Mikel Noval (ELA), Rafa Izquierdo (LAB), Josu Balmaseda (ESK), Manolo Sobrino (STEE-EILAS), Ainhoa Iturbe (EHNE) y Estitxu Ugarte (Hiru) exigieron ayer al Gobierno de Lakua que retire el borrador del decreto por el que se regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que sustituirá a la antigua Renta Básica.

Sobrino precisó que «existe una diferencia importante entre lo que decía la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y el borrador de decreto que la regula, ya que si bien la ley parecía referirse a una prestación universal y de derecho subjetivo, el borrador de decreto restringe considerablemente su cobertura».

El representante de STEE-EILAS afirmó que «esta táctica, también utilizada por el anterior Gobierno de Gasteiz, posibilita a la Administración limitar los derechos por la vía del decreto, sin tener que pasar por el Parlamento y obtener en él una mayoría, como ocurre en el caso de las leyes». Balmaseda, por su parte, dejó claro que la mayoría sindical vasca «denuncia los recortes que plantea el Gobierno vasco en la nueva renta de garantía de ingresos» y solicita «que reconsideren su puesta en marcha en esos términos».

Balmaseda destacó que «si no conseguimos que se pare, la gente más castigada por la crisis saldrá muy perjudicada». Denunció al Gobierno de Patxi López por utilizar la vía de decreto para «recortar derechos» y recordó que con la nueva redacción «si en una vivienda viven tres familias, sólo recibirán ayuda dos. La tercera está fuera del derecho». Limitará el complemento para los ingresos precarios a dos años y «a tres dependiendo de Lanbide».

Esto supondrá, a juicio del representante de ESK, que «la gente joven se le cierra la posibilidad de tener una vida digna».

La crisis está colapsando los servicios sociales, pero la nueva legislación obligará a «renovar los papeles cada dos años, con lo que será peor». Mikel Noval, de ELA, denunció que «los gastos sociales se reducen, pero no las ayudas a los empresarios, a la banca, al tren de alta velocidad y otros proyectos con el puerto de Pasaia».

Rafa Izquierdo, de LAB, expuso el «papel vergonzante» de los actores del diálogo social CCOO, UGT y Confebask, que en un dictamen del CES Vasco no se preocupan de lo alejadas que están las ayudas oficiales del umbral de la pobreza, sino de «si esas ayudas desincentivan la búsqueda de empleo».