El PP afirma que la corrupción es un «efecto» del pacto PNV-PSE en Araba
Los arrestos practicados el miércoles contra altos cargos del PNV en relación a supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias son, según el portavoz del PP en la CAV, Leopoldo Barreda, «consecuencia» del acuerdo firmado entre el PNV y el PSE tras las elecciones del 2007, que llevó al primero a gobernar la Diputación alavesa. El PNV no se pronunció al respecto, mientras que el PSE pidió respeto.
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Pese a que los arrestados quedaron en libertad con cargos y todavía no hay ni auto de procesamiento, las detenciones de varios altos cargos del PNV por supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias son, a los ojos del PP, «una consecuencia del pacto entre el PNV y el PSE» en Araba.
El portavoz de esta formación en la CAV, Leopoldo Barreda, resaltó ayer que, de haberse respetado «la lógica» de los resultados electorales, «esto no habría ocurrido» y denunció, por enésima vez, que sea la tercera fuerza política en número de votos la que esté gobernando la institución foral debido al pacto suscrito entre el PSE y el PNV.
En una entrevista radiofónica, Barreda subrayó que fue la formación jeltzale la primera en no defender la presunción de inocencia de los encausados, por lo que concluye que el PNV «se apresuró a desmarcarse y alejarse» de este asunto; «parece que alguien está queriendo aprovecharse de esta situación internamente», dejo caer el portavoz del PP.
Su compañero de filas y presidente en Gipuzkoa, Borja Semper, fue más allá y dedujo que, de confirmase las irregularidades, el partido de Iñigo Urkullu «estará pringado hasta las cachas», al no considerar «creíble» que el hombre fuerte del diputado general, en alusión a Alfredo de Miguel, «no contara nada a sus jefes».
Las declaraciones de los líderes del PP suscitaron desazón en al arco político, especialmente en el entorno del PSE. El secretario general de este partido en Araba, Txarli Prieto, se apresuró a pedir «un poquito de respeto» al PP, después de que su portavoz vinculara la presunta corrupción con el pacto PSE-PNV. Prieto subrayó, además, que los resultados electorales del 2007 «se respetaron y se siguen restando perfectamente».
El líder del PSE rechazó hacer «juicios paralelos» y apostó por «comportarse como un buen demócrata» y esperar a que sea la Justicia la que resuelva este asunto. «No creo que podamos ni debamos adelantarnos a la Justicia. Debemos confiar en ella, dejar que trabaje, no mezclar esto con otro tipo de consideraciones y de situaciones políticas», añadió.
Pese a ello, insistió en que los arrestos realizados el miércoles por la Ertzaintza han generado una «situación muy grave» y que, a su juicio, afecta «a la imagen política y al decoro de los cargos públicos». Rechazó que, estando todavía el caso en secreto de sumario, se puedan hacer reflexiones sobre la estabilidad de los gobiernos, la categoría de los acuerdos o las relaciones de las instituciones financieras, pero advirtió que, después de que actúe la Justicia y «si hay afectación a la política», «se tomarán las medidas políticamente necesarias».
Al igual que hiciera el viernes Iñigo Urkullu en su blog, Joseba Egibar tampoco entró a valorar ayer las acusaciones lanzadas contra su formación desde partidos y medios de comunicación.
Aralar considera «lógico y coherente» que el diputado general de Araba, Xabier Agirre, dé explicaciones en las Juntas Generales sobre el presunto caso de corrupción.
La dimisión forzada de Alfredo de Miguel como diputado de Administración Local fue valorada por el teniente de diputado general de Araba, Claudio Rodríguez, como «un gesto que le honra y le define como persona». En su opinión, la institución alavesa «ha hecho lo que tenía que hacer» tras destaparse la supuesta trama y en cuanto a la sustitución De Miguel en el cargo de diputado foral, apuntó que «lo normal y lo aconsejable es que se haga de inmediato», aunque rechazó conjeturar en torno a quién podría ser elegido para sustituirlo.
Pese a que se ha especulado sobre la posibilidad de que Aitor Telleria, otro de los imputados, abandonara la ejecutiva alavesa del PNV, las agencias de información aclaraban ayer que de momento Telleria no habría presentado su dimisión. Recordaban, sin embargo, que el PNV cuenta con un sistema de tribunales internos que podría proceder a analizar la suspensión de militancia de los implicados, pero sólo si existiese una sentencia firme en su contra.
En este sentido, el portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Egibar, señaló que los afiliados de su partido saben que ante una situación de este tipo «se van a tener que defender a ras de suelo, despojados de cargo de representación». Criticó que los imputados hayan sufrido «un juicio público, en el que ya se ha emitido la sentencia de culpables», y denunció que el principio de presunción de inocencia «ha sido pisoteado, destrozado». A su juicio, los ocho imputados están viviendo «una situación de absoluta indefensión», aunque también comentó que «por supuesto» cuentan con el apoyo del partido. GARA
