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El Amejoramiento, algo más que una chapuza

En cualquier Estado o comunidad que se defina como democrática, las constituciones se tratan con muchísimo cuidado. Es lógico, se trata de textos que establecen consensos básicos y refrendados por la ciudadanía. No hay más que ver el temor con que los mandatarios españoles abordan cualquier eventual reforma de su Carta Magna. Pero esta regla salta por los aires en Euskal Herria, donde en 1978 no importó imponer una Constitución que no tenía mayoría popular y era fruto de un contexto posfranquista trampeado. En una parte del país, esa quiebra democrática trató de resolverse con un Estatuto de Gernika que a día de hoy aparece superado socialmente. Pero es en otra, en Nafarroa, donde la imposición alcanza su grado más evidente.

Después de casi tres décadas en que nunca ha sido sometido a referéndum, por si acaso, y en que este hecho ha sido glosado incluso como una peculiaridad propia positiva desde UPN, ayer se vivió un nuevo episodio clarificador. Si en 1982 los dos diputados abertzales navarros fueron excluidos del proceso de negociación con Madrid, ayer tres grupos tan diversos como CDN, IUN y Nafarroa Bai ni siquiera habían sido informados de en qué iba a consistir la «actualización» sellada por el ministro Chaves y el consejero Caballero. En el acto se conocía que cerca de 20 artículos han sido modificados de un plumazo, sin luz ni taquígrafos.

El alcance de la reforma -eminentemente técnica- quizás no sea preocupante, pero las formas empleadas dan la medida de la situación actual. Suponen la constatación de que en el esquema actual los gobiernos de Iruñea y Madrid se sienten con las manos libres para manipular hasta cosas tan aparentemente delicadas como su «constitución» para Nafarroa. Y para hacerlo a espaldas de la ciudadanía en general e incluso de sus representantes en un Parlamento del que la parte más crítica de la sociedad ya fue expulsada. Esta reforma es la prueba de un estatus impuesto, incluso chapuceramente. Y un acicate para empezar a construir otro marco -y otra constitución real y consensuada- partiendo precisamente de la voluntad popular hurtada.

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