La jueza del Juzgado nº 2 de Lizarra, Esther Fernández, decidió ayer poner en busca y captura a dos jóvenes de la localidad por no acudir al tribunal para que la Guardia Civil les practique una prueba de ADN por su participación en una kalejira durante las fiestas del pueblo.

Otros dos jóvenes, que también estaban citados, sí que se presentaron en el juzgado. Sin embargo, sólo uno de ellos aceptó que se le practicara la intervención corporal. El otro volvió a negarse, como en anteriores ocasiones, alegando que esa resolución se encuentra recurrida y, finalmente, consiguió eludir las pruebas.

Se trata del último capítulo de la persecución judicial a la que se ha sometido a estos jóvenes. La jueza, desatendiendo los recursos presentados, está yendo más allá que cualquier otro tribunal del Estado. Su actuación, por otra parte, amenaza con sentar jurisprudencia sobre la práctica de la intervención forzosa y la toma de datos de ADN sin el consentimiento de los implicados. El juzgado, incluso ha llegado a barajar la posibilidad de atar a los acusados para tomarles las muestras de saliva si continúan negándose. Hasta ahora, ni siquiera la Audiencia Nacional se ha atrevido a ordenar esa situación extrema.

Los dos jóvenes que no atendieron ayer el requerimiento judicial valoraban a última hora de la tarde de ayer presentarse en los juzgados de Lizarra hoy por la mañana. Una vez allí, trtarían de ampararse en el último de los recursos para continuar con su campaña de desobediencia ante una decisión que consideran un «abuso» por parte de la magistrada y para tratar de realzar la arbitrariedad y la falta de rigor del proceso.

La orden de prestarse a la prueba que ha emitido el tribunal contiene varias faltas procesales. En primer lugar, se ha exigido prestarse al muestreo por su participación en una kalejira, cuando no consta en el procedimiento que la Guardia Civil haya aislado otras muestras de ADN para poder compararlas, de forma que pueda sustentar su acusación. Además de esto, la decisión de la juez atenta contra el derecho que tienen los acusados a no participar en acciones que ayuden a incriminarlos. Asimismo, los jóvenes denuncian que la verdadera intención de la Guardia Civil es incluir sus datos en los archivos para imputarles otros delitos o «inventarse nuevas acusaciones».