Con toda seguridad el Parlamento de Gasteiz instará al consejero de Interior, Rodolfo Ares, a presentar una querella criminal contra quienes hace varias semanas denunciaron torturas infligidas por la Ertzaintza a los detenidos días antes por ese cuerpo judicial. Ésa es la petición de la proposición no de ley presentada por el PP y con la que coinciden en lo fundamental PSOE y UPyD. Quien tenga un mínimo de sensibilidad democrática entiende que cualquier ciudadano tiene derecho no sólo a denunciar lo que estime necesario y oportuno, sino además a que el objeto de su denuncia sea investigado. Ésa debería ser, en todo caso, la petición que los grupos parlamentarios deberían hacer al consejero de Interior. Cuando ocurre todo lo contrario, que quienes no deberían dejar margen a la duda al respecto de las torturas y malos tratos por parte de las fuerzas policiales criminalizan e instan a actuar contra los ciudadanos que alertan sobre graves vulneraciones de derechos, dicha sensibilidad democrática brilla por su ausencia. Intentar prohibir la denuncia supone dar luz verde a los malos tratos, toda vez que se garantiza que quienes los cometen gocen de impunidad. Toda una lección de democracia la que ofrecen al respecto PP, PSOE y UPyD. Claro que a esos grupos no parece preocupales la tortura, sino que su práctica quede en evidencia.