En febrero de 1992, miles de ciudadanos de Yugoslavia que residían en Eslovenia dejaron de existir jurídicamente. Fueron los «borrados», eliminados de los registros al no haber solicitado la nacionalidad eslovena y que han esperado 18 años para que se abra la recuperación de sus derechos.

Ahora, una enmienda legislativa adoptada esta semana por el Parlamento de Ljubljana debería regular por fin la situación de miles de ciudadanos no eslovenos, en su mayoría bosnios, serbios, croatas y albaneses, cuya situación suponía el más grave caso de violación de derechos humanos en Eslovenia.

La nueva ley, impulsada por el Gobierno socialdemócrata, quiere ofrecer la residencia permanente a estos ciudadanos, que han recibido el anuncio con reservas.