El ejercicio de la prostitución en la vía pública vuelve a estar de actualidad a raíz de la pretensión del Consistorio bilbaino, justificado en una supuesta demanda vecinal mayoritaria, de impedir esta actividad a través de una ordenanza. Desde hace dos años, los responsables municipales han venido barajando diferentes documentos, que no acababan de cristalizar en un proyecto definitivo por las discrepancias entre PNV y EB, pero que va a recibir un empujón ante la cercanía de los comicios locales, en mayo de 2011, y el enganche que tiene el asunto en los sectores más reaccionarios.

En el último pleno municipal ordinario, el pasado jueves, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz, anunció que el miércoles se iniciarán los trámites para aprobar la normativa que prohibirá ejercer la prostitución en la calle. No será una ordenanza específica, ya que se regularán también las licencias, concesiones, convenios y limpieza de espacios públicos, prácticas sexuales, «botellón», música callejera, tránsitos por aceras y espacios peatonales, juegos, actividades cívicas, culturales, lúdicas o deportivas, terrazas de hostelería o venta ambulante.

La pretensión municipal es que la ordenanza pueda entrar en vigor en setiembre. En ella se establecerá la imposibilidad de «hacer el intercambio de actividades sexuales» pagadas «en la calle» para evitar que genere molestias. El incumplimiento de la normativa conllevará multas de 300 a 3.000 euros, según se considere la infracción leve, grave o muy grave, «para todo el que intervenga» en el servicio, mayoritariamente prostituta y cliente.

La alarma social que se ha creado desde diferentes foros para impulsar esta ordenanza que prohíba la utilización de espacios públicos para el ejercicio de la prostitución no ha cesado. La reivindicación de colectivos vecinales de Miribilla, Saralegi y San Francisco para que el Ayuntamiento actúe contra varias decenas de mujeres, en su mayoría inmigrantes africanas, que tratan de subsistir ofreciendo servicios sexuales en calles como Cortes, Concepción y Olano ha sido constante. Se ha tratado de presentar como novedosa una actividad que se estableció en ese entorno del Botxo hace más de un siglo, cuando los terrenos donde ahora se levantan edificios de viviendas de reciente construcción eran minas.

No ha sido la primera ocasión en que el asunto ha saltado a la actualidad en Bilbo, después de que en 2008 comenzasen las peticiones de estos grupos para que se prohibiese la prostitución en el barrio de Miribilla, el último edificado en el Botxo y que colinda con el espacio histórico en el que se ha desarrollado esta actividad durante siglos, las calles de San Francisco. En el verano de 2009 volvió a avivarse la polémica y el Ayuntamiento remitió a las AAVV ordenanzas de poblaciones como Barcelona, Lleida, Granada, Calviá o Castellón de la Plana, devolviéndole en julio varias sugerencias para la elaboración del borrador de ordenanza.

Tras el silencio municipal, en diciembre pasado, instaron a las autoridades a que se pronunciaran y en febrero informaron de la situación a los medios de comunicación para obligar al Consistorio a responderles. En varias entrevistas, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, el jeltzale Eduardo Maiz, había dado por hecho que la ordenanza se va a implementar, aunque organismos vecinales y colectivos sociales que trabajan con las prostitutas no han recibido notificación municipal alguna; lo conocieron el jueves por los medios de comunicación.

Los vecinos agrupados en asociaciones de Miribilla, Saralegi y San Francisco consideran que la prostitución en la calle es «una actividad económica por cuenta propia que causa un grave perjuicio a la convivencia, la seguridad, la tranquilidad y el medio ambiente». Asimismo, de cara a prohibirla, defienden que las mujeres que la ejercen hacen un «uso privativo del dominio público» que limita o excluye el de otros, siendo necesario para ello una concesión administrativa de la que, por supuesto, carecen las prostitutas. La postura inequívoca de estos colectivos es de que «se prohíba total y absolutamente el ejercicio de la prostitución en los espacios públicos, sin ningún tipo de excepción ni condición».

Pero no todo el movimiento ciudadano de la capital vizcaina comparte estos argumentos. Aunque la Federación de Asociaciones Vecinales no haya analizado esta problemática, hay quienes achacan al documento de los colectivos de Miribilla, Saralegi y San Francisco que «es contradictorio en sus contenidos, quiere imponer un impuesto a las prostitutas por ocupación del espacio público como si fueran vendedoras ambulantes pero a la vez no las quieren ver en la calle. Nos parece un discurso un poco hipócrita y meapilas».

Entre las razones que exponen los promotores de la ordenanza reguladora de la prostitución callejera está que es una actividad «insalubre, molesta y peligrosa». «Es una actividad marginal que fluye junto a toda una serie de fenómenos delictivos como son el proxenetismo, la explotación sexual, el tráfico de drogas». Además, consideran «surrealista» que Bilbo permitiera el ejercicio de la prostitución en la vía pública y tenga desde 1999 una ordenanza que regula la que se efectúa en establecimientos públicos.

«No son las culpables de todo»

Esta reflexión es contestada por Marian Arias, sicóloga y responsable de Askabide, que afirma que «parece que las mujeres que ejercen la prostitución en la calle son las culpables de todo lo que sucede en la zona». Por otro lado, desde el movimiento vecinal, crítico con una ordenanza represiva, estiman que «una cosa es regular la actividad de la prostitución desde el punto de vista sanitario y de actividad localizada en establecimientos para ese fin, y otra es querer hacerla desaparecer por la vía de la represión pura y dura». Les parece peligroso no distinguir entre prostitución, tráfico de drogas y delincuencia. «Analizan esta problemática como si la culpa fuera de unas mujeres y no entran a ver quiénes están detrás de su explotación», apostillan en referencia a la postura de las tres asociaciones.

«Debemos distinguir el rechazo generado por la mera presencia de personas que ejercen la prostitución, de quejas fundadas que presentan vecinos por problemas reales que puedan crear algunas de estas mujeres. El ejercicio de la actividad de la prostitución -recuerda Arias- no está tipificada en la legislación penal española como delito, por lo que si estas mujeres respetan las normas de convivencia del vecindario, no deberían ser penadas». La portavoz de Askabide aclara que si alguna de estas mujeres, al igual que cualquier persona, «mostrara comportamientos `incívicos', habría que penalizar las conductas de esas personas sean prostitutas o no».

Desde la asociación que desde 1985 trabaja en la capital vizcaina para atender a personas del entorno de la prostitución y realizar una labor de información y denuncia social ante esta realidad entienden que haya vecinos que trasladen sus quejas al Ayuntamiento «por los comportamientos que algunas de las chicas que ejercen la prostitución en la calle ocasionan -con gritos por la noche, actitudes exhibicionistas o tirar basuras-» y que la administración local trate de atender esas denuncias, aunque insisten en que «la fórmula no es la creación de una ordenanza que sancione colectivos de personas en vez de comportamientos `incívicos'».

«Mientras unos proponen una ordenanza que habla de sancionar a `prostitutas', nosotras proponemos medidas que penalicen conductas y no colectivos», manifiesta Marian Arias, que recuerda que normativas similares en ciudades como Barcelona no han funcionado a pesar de su proyección mediática. «Con esta ordenanza lo que ocurrirá, en primer lugar, es que por el mero hecho de realizar esta actividad, estas mujeres serán sancionadas, independientemente de cómo se comporten; y segundo, que ante la misma conducta, por ejemplo, chillar en la calle por la noche, se sancionará de forma diferente según se sea prostituta o no», comenta la sicóloga, que discrepa en el modo de afrontar esta problemática y rechaza la futura ordenanza.

En plena batalla vecinal para que los responsables municipales actuasen contra la prostitución callejera, se produjo en la noche del 2 de marzo de 2009 un ataque con una escopeta de aire comprimido contra un grupo de alrededor de cuarenta mujeres, de 19 a 25 años, que estaban apostadas a la búsqueda de clientes en la parte baja del parque de Miribilla, en las calles Mina San Luis, Askatasuna y Claudio Gallastegi. La agresión se saldó con dos personas heridas por balines en un tobillo y un muslo atendidas en el Hospital de Basurto. El colectivo vecinal Hiriagune de Miribilla dijo no tener ninguna relación con los hechos y el propio alcalde, Iñaki Azkuna, lo calificó de «gamberrada».

Aquel suceso, subrayan desde Askabide, sirvió para evidenciar que las personas que ejercen en la calle son el grupo más vulnerable de todo el colectivo de prostitutas. «Estamos hablando de un grupo pequeño de mujeres las que realizan esta actividad en la calle, sin embargo son la parte evidente, visible y molesta de la prostitución y sobre la que continuamente se centran todos los debates sociales y políticos sobre prostitución». Su portavoz incide en que las condiciones en que se realiza, «como horario nocturno, la búsqueda de clientes en el trasiego de coches y ocuparse en éstos, hacen que las mujeres estén expuestas a multitud de situaciones en las que se pueden vulnerar sus derechos más fundamentales, de hecho son el grupo que sufre mayor número de agresiones físicas y vejaciones».

Bilbo no es el único lugar donde se ejerce la prostitución en la vía pública, también en Bizkaia un grupo de mujeres latinoamericanas y rumanas ofrece desde hace años sus servicios sexuales en un túnel, bajo la autopista A-8, que sirve de acceso al polígono industrial de Erletxe, en Galdakao.

En Gipuzkoa, según datos ofrecidos por la asociación Aukera, «no existe desde hace muchos años» lo que parece la causa más razonable para que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Donostia, no disponga de una normativa al respecto o haya barajado la posibilidad de elaborarla. En Irun, señalan desde el colectivo de apoyo a las personas que se prostituyen, «existe algo en la calle, pero es muy minoritaria».

En Iruñea, se apunta que casi no hay vestigios de prostitución callejera, aunque algunas fuentes hablan de «una veintena de chicas jóvenes subsaharianas y algún travesti», cuyo número se mantiene «estable» en los últimos años. En el trabajo ``El oficio de la prostitución en Navarra: estigmas y modo de vida'', de marzo de 2003, también se detectaba la presencia de este tipo de actividad en Tutera y Tafalla.

En Gasteiz, según lo confirma Jhoana Arias, de Gizarterako, existe en rotondas de áreas industriales y en la circunvalación de la ciudad, aunque desconocen que exista una voluntad política, como parece que si hay en Bilbo, para regular y prohibir la prostitución en la calle. «No por desaparecer visualmente, deja de existir», subrayan desde este colectivo constituido en 1986 por la precaria situación de las personas que se prostituían en la capital alavesa.

Aunque no hay un movimiento ciudadano que respalde la regulación o prohibición, Arias no descarta que el Consistorio se planteé elaborar la normativa si se emprende una campaña como la de la capital vizcaina. Respecto a las denuncias que periódicamente aparecen en los medios de comunicación, afirma que «parece que las mujeres que ejercen la prostitución en la calle son las culpables de todo lo que sucede en la zona».

Un estudio encargado por el Ejecutivo de Lakua en 2009 constató la existencia de proxenetas que, desde el interior de vehículos, vigilan a las mujeres que ejercen la prostitución en Gasteiz, buena parte de ellas nigerianas y a las que se considera víctimas de redes de trata, que las traen engañadas de su países de origen y ejercen diferentes formas de coacción para que sigan ejerciendo el «oficio más antiguo del mundo». Los mensajes en su contra preocupan. «Están criminalizadas de antemano; el otro componente necesario para este ejercicio, el hombre, es el desconocido, ignorado y casi inexistente», subrayan desde Gizarterak.

Alerta por el incremento de pisos

El debate promovido por sectores vecinales en torno a la prostitución en la vía pública en Bilbo se suma a otros anteriores habidos, como el que logró en 1998 que el Consistorio aprobase una ordenanza sobre la apertura de clubes de alterne. «Cumplió la función para la que fue creada desde el Ayuntamiento, en el sentido de que los vecinos de la calle General Concha y alrededores se han tranquilizado al constatar que no han proliferado la apertura de nuevos locales», señala Marian Arias. La componente de Askabide advierte que, «sin embargo, sigue existiendo el mismo número de personas que ejercen la prostitución en Bilbao. Han cambiado de ubicación -aclara-, pasando a ejercer la prostitución en pisos de comunidades de vecinos en vez de en clubes» y dispersándose por el centro de la villa y sus barrios.

En Bilbo, la prostitución callejera, según diversas fuentes, no llega al 5% a pesar de la repercusión mediática que se le otorga periódicamente en los medios de comunicación. Respecto a los pisos, sigue incrementándose constantemente las cifras; según Askabide, un 60% de la prostitución en la capital vizcaina tiene lugar en viviendas.

Esta realidad -la del cambio de los clubes a pisos exclusivos- también se constata en Nafarroa, de modo que se ha pasado de que, en la década de los 90, la mayoría de las prostitutas trabajen en macroclubes de carretera, a pisos compartidos por varias profesionales del sexo. En el informe ``El oficio de la prostitución en Navarra: estigmas y modo de vida'' de 2003 se barajaba que de las entre 500 y 775 mujeres que se dedicaban a la prostitución, entre 40 y 80 (el 10%) la ejercían en viviendas mientras en los clubes había entre 430 y 670 mujeres (aproximadamente un 85% del total). Esta realidad se ha modificado, perdiendo peso los clubes, según varias fuentes consultadas.

En Gasteiz, Gizarterako afirma no disponer de información sobre esta actividad pujante, aunque un informe de Emakunde apuntaba de la existencia de una veintena de pisos de carácter «semiclandestino», que por su privacidad los hacen más atractivos para muchos hombres que los frecuentan. En una entrevista a un periódico alavés, el Sindico de Gasteiz, Javier Otaola, afirmaba hace pocos meses que era «más fácil montar un prostíbulo en un piso que una academia de inglés», frase que servía para dejar patente las dificultades legales que hay para regular la actividad en viviendas particulares.

Emakunde -en su último informe de 2008; el anterior lo presentó en 2002- cifró en 211 las viviendas en las que se ejerce la prostitución en la CAV: 2o con 54 mujeres en Araba, 107 con 289 mujeres en Bizkaia y 84 con 227 en Gipuzkoa. Datos, sin duda, poco reales ya que los autores de estudio los calcularon sobre el universo de los pisos anunciados en prensa e Internet, que, por cierto, no deja de crecer, por lo que se sospecha que es mayor.

En Askabide lo tienen claro, después de detectar que muchos clubes van cerrando sus puertas y crecen los pisos, cuya pujanza se detecta en los anuncios de contactos sexuales. Su actividad, confiesan, es difícil de detectar hasta para los propios vecinos de las comunidades y cuando esto sucede, se trasladan a otro. Por sus características, también son más difíciles de controlar por parte de las integrantes de la asociación, que periódicamente los visitan para conocer las condiciones en que trabajan las personas que ejercen la prostitución en ellos y detectar posibles casos de explotación.

Respecto a la tipología del «negocio», según el Instituto Vasco de la Mujer, el 45% son regentadas por una persona, seguido del 38% por un piso que se asemeja a un local de alterne, un 7% son amigas y un 5% respectivamente son hoteles o viviendas con madame. Esta última tipología, en virtud de los datos ofrecidos por Emakunde, tan sólo fue detectada hace dos años en Gipuzkoa. Desde Aukera explican que la prostitución en Donostia principalmente se ejerce en pisos y en Irun en clubes, aunque en esta última localidad cada vez se detectan más viviendas, en vista de los anuncios en prensa y el seguimiento que efectúan.

Mientras se trata de criminalizar al eslabón más débil de la cadena, aquellas personas que ejercen la prostitución en la calle, continúa sin adoptarse medidas para que buena parte de los periódicos de mayor tirada en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria dejen de publicar en sus páginas anuncios de contactos sexuales. Diversas fuentes afirman que para algunas empresas editoras supone entre un 5 y un 10% de los ingresos que facturan a diario por publicidad. La pretensión del Gobierno español de eliminarlos, continúa siendo un brindis al sol que no termina de materializarse.

Hace algunas semanas, la europarlamentaria jeltzale Izaskun Bilbao anunció que piensa plantear una serie de iniciativas en la Cámara de Estrasburgo destinadas a propiciar la desaparición de esta clase de publicidad, en la que se hace apología a diario de «conceptos como la dominación y sumisión, la consagración de las mujeres como simples objetos sexuales y la utilización de lenguajes e imágenes vejatorias».