Hay que rebobinar hasta el 15 de octubre de 1983. Joxean Lasa y Joxi Zabala son dos refugiados, como lo es Jon Anza. Aquel día van a emprender un viaje, como Anza. Pero nunca llegarán a su destino: una fiesta popular en el caso de los tolosarras, una cita con miembros de ETA en el del donostiarra.

En el caso de Anza también hay un Larretxea. Se llama Juan Mari Mujika, sufre un secuestro-express en Donapaleu, y a día de hoy ya está determinado algo que sólo era una suposición cuando el caso de Anza se empezó a investigar: los teléfonos móviles de los cuatro atacantes son españoles.

Como en 1983, en estos últimos años la presencia policial española en suelo francés se ha regularizado. A día de hoy se admite sin tapujo alguno que policías españoles y guardias civiles participan en redadas e interrogatorios, que disponen de decenas de casas secretas, y que pueden actuar armados tras las dos muertes de Capbreton.

Un detalle revelador puede ser el del pasado 10 de enero. Aquel día fueron detenidos Eider Uruburu e Iñaki Iribarren al acudir a un zulo cercano a Clermont-Ferrand. Según informaron medios españoles, se trataba de un depósito que había sido hallado en realidad cinco meses antes -durante los hallazgos de zulos en cascada del mes de agosto-. Las FSE decidieron ocultar el descubrimiento y vigilar el zulo. Lo hicieron durante cinco meses en un operativo que movilizó a decenas de agentes españoles, hasta que alguien acudió al lugar.

El mismo Ministerio del Interior español que se jacta de pisar los talones a ETA en el Estado francés asegura que no sabe nada de Anza, pese a haber hallado su huella cinco meses antes, en un zulo de cuyo hallazgo no hubo información oficial. Como el de Clermont-Ferrand.

El caso Zabaltza y el de Lasa-Zabala han tenido diferente desenlace en los juzgados. El primer sumario no ha llegado a juicio, pero el segundo fue juzgado y condenado. No se llegó a saber todo, pero sí lo sustancial.

Aquella condena se logró con los mismos ingredientes que hay ahora en el «caso Anza». Por un lado estaban los elementos materiales, bastante más débiles que los que ahora existen: sólo unos huesos que habían sobrevivido a la cal viva y mucho tiempo pasado -doce años- frente a los escasos once meses del caso de Anza. Los elementos humanos también son sorprendentemente idénticos: un empleado de la morgue, un comisario, un instructor judicial. Y además, un equipo médico.

Fueron éstos -y el gran trabajo de la acusación- los que sacaron adelante la verdad de Lasa y Zabala, por encima de las trabas de los dos gobiernos -Madrid otorgó el fajín de general a Galindo-. Actuaban con menos medios: la autopsia a unos simples huesos tenía muchas limitaciones, no había cámaras en las calles, ni móviles que permitan localizar a personas, ni registros informáticos, ni satélites, ni equipos policiales conjuntos regulares...

Pero hubo voluntad de llegar a la verdad, y fue suficiente. El empleado de la morgue y el comisario se implicaron -aunque a este último le costara la muerte con un infarto en la sala de vistas-, y el instructor tuvo en cuenta todos los indicios, incluidas las actuaciones parapoliciales españolas. Se llamaba Javier Gómez de Liaño, y seguro que lo tuvo más difícil que ahora Anne Kayanakis.