Cumbre de jefes de estado y gobierno europeos
Los estados europeos no asumen los objetivos sobre educación y pobreza
Los Estados de la Unión Europea han optado por aplazar a junio la definición de los objetivos en materia de educación y lucha contra la pobreza, dos ámbitos en los que algunos cuestionan incluso la competencia y la legitimidad de la UE para legislar. El Consejo Europeo que concluyó ayer sí confirmó los objetivos de aumentar la tasa de empleo de los ciudadanos de 20 a 64 años al 75% en 2020 y sobre inversión en I+D, que sustituyen a la fracasada agenda de Lisboa.
GARA | BRUSELAS
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE no lograron ayer un acuerdo sobre los objetivos de la nueva estrategia económica de la UE para los próximos diez años, una de las prioridades de la presidencia española y objetivo principal de la cumbre que concluyó ayer en Bruselas. Los Veintisiete aparcaron hasta el mes de junio la definición de dos de los cinco indicadores propuestos por la Comisión Europea: el referido a la mejora de la educación y el de la reducción de la pobreza.
El nuevo plan económico, que debe sustituir a la fallida estrategia de Lisboa, busca recuperar un crecimiento anual del 2% del PIB tras el desplome provocado por la crisis económica y financiera, que ha reducido el potencial a menos del 1%.
En el año 2000, en un momento de euforia, los quince socios de entonces se fijaron el ilusorio objetivo de convertirse en 2010 en «la economía más competitiva y tecnológica del mundo», con pleno empleo y un alto nivel de protección medioambiental. La realidad no puede ser más decepcionante al cumplirse el plazo de lo que tenía que haber sido una década prodigiosa.
«Nos encontramos frente a niveles excesivos de endeudamiento, lento crecimiento estructural y elevado desempleo», lamenta el documento final de la cumbre. Además, Europa hace frente a la primera grave crisis de su unión monetaria, localizada, de momento, en Grecia.
La Comisión había propuesto cinco objetivos prioritarios para sustituir a la estrategia de Lisboa. En primer lugar, aumentar la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años del actual 69% al 75% en 2020. Los líderes europeos aprobaron este objetivo y resaltaron que se deberá lograr con «una mayor participación de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de mayor edad, y mejorando la integración de los migrantes legales».
Un 3% del PIB para I+D
Los Veintisiete aprobaron también el segundo objetivo propuesto por Bruselas: incrementar el nivel de inversión en I+D hasta el 3% del PIB en 2020, una meta que ya figuraba en la estrategia de Lisboa y que no se ha logrado. Los líderes europeos piden además al Ejecutivo comunitario que elabore «un indicador que refleje la intensidad de la I+D y de la innovación».
La nueva estrategia económica de la UE incluirá en tercer lugar los objetivos ya acordados de lucha contra el cambio climático: reducción de las emisiones del 20%, ahorro energético del 20% y cuota de renovables del 20%. Sin embargo, los acuerdos acaban al llegar a los objetivos de la Educación y lucha contra la pobreza.
Los líderes europeos están de acuerdo en que la cuarta de las prioridades del plan 2020 debe ser mejorar los niveles de educación, pero no respaldaron la propuesta de Bruselas, que pedía reducir la tasa de abandono escolar del 15% de media actual a menos del 10% de aquí a 2020, y en aumentar la cuota de población entre 30 y 34 años que ha completado la educación terciaria (tanto universitaria como no universitaria) del 31% al 40%.
Las presiones de Alemania, que alegó que necesita más tiempo para discutir con sus estados federados, hicieron aplazar a junio este asunto.
También se quedó sin acuerdo el indicador más novedoso que proponía la Comisión y que fue el que generó más rechazo entre los Estados miembros, el que tiene que ver con la lucha contra la pobreza. El Ejecutivo comunitario quería que en los próximos años el número de personas que viven en la UE por debajo del umbral de la pobreza se reduzca en 20 millones, un 25% del total actual.
Los líderes europeos no asumen este objetivo y señalaron que «es necesario seguir trabajando sobre el indicador apropiado». Algunos líderes consideran que la lucha contra la pobreza es competencia estatal y no de la UE y otros creen que no existen estadísticas armonizadas para medirla. El Consejo Europeo volverá a estudiar esta cuestión en su sesión de junio.
La falta de acuerdo amenaza con retrasar el objetivo de la presidencia española de aprobar la nueva estrategia en junio incluyendo ya los objetivos que establecerá cada Estado miembro a partir de los indicadores comunes teniendo en cuenta sus respectivas posiciones de partida y sus circunstancias.
Sin sanciones
Pese a que el fracaso de Lisboa se atribuye a la falta de mecanismos para forzar su cumplimiento, los Veintisiete tampoco aprobaron sanciones para los países que no respeten los objetivos económicos, tal y como había sugerido el presidente de turno, José Luis Rodríguez Zapatero.
No obstante, sí que se reforzarán los mecanismos de cooperación económica entre los Estados miembros. Para ello, Bruselas enviará recomendaciones a los países incumplidores e incluso advertencias políticas para que modifiquen su política económica como se ha hecho con Grecia. La idea esencial del Consejo Europeo era la de la «unión para una gobernanza económica de los Veintisiete».
A propuesta del presidente permanente de la UE, Herman Van Rompuy, los gobernantes abordaron por primera vez las diferencias de competitividad dentro del bloque, una cuestión que anuncia debates acalorados. En palabras de Van Rompuy, la estrategia «Europa 2020» no es sino el intento de sentar las bases de «una economía fuerte que tenga en cuenta exigencias medioambientales y sociales».
El Consejo se aleja de la noción de «gobierno económico». Este concepto aparece en la versión francesa del texto, pero en la inglesa se habla de reforzar la «gobernanza económica», un término menos fuerte. La traducción asimétrica fue atribuida por Van Rompuy a una «diferente sensibilidad».
REAcciones
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, afirmó ayer que el Estado francés y Alemania están listas para impulsar un debate sobre la reforma del procedimiento contra aquellos estados miembros que incumplan el Pacto de Estabilidad, que fija las reglas de disciplina presupuestaria.
Ambos países, que hace seis años incurrieron en reiterados incumplimientos del Pacto, pero se beneficiaron de la flexibilidad en su interpretación, dicen ahora que el actual sistema de sanciones contra los que incumplan la obligación de mantener presupuestos equilibrados «no está adaptado» a la situación actual. Aunque Sarkozy admitió que no todos los estados miembros están de acuerdo sobre el contenido de la reforma, mostró su intención de impulsar junto a la canciller alemana, Angela Merkel, un debate para «estudiar sin `a prioris' sanciones más adaptadas para los países que no cumplan las reglas».
El sistema actual sólo contempla multas para los países que incumplan la obligación de eliminar los déficit excesivos, algo que «no mejora la situación», destacó el presidente francés. París y Berlín «no excluyen ninguna posibilidad» para la revisión del procedimiento, y elaborarán una propuesta conjunta destinada a ello. A raíz de la crisis presupuestaria en Grecia, la canciller Merkel ha llegado a sugerir la posibilidad de que se expulse a un país de la unión monetaria, si incumple reiteradamente la disciplina del euro, algo que no está previsto en los tratados.
Sobre la eventualidad de que fuera necesario modificar el Tratado de Lisboa, Sarkozy señaló que es una opción «que no se ha contemplado de forma expresa». Para introducir cambios en dicho texto se requiere la unanimidad de los Veintisiete, «y todo el mundo no está de acuerdo» al respecto, reconoció el presidente francés.
Angela Merkel afirmó que la UE no debe tener miedo de modificar sus tratados a fin de reforzar su entramado legal ante próximas crisis y para mejorar la disciplina presupuestaria. La Unión «no debe tener complacencia», recalcó la jefa del Gobierno alemán, quien también advirtió que no aceptará cambios «que no quiera». El primer ministro británico, Gordon Brown, señaló, por su parte, que su país no quiere más cambios en los textos que rigen la UE, pero apuntó que Londres no se va a aislar y participará en ese grupo de trabajo.
GARA
La Unión Europea (UE) se ha propuesto prestar a partir de ahora mucha más atención a las «divergencias de competitividad» entre sus miembros y reclamar «acciones políticas» a casos como el del Estado español, Grecia, Italia o Portugal, -los conocidos como PIGs- con persistentes déficit en sus balanzas de pagos.
Las conclusiones de la cumbre de líderes europeos que ayer se clausuró recogen la preocupación colectiva por estos desequilibrios, que están en el origen también de la grave crisis presupuestaria y financiera por la que atraviesa Grecia. «La acción política es tanto más necesaria en los Estados miembros que muestran de modo persistente grandes déficit por cuenta corriente y grandes pérdidas de competitividad», se lee en el documento del Consejo Europeo. El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, afirmó que el mecanismo de ayuda aprobado por el Eurogrupo en la noche del jueves para ayudar a Grecia en caso de necesidad -por el que se mostró muy satisfecho- podría ser empleado por otros países que afronten dificultades. «El mecanismo no está relacionado sólo con Grecia. Grecia fue el pretexto para establecer el mecanismo, pero es un mecanismo europeo. Es por eso que estamos hablando de la estabilidad de la zona euro. Puede afectar a otros países que hagan frente a dificultades», aseguró.
En cambio, el presidente del Eurogrupo y primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, afirmó que la situación que atraviesa Grecia no es comparable con la de otros países de la zona euro, como el Estado español, Portugal o Italia. «No hay similitudes de la situación de Grecia y de otros países», afirmó Juncker en una entrevista en la cadena francesa France 24. Para Juncker el problema de Grecia no se reduce sólo a las cifras falseadas que sus dirigentes evitaron a instancias internacionales sino que responde a una mala gestión del país durante muchos años. «No es el caso de Portugal, España, Italia. No veo ninguna similitud», agregó. El luxemburgués aseguró que Grecia ha perdido un 25% de competitividad en los últimos diez años y afirmó que de eso vienen sus problemas.
Por otro lado, el primer ministro británico, Gordon Brown, garantizó a sus ciudadanos que Gran Bretaña «no contribuirá directamente» en ninguna hipotética ayuda a Grecia, porque el plan sólo incumbe a los países de la zona euro.
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