Mientras los jueces discuten sobre a quién compete juzgar a los cinco detenidos de Falange y Tradición, los afectados comienzan a organizarse y a articular sus denuncias. Los fiscales de Nafarroa y de la propia Audiencia Nacional ya se han pronunciado en favor de que la sala 2 del tribunal madrileño se haga cargo del caso. Ahora llega el turno de consolidar una acusación particular.

Hasta ahora, la batalla competencial abierta en los tribunales por el caso Falange y Tradición tiene dos protagonistas: la juez de Iruñea María Paz Benito (respaldada por las fiscalías de Iruñea y de la AN) y el magistrado madrileño de la sala segunda de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que se niega a hacerse cargo del caso. Benito defiende que estamos ante un «grupo organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado», por lo cual, debe ser juzgado en la Audiencia Nacional. Esta postura ha recibido el respaldo de la Fiscalía, y es compartida también por los ayuntamientos, particulares y asociaciones que presentaron sus denuncias, y que ahora valoran convertirse en acusación.

Koldo Pla, concejal de NaBai y presidente de la Asociación en favor de la memoria histórica Txinparta, valora de forma positiva la postura firme adoptada por la jueza de Iruñea María Paz Benito de que sean juzgados en Madrid. «No vamos a defender aquí las actuaciones de la Audiencia Nacional, pero qué menos que exigir un mínimo de igualdad de trato. El hecho de que la AN vaya a juzgar a unos neonazis de Reus parece un buen síntoma», afirma Pla, que tras recibir una carta amenazándole de muerte presentó una denuncia a título personal. «Al fin la cosa va en serio. La juez ha puesto de manifiesto que son un grupo y que tenían unas expectativas de amedrentar a un sector concreto de la población», sostiene el activista en favor de la memoria histórica.

Dani Burgos, de la asociación Zurgai de Iruñea, presentó una denuncia contra Falange y Tradición por pintadas en esa herriko justo antes de que la Guardia Civil detuviera a los cinco encausados. «Decidimos denunciar el ataque después de que estuviera reivindicado y por eso nuestra causa ya va directamente contra Falange y Tradición». Burgos está convencido de que «nos eligieron como objetivo después de que declaráramos por no retirar las fotos de los presos. Por eso trataron de atemorizarnos».

Karlos, trabajador del Ayuntamiento de Orkoien, quiere que la justicia actúe con firmeza porque «no estamos ante ninguna tontería». El coche que usó para el trabajo apareció una mañana de agosto con una pintada de «Mira debajo» y el yugo y las flechas. «Evidentemente, me agaché para mirar. Entre las ruedas había una lata. Eso da miedo a cualquiera». En ese mismo coche, también escribieron «Julio Kontuz», en una probable alusión a Julio Ariz. «En un mes, esa gente estaba ya en la calle y nosotros ni nos habíamos enterado», afirma Ariz. «Ahora nos topamos con que el caso se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere juzgar. Me parece significativo que una juez haya tenido que tomar medidas tan inhabituales como recurrir al Supremo. Éste no es un caso corriente».

Precisamente, ayer se dieron cita en el Ayuntamiento de Orkoien gran parte de los afectados para debatir cuál va a ser la mejor estrategia de los afectados, independientemente de quién sea el que juzgue a los cinco presuntos miembros de Falange y Tradición.

Por su parte, el Ayuntamiento de Arbizu se reiteró ayer en su intención de personarse como acusación particular si es necesario, como aprobaron en una moción. En la pared de la casa consistorial, gobernado por la izquierda abertzale, aparecieron pintadas con amenazas de muerte al alcalde y a otros tres ediles. Uno de los concejales se mostró esperanzado con los últimos datos conocidos y espera «que se pueda hacer algo».

Las coacciones a Sonia Polo

Una de las grandes damnificadas de la campaña delictiva de Falange y Tradición ha sido Sonia Polo, elegida txupinera en la Aste Nagusia de Bilbo del pasado año. Polo recibió una carta amenazante con una fotografía suya y una bala. Este hecho, lejos de motivar la solidaridad de toda la sociedad, fue el detonante de una campaña de acoso y desprestigio por parte de políticos y medios de comunicación encaminada a que renunciara a su nombramiento. Por ello, Polo presentó una denuncia, tanto por las amenazas de muerte y como por esta campaña de escarnio, ante el Juzgado número siete de Bilbo, que se inhibió en un primer momento en favor de el de Iruñea.

López trabaja en Santakara

El abogado de la txupinera, Iñigo Santxo, explica que «no nos oponemos a que Falange y Tradición sean juzgados por la Audiencia Nacional».

«No obstante, hemos presentado un recurso para que el caso no sea tramitado en Iruñea. Las amenazas son un delito de resultados y, por lo tanto, deben juzgarse aquí, en Bilbo», añade. Además, Santxo remarca que la denuncia presentada es más amplia, ya que va dirigida a las «personas que han tenido alguna participación en la campaña de coacciones dirigida contra la denunciante, cuyo máximo exponente tuvo lugar en el envío de una carta con una fotografía acompañada de una bala».

Uno de los cinco acusados, Javier López Monreal, ha vuelto al trabajo. Después de ser despedido como secretario del concejo de Xulapain, López Monreal ha vuelto a conseguir plaza en el Ayuntamiento de Santakara. El alcalde del municipio, Luis Daniel Ayabar, denunció ayer haberse visto «atado de manos» y sin posibilidad de impedir que López Monreal consiguiera la plaza. «Me enteré el mismo día del examen de quién era el candidato. Legalmente no se puede hacer nada. Consulté tanto a la administración local como a la Federación de Municipios y Concejos, y me dijeron que podría echarle, pero que me llevaría a juicio y que lo acabaría pagando el pueblo», explica el alcalde. López Monreal ha conseguido una plaza interina, en principio para seis meses, hasta que sea asignado un secretario para Santakara. No obstante, Ayabar espera «que nos dure poco» y advierte que «estamos con la mosca detrás de la oreja».