradición deben encardinarse en el epígrafe de «terrorismo», puesto que detalla que estamos ante «una pluralidad de acciones violentas con clara intencionalidad subversiva, provinientes de un grupo extrema dere- cha, organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado».

A juicio de la magistrada de Iruñea, las acciones de Falange y Tradición no pueden ser entendidas como una cadena de hechos delictivos, sino como un todo con «gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de población». Benito recuerda el propio comunicado del grupo, en el que fijaba como objetivo de sus acciones «a los enemigos de la patria: el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió camino en septiebre del pasado año para que los neonazis fueran perseguidos en la Audiencia Nacional. A juicio del fiscal Zaragoza, que estos grupos pretendan alterar la paz pública, subvertir el orden constitucional y atemorizar a sectores de la población es motivo suficiente para procesarlos por el artículo 577 del Código Penal. Zaragoza nombró al fiscal Daniel Campos para el tema, pero éste no consiguió convencer al juez Moreno para que se hiciera cargo de la investigación. Actualmente, otro grupo de carácter neonazi está a la espera de ser juzgado en la Audiencia Nacional por un ataque contra una mezquita en Reus.

Por otra parte, el documento que la juez Benito ha remitido al Supremo desvela muchos de los detalles de la ``Operación Quimera'' que seguían ocultos. La Guardia Civil decidió darla por cerrada tras detener a cuatro navarros (Javier López Monreal, Fermín Domingo Turrillas, David Murillo y José Ignacio Irusta) y a un joven de Irun, Borja Pérez Illera.

El texto remarca que fue la Audiencia Nacional quien dio la orden de pinchar los teléfonos de los acusados, antes incluso de que saliera el comunicado de reivindicaciones con el que se dio a conocer el grupo. Estas escuchas cesaron dos semanas antes de la aparición del manifiesto. La Audiencia Nacional de- terminó el «sobreseimiento provisional» del caso el 8 de septiembre, a pesar de que agosto fue el mes con mayor actividad delictiva por parte de Falange y Tradición.

Irusta era el líder de la banda

En el texto remitido por la juez se detalla que José Ignacio Irusta era el líder de la organización, «quien marca los objetivos, las acciones a realizar, y es quien convoca a la gente para las actuaciones que se van a llevar a cabo». Irusta (que ha confesado ser el autor de todos los actos reivindicados) se encuentra en libertad bajo fianza, al igual que sus compañeros. Tres de ellos abonaron 10.000 euros y los dos más jóvenes, Fermín Domingo Turrillas y David Murillo, sólo 6.000. La Guardia Civil encontró en casa de Irusta una escopeta con su maletín, un rifle de cerrojo de 1954, una bayoneta, un sable y sprays de pintura.