Nada más y nada menos que 300.000 es la cifra de afectados que han denunciado ante los tribunales de justicia y el Parlamento Europeo la Ley de Costas del Estado español aprobada en 1988. Entre ellos, ayer compareció en la Cámara de Estrasburgo Jon Iturribarria, propietario del único molino de mareas en funcionamiento en el litoral vasco, el Portu Errota, situado en el término vizcaino de Gautegiz Arteaga, en plena reserva de Urdaibai.

Desde hace tres generaciones, este edificio catalogado en su día como monumento por el Gobierno de Lakua, pertenece a su familia. Ahora, esa ley de 1988 pretende, denuncia él, declarar ilegal un inmueble que fue construido allá en 1683. Y eso es lo que trata de evitar desde hace casi quince años. Es más, tras los daños sufridos por el temporal de hace un año, sus propietarios están obligados a mantenerlo y así se lo reclama la institución competente, que en este caso es la Diputación vizcaina; sin embargo, el Gobierno español prohibe las obras de restauración en aplicación de la susodicha Ley de Costas. Europa es, ahora, una de las últimas esperanzas para los Iturribarria, pese a que su denuncia se encuentra en el Supremo.

En enero pasado, la diputada vizcaina de Cultura, Josune Ariztondo, se reunió con el dueño para recomendarle solicitar una moratoria del expediente para así poder lograr la declaración definitiva de monumento. De esta manera, la Diputación establecería una nueva orden de ejecución a la propiedad y el Ayuntamiento otorgaría la licencia para la necesaria reforma.

No es sino una traba más, la última, en la enconada batalla de esta familia contra el Estado. «Parece que la Administración actuante -el Ministerio de Medio Ambiente- tiene `especial querencia' en hacerse con la titularidad del molino-vivienda, toda vez que nos hemos visto forzados a acudir a los tribunales de justicia, llegando hasta el Tribunal Supremo, para defender este patrimonio y evitar una de las mayores promociones urbanísticas pretendidas por un importante grupo inmobiliario. Pero esta familia, defendiendo su molino, afortunadamente, ha evitado un desastre ecológico», defiende el perjudicado.

Con la aprobación definitiva del expediente de deslinde del dominio público marítimo terrestre, esta vivienda y finca privada, en virtud de la Ley de Costas pasó a ser de titularidad pública, sin derecho a indemnización económica alguna, tal y como ayer expuso Iturribarria. El recurso ante la Audiencia Nacional no dio sus frutos y hoy el asunto está en manos del Supremo.

Esta familia lo tiene claro. «El Estado está incautando el molino a sus legítimos propietarios. Es un ejemplo perfecto de cómo una mala Ley, con una aún peor aplicación, va a lograr la desaparición completa de esta joya del patrimonio etnográfico». Es más, va más allá y se pregunta: «¿Por qué en Urdaibai, existiendo varios molinos de mareas, únicamente Portu Errota es confiscado?», aludiendo a otros molinos, aunque en muy malas condiciones.

El Parlamento Europeo se posiciona

Su caso llegó ayer a Estrasburgo, donde, finalmente, el Parlamento Europeo anunció que enviará sendas cartas al Gobierno Zapatero y la Comisión Europea para que aclaren a las denuncias de hasta catorce peticionarios que se han dirigido a la Eurocámara tras ser expropiados en aplicación de esta Ley de costas, entre ellos Jon Iturribarria.

En la sesión de ayer intervinieron más de diez peticionarios que coincidieron en hablar de «arbitrariedad». La directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, por su parte, defendió en la Eurocámara que las compensaciones a los expropiados en aplicación de la ley eran «justas y equilibradas». Hasta dieciocho eurodiputados quisieron intervenir en el debate para pedir que la comisión de peticiones no cerrase este expediente y reclamase nueva información a Madrid. Tan sólo el eurodiputado del PSOE Miguel Ángel Martínez, defendiendo la «constitucionalidad de la ley», se pronunció en contra.

Lo que los damnificados buscaban es un pronunciamiento de la Eurocámara, en línea con lo recogido por el Informe Auken (2009), que insta a las autoridades españolas a que «revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas, a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente».

Molinos que ya no quedan

Se entiende por molinos de marea, mare-errotak o itxas-errotak, a los molinos que usan del agua de mar en las pleamares, como fuerza motriz para su accionamiento. Estos molinos aprovechaban los desniveles de la marea para hacer su trabajo de molienda. Debieron de existir en toda la costa atlántica, pues los hay franceses, gallegos, portugueses y vascos. En Bizkaia llegaron a existir una docena, de ellos tres en la ría de Gernika. En Gipuzkoa hubo, que se sepa, siete, y en Lapurdi hasta cuatro. El de Portu Errota es el único que pervive, gracias al mantenimiento altruista de sus inquilinos.

Ozollo o Portu Errota se construyó en torno a 1683, fecha del contrato entre Juan de Echevarría y Martín Ozamiz con los señores de la casa-fuerte de Arteaga. Hasta el año 1851 hubo dos arrendatarios como molineros; en 1965, la familia de Jon Iturribarria se convirtió en propietaria del molino.

Actualmente, el molino se encuentra en perfectas condiciones de uso. «El juego de piedras con las que molemos está preparado para labarto, maíz. Porque aunque parezca increíble, hoy en día se puede conseguir labarto. Nosotros lo adquirimos en un molino en Olabarri, en Rigoitia», comenta Iturribarria. Curiosamente, en el terreno adjunto donde ancestralmente se cultivaba el maíz, ahora está prohibido hacerlo. «Total, que un molinero como yo no puedo en mi propio terreno ni siquiera plantar el maíz para moler... me lo obligan a comprar. ¡Increíble!».