La respuesta sobre el futuro de las pensiones públicas se encuentra detallada en el libro de Attac, que ha sido escrito por los profesores Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa. Apuntan en él que el sistema público garantiza las pensiones y recuerdan que avanzar hacia una privatización es «ayudar el negocio de bancos y entidades financieras», valorando que por ese interés de la élite económica el sistema público se encuentra en peligro.

Desde que se ha reabierto el debate sobre una nueva reforma ha habido movimientos que permiten deducir que el Gobierno español se ha aliado con la élite económica para generar temor entre la población, lo que beneficia a las entidades financieras y los bancos, porque aumentarán los ingresos económicos derivados hacia planes privados de pensiones. En este camino, el Gabinete de Zapatero quiere elevar a 67 años la edad legal de jubilación y, entre otras cosas, ampliar el período de cálculo de las pensiones. Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, no fija el número de años pero admite que se trabaja con esa hipótesis, lo que provocará una reducción del 97% de las pensiones.

En su paso por Bilbo, el responsable confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, Carlos Bravo, manifestó el martes que el sistema público es viable, pero mostró un argumento inquietante, afirmando que «el acceso a la jubilación de generaciones más numerosas exige que tengamos que pagar más pensiones y durante más años».

Desde que en 1995 entró en funcionamiento el Pacto de Toledo, el patrimonio de los fondos de pensiones se ha multiplicado por ocho. La crisis les ha afectado. En 2008 perdieron casi 7.000 millones y, aunque en 2009 se ha recuperado parte de esa pérdida, el patrimonio se sitúa 1.053,7 millones por debajo de los 85.842,3 millones de 2007, que fue el récord absoluto de la actividad privada desde 1998.

Este hecho demuestra que jugarse la pensión en bolsa y en las inversiones que realicen las entidades financieras es asumir un grado elevado de riesgo.

El libro de Attac, elaborado por Navarro, Torres López y Garzón Espinosa, recuerda que el sistema público de pensiones es «viable» y «sólido». Explican que en 2009, en el año de la crisis, la Seguridad Social obtuvo un superávit de 8.500 millones y para 2010 están previstos otros casi 3.000 millones. Una parte de esa cantidad, no toda, pasa al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que acumula más de 62.000 millones, desde el año 2000. En el trabajo, Attac desvela que las predicciones económicas realizadas sobre la quiebra de la Seguridad Social o del sistema público de pensiones se realizaron «desde el desconocimiento» y desde «una intencionalidad de favorecer los fondos privados de pensiones». Todas las previsiones erraron.

De hecho, quienes pronosticaron ese fatal desenlace, se han encontrado que el Estado español gastaba en 1996 un 10,3% del PIB en costear las pensiones públicas, mientras que en 2007, según Eurostat, bajó al 9%. Es decir, se ha reducido, al contrario de lo que dicen los diferentes estudios, que desde Attac se rechazan por «interesados».