La Policía Metropolitana de Londres, más conocida como Scotland Yard, detuvo ayer en Londres a Garikoitz Ibarluzea Murua, sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega y al que se acusa de haber participado en actos de kale borroka. Este joven, natural de Ibarra, fue apresado por agentes de la Unidad del Servicio de Extradición en el barrio del Soho, en pleno centro.

Fuentes policiales españolas avanzaron que este ciudadano vasco, de 29 años, pasará hoy a disposición judicial para que se ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 10 de diciembre de 2007 por un delito de «pertenencia a organización terrorista». Ibarluzea Murua ya fue detenido por la Guardia Civil en 2002 acusado de participar en actos de kale borroka en Gipuzkoa, entre 1999 y 2002, pero, según las fuentes citadas por la agencia Efe, se encontraba huido desde 2006, cuando no se presentó al juicio por estos hechos en la Audiencia Nacional.

En octubre de 2002, Ibarluzea Murua fue arrestado junto a otros siete jóvenes, y el juez del tribunal especial español Fernando Andreu, que estaba de guardia cuando se produjeron las detenciones, los envió a prisión provisional. Cuatro meses después, en febrero de 2003, el juez Guillermo Ruiz Polanco, instructor de la causa, los dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros al considerar que no existía riesgo de fuga.

Entre las acciones por las que Garikoitz Ibarluzea iba a ser juzgado cuando no se presentó a la vista oral, estaban su supuesta participación en el lanzamiento de artefactos incendiarios y piedras a la vivienda de dos concejales del PSOE en Ibarra en setiembre de 1999, y en 2000, cócteles molotov a la sede del ``Diario Vasco'' de Tolosa y a la estación de Renfe de esta localidad, así como al batzoki del PNV en Zizurkil.

Además, en enero de 2001, según la acusación de la Guardia Civil asumida por la Fiscalía, los ocho jóvenes intentaron destruir la sede de la Tesorería de la Seguridad Social de Tolosa y en noviembre de ese mismo año causaron desperfectos en el vehículo de un trabajador del Departamento de Interior del Ejecutivo de Lakua y en el de otras personas que estaban estacionados en la misma calle en Ibarra. También figura en la lista de acusaciones contra el ahora detenido por Scotland Yard en Londres el lanzamiento de artefactos incendiarios contra la oficina de correos de la localidad de Alegia y contra un autobús urbano en Tolosa, ambos ataques ocurridos en enero y mayo de 2002, respectivamente.

El entonces ministro español de Interior, Angel Acebes, informó de que entre los nueve detenidos figuraban «algunos de los más importantes responsables del terrorismo urbano en Gipuzkoa en los últimos años» y agregó que no se descartaba que mantuvieran contactos con miembros de los comandos operativos o dirigentes de ETA.

En octubre de 2006, la Audiencia Nacional condenó a los ocho jóvenes a penas de uno y dos años de cárcel después de que el fiscal -que inicialmente pedía entre 32 y 96 años de prisión para ellos- y las defensas de los acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad tras reconocer éstos los hechos.

Cooperación policial

El vecino de Ibarra permanecía ayer en dependencias de Scotland Yard hasta que hoy sea trasladado hasta la Corte de Magistrados de Westminster, que deberá tomar en consideración la petición de entrega por parte de las autoridades españolas.

La cooperación policial entre el Estado español y Gran Bretaña no es nueva. Hace casi tres años, en abril de 2007, tres ciudadanos vascos -Iñigo Albisu, Ana López Monge y Zigor Ruiz Jaso- fueron apresados en Sheffield, al norte de Inglaterra, en respuesta a tres órdenes europeas de arresto. A los detenidos se les acusaba de ser militantes de ETA, tras sucesivas vistas ante los tribunales fueron extraditados el 8 de enero de 2008.

Antes, en diciembre, el Tribunal Superior de Justicia británico vio el recurso de apelación para impedir la extradición al Estado español de los vascos. En agosto, un tribunal británico apoyó la demanda española, pero la decisión fue recurrida argumentando entre otras cosas que se debía valorar el riesgo de torturas.

La defensa argumentó su recurso denunciando que la acusación se basa en declaraciones obtenidas en régimen de incomunicación y bajo malos tratos. El abogado evidenció varias irregularidades de aquel caso.