Los terrenos de Txupetxa en Lezama fueron vendidos por los familiares de la primera edil jeltzale, Alaitz Etxeandia, por un valor de más de 5 millones de euros cuando todavía estaban calificados como inundables. La resolución del juzgado de primera instancia de Bilbo, al que ha tenido acceso GARA, pone de manifiesto que seis familiares de la primera edil -entre ellos se encuentran el padre, una tía y varios primos- alcanzaron un acuerdo en febrero de 2007 con las promotoras Residencial Etxeondoa y Promociones Durocons para la compraventa de 3.090 metros cuadrados en Txupetxa.

En esas fechas, las Normas Subsidiarias de este municipio de Txorierri no habían sido modificadas y fue en octubre de ese mismo año cuando esas parcelas pasaron de inundables a suelo urbanizable tras el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento.

No es una actuación ilegal, pero deja en evidencia el interés particular que mueve a la primera edil jeltzale, que el 17 de febrero de 2010 adoptó un nuevo acuerdo en el pleno para impulsar la construcción de 52 viviendas -40 libres y 12 de protección pública- en esos terrenos.

NNSS anuladas

Las Normas Subsidiarias de Lezama se encuentran anuladas por una resolución de julio del año pasado del TSJPV. El Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo español. Por el momento, no ha habido ningún pronunciamiento y la anulación de las Normas Subisidiarias no ha sido ejecutada.

En noviembre del año pasado la plataforma Lezama Bizirik presentó en el TSJPV una petición para que fuera ejecutada la sentencia provisionalmente, ya que advirtieron que la alcaldesa convocó en julio a la Comisión de Hacienda tras conocer la anulación para que destinase una partida de 35.148 euros a «proyectos relativos a la unidad de Txupetxa», a pesar de la anulación de las Normas Subsidiarias.

El objetivo de la primera edil jeltzale es comenzar la construcción de las viviendas antes de que el Supremo se pronuncie. La «reparcelación y urbanización» de estos terrenos debe estar finalizado para 2011 y los pisos construidos para 2012. En caso de no cumplir los plazos, los promotores tienen la posibilidad de reclamar a los vendedores las cantidades adelantadas. Según consta en la resolución del juzgado de Bilbo de julio de 2009, en el que se especifica el nuevo acuerdo de compraventa alcanzado, los familiares de la alcaldesa han percibido por el momento más de 2 millones de euros.

Delito urbanístico

La alcaldesa de este municipio vizcaino se encuentra imputada junto con otros cuatro concejales jeltzales por un presunto delito urbanístico. En febrero de este año fueron citados a declarar en el juzgado de Bilbo por aprobar en julio de 2007 el proyecto de un centro cívico pese a la advertencia de la secretaria municipal que se incurría en una ilegalidad al haberse denegado el visado del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. La causa penal se inició después de que electos de la izquierda abertzale, que fueron ilegalizados, denunciasen el caso ante la Fiscalía.