El Ararteko, Íñigo Lamarca, entregó ayer a la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Arantza Quiroga, el informe de actuación anual de la institución que dirige correspondiente al año pasado, en el que destaca la mención especial a los menores no acompañados procedentes de otros países tras las polémicas de las últimas semanas.

El informe recoge que la consideración prioritaria a su condición de migrantes frente a su condición de menores da lugar a «posiciones defensivas» por parte de las Instituciones por temor a que un número importante acudan a su territorio. Las intervenciones que durante el pasado año realizó el Ararteko estuvieron relacionadas con la divergencia entre la edad documental y la basada en pruebas médicas, la vulneración de derechos o el incumplimiento de asunción de tutelas.

En el documento especifica que el Defensor del Pueblo ha trasladado la necesidad de «protocolos de actuación ajustados a los derechos de los menores y que las pruebas de determinación de edad se hagan con las garantías adecuadas». En alusión a lo acaecido en Araba, el Ararteko recuerda que es obligación de las diputaciones tutelar y proteger a estos menores.

Tras entregar a la presidenta el informe, Iñigo Lamarca compareció ante los medios y apostó por que el Gobierno español «coordine mejor» todas las actuaciones públicas relacionadas con los menores no acompañados y por que las instituciones vascas eviten generar «alarma social». El Ararteko no se pronunció sobre si el sistema de cupo es más adecuado e insistió en que lo «sustancial es que no haya menores deambulando o desatendidos».

Tras las declaraciones de Lamarca, la Delegación del Gobierno español dijo en un comunicado que la competencia relati- va a este tema es exclusiva de las diputaciones. «La Administración del Estado español no puede decidir , ya que incurriría en un incumplimiento del Estatuto de Gernika».

Por otro lado, la consejera de Justicia de Lakua, Idoia Mendia, y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, se reunirán hoy para limar asperezas sobre el asunto de los menores en centros de interminamiento tras el rifirrafe surgido la pasada semana.