Lakua deberá recurrir a un crédito puente de 600 millones de euros para poder hacer frente a los gastos corrientes, es decir, los pagos que genera cada mes el funcionamiento más elemental de los engranajes del Gobierno. Un préstamo al que se ve abocado, de un lado, por la falta de liquidez de su tesorería y, de otro, por el veto de Madrid al programa de endeudamiento de López para este año, que asciende a 2.050 millones de euros.

Por encima de los rifirrafes y peloteras que la situación ha propiciado -especialmente entre PSE y PNV- sobre la capacidad de gestión de unos y otros, el conflicto descorre de par en par el telón y deja ver el trasfondo real de la escena: la incapacidad del Ejecutivo de Lakua para decidir sobre su propio endeudamiento y las palmarias limitaciones a las que está sometida la tan cacareada autonomía económica de las instituciones vascas. Sobre todo, cuando quien las ocupa no es sino una perfectamente engrasada correa de transmisión de las decisiones que toma Zapatero. Decisiones que, dicho sea de paso, vetan el endeudamiento público precisamente cuando más falta hace: en plena crisis y con la demanda de atención social por las nubes.