El tema de las pensiones de jubilación está que arde. Después de que el Gobierno del PSOE anunciara el retraso de la edad hasta los 67 años, vino el globo sonda del aumento de años a computar para el cálculo de la base reguladora. Ante la acuciante situación económica española, se trataba de difundir que se iban a adoptar medidas para sanear la situación, tranquilizando así a los socios comunitarios y al cotarro financiero internacional. Y para lograrlo, nada mejor que retrasar el inicio del pago e introducir un sistema de cálculo que, en grandes números, las reduzca. Empezar a pagar más tarde y además pagando menos.

Esta semana toca negar que se vaya a atrasar la edad hasta los 67. ¿Se trata de uno más de los episodios de afirmaciones/desmentidos a que últimamente nos tienen acostumbrados, llevándose la contraria unos ministros a otros? ¿Es que se han dado cuenta del coste electoral que la medida puede suponer, o es que están tan seguros de que perderán las elecciones que han decidido dejarle la patata caliente al PP? Estaría bueno que el siseante Rajoy consiguiera llegar a la Moncloa sin más mérito que confiar en el mal hacer de su oponente.

Pero aunque se aparque ahora, no hay duda de que la reforma a peor -claro- está ahí, amenazante. El argumento es siempre que los recursos son limitados y hay que evitar la quiebra del sistema, argumento falaz que choca frontalmente con el tema al que hoy quiero referirme: la discriminación que supone que los parlamentarios, que serán al fin quienes con sus votos aprueben el cambio del sistema, gocen de unas condiciones infinitamente más ventajosas que el resto de los ciudadanos. Los cargos públicos tienen exenta de tributación una gran parte de sus retribuciones, que perciben en forma de dietas; pueden compatibilizar el cobro de varias pensiones del erario público y acceder a la pensión máxima con siete años de cotización y hasta cobran indemnizaciones por cese.

La excusa para este trato de favor es que no tienen desempleo, pero esta prestación roza los 900 euros/mes durante dos años -unos 22.000 euros en total- si se han cotizado seis previamente, mientras que la pensión máxima anda por los 2.500 y es vitalicia. El presidente del Senado dice que son excepcionalidades, no privilegios. Pueden llamarlo como quieran, pero el trasfondo es diáfano: el tocomocho.

Recientemente estaba oyendo una tertulia en Radio Euskadi. Salió el tema de la jubilación de los políticos y un oyente llamó para afearles sus prerrogativas. Tanto el representante del PP como el del PNV saltaron como resortes para decir que eran como las de todos. Pero ocultaron que en 2002 aprobaron con el PSOE, y con la oposición de HB, el acceso a la pensión máxima con cuatro años de parlamentario. Cierto que el acuerdo se anuló poco después ante la indignación suscitada, pero alardear ahora de ser iguales que los demás, cuando votaron a favor de no serlo. es mucha jeta. ¿No les parece?