Marimertxe Alcocer Gabaldón compareció ayer ante los medios de comunicación para informar de que la denuncia que presentó el 23 de junio de 2009 por las torturas, lesiones y amenazas graves que sufrió durante el periodo de su detención a manos de la Guardia Civil, del 10 al 13 de diciembre de 2008, ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid tras inhibirse una jueza en Getxo. El ex director de ``Egunkaria'', Martxelo Otamendi, que también denunció torturas durante su paso por las dependencias del instituto armado español, y el ex alcalde de Getxo, el jeltzale Iñaki Zarraoa, arroparon a esta vecina, con la que se solidarizaron.

Alcocer que tras su arresto permaneció en prisión hasta el 30 de marzo de 2009, confesó que su decisión de impulsar la denuncia siempre fue firme con el objetivo de acabar con la tortura y la incomunicación. Esta mujer aseguró que durante los tres días en que estuvo en manos de militares españoles se sintió totalmente humillada. «Tengo 58 años, soy ama y amama, pero como sucede cuando tienes un hijo, hasta que no lo vives no conoces su dimensión», subrayó, antes de reconocer las repercusiones negativas y el sufrimiento que ha padecido y padece aún.

El caso de Alcocer no sólo ha sido admitido a trámite por un juzgado madrileño, ya que Amnistía Internacional también investiga el caso. La víctima comentó ayer que, al parecer, su denuncia está supuestamente «bien documentada» y, además, dispone del aval que le otorgan algunos jueces a los informes médicos de los forenses de la Audiencia Nacional.

Tras agradecer las muestras de solidaridad con su lucha, con la que persigue «sed de paz y justicia», tuvo palabras de arrope para el sufrimiento que padecen los familiares de Jon Anza. «Lo que me hicieron, no se lo deseo ni a mi peor enemigo», incidió antes de insistir en la necesidad de acabar con el régimen de incomunicación, que dijeron los comparecientes da cobertura a la tortura.

Martxelo Otamendi, por su parte, aplaudió el paso adelante de Marimertxe Alcocer, animándola a seguir, y denunció que la práctica de la tortura es «estructural» en comisarías y dependencias policiales españolas, al disponer del beneplácito del Estado. «No hace falta más motivo para la denuncia que la propia experiencia», resaltó el periodista, al igual que la dimensión de los malos tratos sobre los detenidos, especialmente en Hego Euskal Herria con 7.000 torturados en los últimos 30 años.

A pesar de las dificultades para llevar estos casos a los tribunales, Otamendi se mostró satisfecho de que algunos médicos y jueces hagan lo posible para que estas prácticas desaparezcan, a pesar de que desde instancias como la Audiencia Nacional española «se les da cobertura». Además, incidió en que «habrá un día en este país en que se creará una Comisión de la Verdad y contra la Tortura», extremo éste en el que Zarraoa no ocultó su escepticismo.