Falange y Tradición asumió además el ataque al caserío de Goikoetxea
El grupo fascista Falange y Tradición cometió actos con explosivos o artefactos inflamables. La Guardia Civil cree que se habían hecho con algún tipo de «explosivo convencional». En los registros, un perro del GEDEX señaló una caja que supuestamente lo contenía. Si atendemos a las declaraciones de un testigo, se desembarazaron de ellos tras un aviso. Y el sumario indica además que asumió el ataque al caserío de la familia Goikoetxea en Getxo.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Falange y Tradición no se conformó con amenazas y sabotajes. En el comunicado de su fundación, el grupo reivindica tres atentados con artefactos incendiaros o explosivos, entre los que destaca el intento de quemar el caserío de Zigor Goikoetxea en Getxo. El grupo neonazi se vanagloria de lo que denomina un «aviso de escarmiento en el caserío familiar del criminal separatista etarra Goicoechea en Guecho».
Los hechos se produjeron a plena luz del día el pasado 17 de julio, apenas una semana después de que los miembros de Falange y Tradición acudieran a unas piscinas propiedad del Ejército español en la que trataron de reclutar a nuevos miembros para su organización clandestina.
El baserri, propiedad de los padres de Goikoetxea, estaba vigilado por los falangistas. Zigor, hoy preso, salió de allí a las 14.00 horas. A eso de las 15.45, una vecina llamó a la familia alertada por las llamas y corrió hasta la entrada para apagar el fuego con un cubo de agua. La rapidez de su actuación evitó que el incendio, que ya había dañado la entrada y las sillas, se extendiera al resto del edificio.
El grupo neonazi, nacido en Nafarroa pero con ambición de extenderse a todo el Estado, reivindicó también atentados con este tipo de artefactos en la Ribera. En concreto, Falange y Tradición recurrió a estos métodos en sus ataques a la herriko de Tutera y al Gaztetxe de Arguedas. En ambos lugares los destrozos no fueron demasiado importantes. Por otra parte, Fer- mín Domingo Turrillas, uno de los cinco imputados, reconoció en sus declaraciones ante la policía que en la cena del 10 de julio había presentes «cuatro o cinco personas» de Tutera.
La Guardia Civil teme que el grupo se hubiera hecho ya con artefactos explosivos de mayor entidad. En las conversaciones intervenidas, los imputados se refieren a ellos como alubias. «No hay evidencias de que hayan podido conseguir armas, excepto alguna cantidad de alguna sustancia que ellos denominan en su argot alubias y que podría ser utilizada en alguna clase de artefacto explosivo o incendiario», relata el informe.
«De las alubias me encargo yo»
La suposición de la Guardia Civil cobró fuerza con el registro de la vivienda de David Murillo, en Barañain. Uno de los perros del GEDEX marcó una caja de madera señalando que había albergado «material explosivo convencional». Precisamente, en una de las comunicaciones en clave intervenidas, Murillo mantiene una conversación, vía mensaje de móvil, con el militar imputado, Borja Illera, sobre las alubias. «Oye golfo k mas dejau cn la duda d k hacer cn las alubias» escribe Illera. Murillo le responde «Na al final kn las alubias ya me encargo yo».
Este intercambio de mensajes se produce a mediados de agosto. A pesar de ello, la Audiencia Nacional determinó que las escuchas finalizaran a inicios de septiembre. En el cruce de mensajes, los dos imputados parecen querer deshacerse del material. Probablemente, sospe- chaban -o quizá sabían- que eran objeto investigación. O, al menos, es lo que se deduce de las declaraciones de uno de los testigos, Iker Erice.
«Había rumores de que la Guardia Civil estaba tras de ellos y que podría haber registros. Entre todos se aconsejaban deshacerse de los objetos que les pudieran relacionar», declaró Erice. A juicio de este joven, el supuesto líder de la banda, José Ignacio Irusta, estaba obsesionado con conseguir armas: «Le parecía que estamos en la Guerra Civil».
Armas cortas, blancas y largas
Irusta es una persona muy tradicional y religiosa. La policía le atribuye la inclusión del término «Tradición» en el nombre del grupo. Al parecer, se le conoce por los alias de Pater, el Barbas o Lefebvre, pues simpatiza con las tesis del obispo francés que se negó a abandonar las misas en latín, Marcel Lefebvre, excomulgado por Juan Pablo II y readmitido por Benedicto XVI. Resulta ilustrativo que, en el momento de su detención, Irusta lleve encima un rosario.
Esas profundas convicciones religiosas no supusieron un freno para Irusta en su determinación de tomar las armas. Al registrar su vivienda se encontran dos rifles, un Brno de 7mm y un K-98 NH, una bayoneta y diversa munición. Además, la Guardia Civil se incautó de un manual para el empleo de armas cortas.
Las declaraciones de otro de los testigos, el delegado de España 2000 en Nafarroa, Rogelio Taboada, apuntan en la misma dirección -a pesar de las evidentes contradicciones en las que incurre Taboada, como cuando asegura que no volvió a verle-. La transcripción policial reza así: «El Barbas le preguntó si tenía el teléfono de José Luis Roberto (líder de España 2000) porque quería saber tenía contactos para comprar armas».
«El libro» de López Monreal
Irusta contaba con un aliado muy particular a la hora de urdir los atentados, Javier López Monreal. En los interrogatorios siempre se habla de una lista en la que se incluye a familiares de presos y se remarca que contenía, además de nombres, coches y otros datos como teléfonos, etcétera. En las conversaciones intervenidas a López e Irusta, se menciona ese documento como «el libro». Probablemente, la Guardia Civil encontró el libro, o parte de él, en el domicilio de López Monreal. El registro incluye «unos folios donde se reflejan mediante tablas las consultas efectuadas a algún tipo de censo de datos de carácter personal». López Monreal ha trabajado como secretario en varios ayuntamientos o como Beire, Pitillas o Xulapain, lo que le dio acceso al catastro y a datos personales privados. En las diligencias se insinúa que pudo haberse aprovechado de su trabajo para elaborar listas de objetivos. Sin embargo, no se ha decretado ninguna inhabilitación. Es más, López Monreal ha vuelto al trabajo. Ha conseguido plaza de secretario en el Ayuntamiento de Santacara para seis meses, que probablemente se alargará hasta que salga a concurso una nueva plaza fija en la localidad.
Vecinos de Zangoza, donde la formación ultraderechista España 2000 pretende instalar su sede en Nafarroa, anunciaron ayer una concentración para el sábado. El objetivo de la misma es destapar la «careta de ilegalidad» tras la que se esconde España 2000. No obstante, el partido que dirige Rogelio Taboada intenta boicotear la marcha sumándose a la misma. España 2000 se aprovecha del lema genérico que tomará la protesta contra el fascismo y en favor de los valores democráticos. Por otra parte, Taboada ha denunciado ataques contra su coche y contra la sede que están construyendo en la localidad, por las que ha presentado una denuncia contra a dos de los miembros de la plataforma antifascista por amenazas y por asociación ilícita. Ambos podrían enfrentarse a penas de entre uno y tres años. Taboada ha dirigido sus denucias hacia la persona que propagó mediante correo electrónico la intención de España 2000 de construir su sede y la que solicitó una sala al Ayuntamiento para celebrar una asamblea en la que debatir el problema. Mientras, desde esta plataforma antifascita denuncian que el establecimiento de la sede (en un pueblo donde sólo una persona vota a esa formación) «sólo puede conllevar conflictos y problema». Asimismo, manifiestan que España 2000 «esconde una ideología de extrema derecha con carácter y actitudes neonazis de discurso xenófobo, homófobo y sexista». En Zangoza gobierna un grupo independiente de derechas, que integra a miembros de UPN, y con el que Rogelio Taboada colaboró como interventor. A.I.
A Irusta se le incautó un rosario cuando se encontraba en el cuartel de la Guardia Civil. Al parecer, simpatiza con del cisma de Lefebvre y participaba en misas en latín en Iruñea. Ahora se ha trasladado a Gasteiz donde firma semanalmente.
La Guadia Civil insinúa que López Monreal elaboraba víctimas de objetivos aprovechándose de su cargo como secretario. A pesar de ello, López Monreal ha vuelto al trabajo y ha asumido una plaza interina en Santacara.
«Falange y Tradición ha contado con una gran impunidad» y es «una parte más de la estrategia represiva del Estado contra Euskal Herria». Así lo denunciaron ayer en Iruñea varias personas en representación de los afectados por las acciones de este grupo ultraderechista.
Fran Balda, teniente de alcalde de Arbizu, y María Santos Santa Quiteria, ofrecieron una rueda de prensa junto a Josu Irazoki, alcalde de Bera, Daniel Burgos, del bar Zurgai, y Joseba Santa Quiteria, en la que contextualizaron los ataques de Falange y Tradición dentro de la situación política que viven Euskal Herria. Así, se mostraron convencidos de que «las fuerzas policiales dejaron hacer a estos elementos hasta que vieron que el tema se les podía ir de las manos y decidieron detenerles», y constataron que «en la investigación hay puntos oscuros que la Guardia Civil no quiere esclarecer».
Los afectados por dichos ataques recordaron que los gobiernos del PSOE y del PP han extendido un discurso entre la sociedad con el fin de «aislar, despreciar, ningunear y amedrentar a la izquierda abertzale», y añadieron que en Nafarroa «estamos bajo el yugo de UPN, herederos directos de la derecha más fascista, cuya obsesión es eliminar cualquier vestigio vasco de nuestra tierra».
«Éste es el caldo de cultivo del que grupos fascistas como Falange y Tradición se nutren. Ésta es la clase política dominante que da cobertura ideológica a los ataques que hemos sufrido. Falange y Tradición -añadieron- ha marcado como objetivos a aquellas personas que desde posiciones de izquierdas y abertzales luchan por cambiar la sociedad y traer el cambio político a Nafarroa, lo que, a nuestro entender, ya es de por sí bastante significativo. Hemos sido objetivos de FyT aquellas personas que al mismo tiempo somos objetivos de la represión del Estado por defender Euskal Herria y los derechos de su ciudadanía».
Frente a quienes sostienen que «la justicia es igual para todos» y que «el Estado de Derecho funciona», señalaron que con el caso de Falange y Tradición «ha quedado meridianamente claro que la aplicación de la ley no es igual para todos».
«Mientras el pasado verano vimos desfilar por la Audiencia Nacional a tabernaris, jóvenes o miembros de peñas por colocar fotos de personas presas -recordaron-, este mismo tribunal no ve indicios de delito terrorista en el hecho de que un grupo de fascistas trate de hacerse con armas y explosivos, tenga una lista de objetivos, amenace de muerte y provoque destrozos. Mientras a jóvenes de Euskal Herria en este mismo tribunal les solicitan penas de hasta 33 años por destrozos en un cajero, a los miembros de FyT ni tan siquiera se les quiere juzgar».
A juicio de los afectados por estos ataques fascistas, todo ello «demuestra una vez más, y con mayor claridad, que la Audiencia Nacional es un tribunal especial dirigido a perseguir a los vascos de izquierdas y abertzales».
Una de las conclusiones que sacaron de la actitud de la Audiencia Nacional es que «la justicia española utiliza dos varas de medir para aplicar la ley: una, la dura, la que se aplica a quienes no comparten su proyecto de `España una, grande y libre', y otra, la blanda, la que se aplica a quienes de modo servil hacen lo que sea necesario para mantener ese proyecto de la `indivisibilidad de España'».
Como ejemplos señalaron, entre otros, los casos de los autores de la muerte de Angel Berrueta, «que ya pisan la calle sin transcurrir seis años», del general Rodríguez Galindo y otros implicados en el GAL, del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán o de agresiones policiales como la sufrida por Mikel Iribarren, «cuyos autores nunca se identifican».
Tras solicitar «que se haga justicia con Euskal Herria y su ciudadanía» y que se respete el derecho de decisión y los derechos humanos, civiles y políticos, hicieron un llamamiento a las personas abertzales, progresistas y de izquierdas a «levantar un gran muro popular frente a estas agresiones que sufre nuestro país y avanzar de este modo en la consecución de un escenario democrático». Iñaki VIGOR
