La detención de cuatro empresarios a comienzos de semana en Azkoitia, acusados de dirigir un negocio que utilizaban para introducir a ciudadanos marroquíes de forma ilegal en el Estado español, ha destapado un grave caso de explotación laboral. Con el fin de conseguir los papeles necesarios para legalizar su situación en territorio del Estado español, los marroquíes eran contratados por la empresa en cuestión. Pero para acceder a estos contratos, pagaban cantidades cercanas a los 12.000 euros y, además, se veían en la obligación de trabajar al menos seis meses sin por ello percibir remuneración alguna. Los empresarios arrestados habrían obtenido ingresos directos (sin contar los derivados de la mano de obra gratis) por un valor cercano a los 600.000 euros.

Salvando las distancias, estos hechos hacen recordar tiempos pretéritos en los que millones de seres humanos, en virtud de su raza y procedencia, eran considerados mera mercancía con la que otros seres humanos, «civilizados», comerciaban en un muy lucrativo negocio. Entonces, la esclavitud era legal. Hoy quizá no, pero las políticas de inmigración y la voracidad de la patronal hacen que resultado siga siendo el mismo.