El presidente de México, Felipe Calderón, tenía previsto visitar ayer, por tercera vez en lo que va de año, Ciudad Juárez, en plena conmoción por la muerte de más de medio centenar de personas en los últimos días en acciones vinculadas con el narco-tráfico entre ellas, y por vez primera, dos estadounidenses.

Diversos medios avanzaron que Calderón podría reunirse con el titular del consulado estadounidense, en el que trabajaba una de las tiroteadas.

El Gobierno de Washington no ha confirmado si los atentados fueron premeditados contra su personal. Pese a ello, EEUU ha enviado equipos del FBI, de la DEA y de otras agencias de seguridad para investigar esas muertes y para evaluar el nivel de seguridad para sus diplomáticos en la frontera.

El Departamento de Estado trató de desvincular la decisión de repatriar a los familiares de empleados diplomáticos estadounidense en seis ciudades del norte de México con los últimos sucesos, asegurando que se tomó la semana pasada.

Con todo, a nadie le escapa que la guerra abierta entre el Estado mexicano y el narcotráfico preocupa cada vez más al otro lado de la frontera.

Protestas de bienvenida

Las organizaciones civiles Asamblea de la Resistencia Popular en Ciudad Juárez y el Frente Plural Ciudadano convocaron a la población a una nueva Marcha por la Justicia y a repudiar la nueva visita presidencial. En la anterior, Calderón tuvo que oir duras críticas de los familiares de 15 jóvenes masacrados a los que el presidente no dudó en vincularlos directamente con el narcotráfico.

Diputados de la oposición criticaron que las políticas gubernamentales contra la delincuencia organizada han sido un fracaso y que la situación se ha salido de control en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque advirtieron que lo ocurrido con los empleados del consulado de EEUU en esa urbe fronteriza no debe ser pretexto para una injerencia de las agencias estadounidenses como la DEA. Por contra, legisladores de la mayoría del PAN ya hablan abiertamente de la necesidad de que EEUU se involucre directamente. «No puede México estar cargando con los muertos y los norteamericanos con el consumo y la exportación de armas. Esa ecuación se tiene que modificar».

63 personas han muerto en ataques y enfrentamientos desde el fin de semana.