Iberdrola ha pedido al Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia nueve meses de cárcel y 18.000 euros de multa para cada uno de los diez activistas de Greenpeace que protagonizaron una acción de protesta contra las emisiones de CO2 colgándose de la chimenea de la central términa de Pasaia en marzo de 2007. El director de Greenpeace, Juantxo López de Uralde, por su parte, destacó que a través de esta acción «pacífica», en la que los activistas desplegaron diversas pancartas y escribieron el mensaje «Stop CO2» en la chimenea de la planta de Iberdrola, se reclamó el cierre de la térmica por su «ilegalidad y sus elevadas emisiones de CO2».

Iberdrola considera que estos hechos son constitutivos de «un delito de usurpación de bien inmuelbe», de un delito de «coacciones» y de otro de «desobediencia grave a los agentes de la autoridad», así como de una falta de «deslucimiento de bien inmueble».

Por todo ello pide para cada activista nueve meses de cárcel, nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad y 18.000 euros de multa, que suman un total de 180.000 euros.

López de Uralde señala que la Fiscalía en su momento y ahora Iberdola «imitan a las autoridades danesas en la persecución de Greenpeace» y recuerda que «lo realmente ilegal es la propia central térmica de Pasaia». En este sentido, se compromete a hacer «todo lo posible» para que en el juicio «quede claro que los delincuentes son los contaminadores y no los que los denuncian».

Asimismo, señaló que la protesta del 2007 se llevó a cabo tras dos años de «peticiones infructuosas de cierre» de la central de Iberdrola a las administraciones competentes.