Las reformas de la legislación electoral que el Gobierno español presentó ayer dicen ser «un mensaje de firmeza al entorno de ETA» en un «momento importante» de la izquierda abertzale, según acabó confesando ayer el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero propone facilitar la prohibición de candidaturas hasta el último día de campaña y posibilitar que se pueda desposeer de sus cargos a los representantes institucionales cuyas formaciones fueran después ilegalizadas. Cree que de esta forma se hace más amenazante la disyuntiva de Rubalcaba de «bombas o votos».

Asegura el ministro de Interior que «estos cambios no son ajenos a la lucha antiterrorista». Y «el mensaje al entorno de ETA que está debatiendo fórmulas para estar en las elecciones es que sólo tienen dos posibilidades: romper drástica y fehacientemente con ETA o convencer a ETA de que deje unilateralmente la violencia».

En este contexto, Rubalcaba mostró su pesar por las recientes declaraciones del eurodiputado Jaime Mayor Oreja. Según explicó, lo más grave no es que lo dicho por el líder del PP «es falso», sino que «introduce dudas en una política que tiene que ser firme», sobre todo cuando «no estamos en un momento cualquiera de la lucha antiterrorista».

Le reprochó que «alguien que fue ministro de Interior» como Mayor Oreja y que «esta mañana [por ayer] ha vuelto a reiterar» sus acusaciones, «dude» de la actitud contra ETA cuando «a través de palabras y modificaciones legales» se está mandando un mensaje de firmeza al entorno de ETA.

En este sentido, es también definitoria la declaración realizada por el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, cuya lectura de las reformas legales planteadas es que sirven para «acallar voces malintencionadas como la del ex ministro Mayor Oreja» y dejan «claro el compromiso del Gobierno de España con la firmeza en la lucha contra ETA».

Perfeccionamiento de la ley

El ministro de Interior dejó claro que el PP ha estado en todo momento informado de los trabajos que estaba realizando el Gobierno español y del sentido en el que iban, aunque no le había trasmitido la literalidad de las reformas planteadas porque consideraba que primero debía de conocerlas el Consejo de Ministros.

Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que distintos ministerios venían trabajando desde hace casi un año en estas reformas. Recordó que la Ley de Partidos y la Ley Electoral se reformaron en 2002 «para que no hubiera en las instituciones democráticas ningún partido que apoyara a ETA o se apoyara en ETA». En este tiempo, «se ha ido acumulando experiencia y jurisprudencia», con las sentencias que han ido dictando el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo. Y también se han observado carencias, algunas de ellas mostradas por los propios tribunales españoles, que en ningún caso supusieron -dicho sea de paso- que no las pudieran superar los mismos magistrados haciendo interpretaciones extensivas e imaginativas de la ley.

Por lo tanto, de lo que se trata con esta reforma es de ajustar los desajustes observados o, en palabras del propio ministro, de «mejorar», de «ser más eficaces», de perfeccionar la ley.

Legalizar lo que ya se hacía

Explicó Pérez Rubalcaba que cuando se endureció la Ley de Partidos se introdujeron cambios en la ley electoral para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pudieran recurrir por vía de lo «contencioso electoral» contra las agrupaciones de electores que consideraran que pretendían dar continuidad a par- tidos ilegalizados.

Sin embargo, reconoció el ministro que entonces no se había contemplado expresamente la posibilidad de impugnar partidos, federaciones, coaliciones o candidaturas sueltas que tuvieran la misma pretensión. Nada de esto evitó, en cualquier caso, que los tribunales españoles acabaran ejerciendo por la vía del hecho lo que no aparecía escrito en derecho, pero habían recomendado en sus sentencias que se incluyera en la ley.

Y eso es lo que se hace ahora. Legalizar la posibilidad de recurrir en el contencioso-electoral la presentación de partidos, coaliciones o candidaturas sueltas.

Cabe recordar que en las pasadas elecciones municipales y forales la Fiscalía y la Abogacía del Estado propusieron y consiguieron ilegalizar candidaturas de ANV en algunas circunscripciones y en otras no.

Amenaza a EA

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de visita en Donostia, añadió que la Fiscalía propuso al Gobierno la reforma de la Ley Electoral para incluir la posibilidad de impugnar una lista de un partido legal si se constata que de ella forma parte alguna persona vinculada a un partido ilegalizado.

Se evitaría así, según señaló, la presencia de candidatos de la izquierda abertzale que no condenen a ETA en las listas de formaciones legales, como han especulado que podría ocurrir en el caso de Eusko Alkartasuna.

También al ministro de Interior le preguntaron expresamente por EA. Primero dijo no querer entrar en hipótesis de futuro y menos aún tratándose de un partido legal. Pero a renglón seguido puso el ejemplo de lo ocurrido con ANV, también un partido legal, al que primero le prohibieron unas candidaturas y luego acabaron ilegalizándolo.

En cualquier momento

Otra de las deficiencias encontradas por el Gobierno en la legislación es la imposibilidad de «impugnar candidaturas cuya condición fraudulenta se ponga de manifiesto una vez comenzada la campaña electoral».

Para solucionar esto, lo que el Gobierno propone es que se pueda impugnar una candidatura durante la primera semana de campaña, de forma que la resolución del Tribunal Supremo y el previsible recurso ante el Constitucional lleguen antes del último día de campaña.

El recurso se plantearía teniendo en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión.

Preguntado por los periodistas, Pérez Rubalcaba habló de que dichos elementos podrían obtenerse por investigaciones policiales, manifestaciones públicas reiteradas de los candidatos o declaraciones de miembros de partidos ilegalizados.

Incompatibilidad sobrevenida

Otro de los puntos a «perfeccionar» sería el de la continuidad en sus cargos institucionales de personas elegidas por un partido que luego es ilegalizado. Según el ministro de Interior, «esto produce perplejidad en la ciudadanía».

Señaló que es una materia en la que han trabajado mucho, puesto que tiene problemas jurídicos importantes. Y lo que se han inventado es la figura de la «incompatibilidad sobrevenida». Quiso Rubalcaba explicarlo con un ejemplo. Un magistrado no puede presentarse a las elecciones, pues pertenecer a la judicatura es motivo de ilegibilidad. Si siendo diputado o con- cejal obtiene el puesto de magistrado, debe optar entre ser diputado o magistrado.

Pues eso es lo que pretenden aplicar en esta materia. Según dijo textualmente el ministro, «cualquier miembro de un partido ilegalizado es inelegible». Luego, si después de ser elegido se ilegaliza el partido puede hacer dos cosas: «O renuncia a los principios que llevaron al partido a la ilegalización o renuncia a su acta como concejal, parlamentario o diputado».

En la reforma legal, esto se recoge señalando que el afectado tiene quince días para dejar el cargo, «salvo que formule una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo respecto a las causas determinantes de la declaración de ilega- lidad del partido, federación o coalición en cuya candidatura hubiera resultado electo».

Sustitución de concejales

Por último, la reforma propuesta por el Gobierno recoge también el caso de 26 municipios vascos que están sin gobierno municipal, según el Ministerio porque nadie ha cubierto los casos de fallecimiento, renuncia o incapacidad de un concejal «por el clima de violencia y coacción imperante».

La ley preveía que cuando nadie de la lista electoral quisiera cubrir el puesto se recurriera a cualquier ciudadano mayor de edad. Como esto tampoco ha resultado efectivo, se prevé que estos municipios pasen a ser gestionados por la Diputación Foral de su territorio.

Tramitación a cargo del PSOE

Llamativamente, esta reforma legal no será llevada por el Gobierno al Parlamento, sino que la hará llegar el PSOE a la Subcomisión del Congreso que en estos momentos está debatiendo ya diversos cambios en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Rubalcaba explicó que ayer iba a contactar con todos los grupos parlamentarios para trasmitirles el texto y las explicaciones pertinentes.

Adelantándose a algunas de las críticas que ya preveía, señaló que ni la Ley de Partidos ni este endurecimiento de la legislación electoral persiguen ideas, y se apoyó para ello en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, como pudo verse durante la tarde, su argumentación no convenció a los partidos y sindicatos contrarios a las ilegalizaciones.