Hace ya unos días el director de la CEOE José de la Cavada presentaba en los pasillos del Congreso como solución patronal a la crisis el prototipo de la precariedad juvenil perfecta: un contrato laboral para los trabajadores/as de menos de 30 años con duración temporal de seis meses a un año, sin derecho al desempleo, sin indemnización por despido, y sin cotización empresarial a la Seguridad Social.

Este monumental -e ilegal- despropósito no perseguía por supuesto ser aceptado tal cual, sino mover ficha en un tablero estratégico con vistas a conseguir un resultado más viable; de hecho, el Presidente de la CEOE y espejo de empresarios Díaz Ferrán alegaba a los pocos días que sólo se trataba de un «ejemplo» que serviría para facilitar el acuerdo con los sindicatos sobre «otro contrato de inserción para jóvenes» no muy distinto del propuesto.

Analizaré brevemente el tema a tres bandas: situación de la precariedad en el Estado español -datos y construcción jurídica-; situación laboral de los jóvenes; y modelo patronal de desarrollo económico -o de salida a la crisis- implícito en la propuesta.

Lo primero a constatar es que España supera todos los límites de la precariedad en el ámbito de la Unión Europea, y que ello no es producto de «las fuerzas inexorables del mercado», sino de una operación perfectamente consciente y planificada de construcción jurídica de la misma iniciada a principios de los años 80. Los gobiernos españoles, centristas y, sobre todo, socialistas, agitaron, a fin de captar la atención e inversiones de las transnacionales, el señuelo de una fuerza de trabajo barata, convirtiendo a España en el oasis de la UE del trabajo precario y descalificado. Los hitos temporales de esta construcción fueron 1984 (con la introducción de una galaxia de contratos anómalos entre los que descollaban el contrato temporal de fomento de empleo y el de duración determinada), y 1994 (con una liberalización del mercado de trabajo que trajo consigo la floración de las ETTs). Se fomentó con ello la flexibilidad numérica (esto es, la temporalidad del empleo) y la funcional (consistente en la desregulación de los puestos de trabajo).

A mediados de los años 90, el 38% de los asalariados del Estado era ya precarios, contra una media del 9% en la UE.

Los costos humanos y económicos de la desprotección laboral han sido arrasadores: la crisis iniciada en 2007 ha golpeado especialmente al mercado de trabajo español, registrándose aquí la mitad de las pérdidas de empleo de la eurozona.

La propuesta de la CEOE apunta a un colectivo laboral, el de los jóvenes, que se encuentra ya bajo mínimos. En la actualidad, la tasa de paro juvenil es en España del 34,6%. En 2006 la temporalidad se situaba en la CAPV para los trabajadores/as de 15 a 29 años en el 72,8%; debe añadirse que casi todos los supuestos contratos indefinidos se firmaron en base a la reforma de 2006, la cual recortaba las garantías laborales. Los contratos de trabajo tienen además cortísima duración, con una media de 47 días; sólo el 5% de los contratos juveniles excede de los seis meses. La remuneración anual bruta de los jóvenes, de 14.381 euros, no llegaba en 2006 a los dos tercios de la media de la población asalariada, de 22.842 euros. Es de notar la diferencia de género: frente a una media masculina de 17.840 euros, la femenina es de 12.826.

Si la precariedad supone no sólo la degradación de las condiciones de trabajo de quienes la padecen sino también el deterioro de sus proyectos de vida y el estrechamiento de su libertad personal, los contratos basura de los/as jóvenes ahondan sus efectos. En el mejor de los casos provocan la prolongación artificial de la escolaridad y de la estancia en los centros docentes, con el consiguiente aumento del gasto público; y sobre todo, la sustitución del Estado-bienestar por la familia-bienestar, con la imposibilidad de los/las jóvenes de emanciparse del hogar paterno, lo que trae consigo, cuando es forzada, fragilización de las relaciones familiares, humillación y descenso de la autoestima de los/las jóvenes.

La salida propuesta por la CEOE responde por otra parte al modelo de desarrollo económico más nocivo y contraproducente para los pueblos, condenados a ser perdedores en la carrera posfordista hacia la excelencia productiva. A grandes rasgos, la acumulación capitalista tiene actualmente dos opciones. La primera se basa en el trabajo cualificado e innovador apoyado en contratos estables y una remuneración alta e igualitaria, con una implicación obrera en el desarrollo productivo que no excluye la reivindicación y el conflicto, con intensas relaciones con las administraciones en sus distintas escalas, especialmente la local, a fin de asegurar la provisión pública de infraestructuras, subvenciones, docencia institucional de alta gama y centros de investigación tecnológica, con formación de redes estratégicas tendentes a asegurar la cohesión económica del territorio y precaverse del riesgo de las deslocalizaciones; todo ello con el fin de abastecer el mercado local y conquistar nichos de excelencia en los mercados globales.

La segunda opción es la generalización del trabajo basura, descalificado y temporal, la discriminación laboral de los colectivos «problemáticos» -mujeres, jóvenes, inmigrantes extracomunitarios-, la extensión de una dualización del mercado de trabajo cuyo segmento más bajo linda con exclusión, con centros productivos obsoletos y carentes de todo input de investigación, situados en la terminal inferior de sistemas productivos globales cuyos centros de diseño e inteligencia son siempre exteriores y cuyos trabajos repetitivos y rutinarios se delegan a los países dependientes, con una proliferación del trabajo basura paralela a la exigencia de subvenciones, exenciones fiscales y suelos baratos dirigida a los poderes públicos, con decisiones que desarticulan una y otra ves el tejido laboral de estos países; un modelo en el que las rápidas ganancias patronales extraídas en base al taylorismo sanguinario son pan para hoy y hambre para mañana, un mañana cada vez más próximo, quedando los países subordinados amarrados a lo más hondo de una crisis que les es imposible superar.

Este segundo modelo está implícito en la propuesta de la CEOE, cuya brutalidad persigue facilitar la digestión sindical de un nuevo proyecto que aparecería razonable en comparación con el suyo, el proyecto del Gobierno Zapatero. Se trataría a grandes rasgos de una nueva modalidad contractual inserta en el próximo Plan de Empleo Juvenil que se aplicaría a los jóvenes licenciados, la cual, con el pretexto de ser una relación de aprendizaje y no un auténtico contrato laboral, rebajaría drásticamente salarios y condiciones de trabajo. La fórmula no supondría además ningún costo para las empresas, pues la cuota social, aunque mínima, quedaría bonificada en su totalidad por el Estado.

Zapatero haría mal sin embargo en olvidar que fue la propuesta de un contrato basura juvenil similar la que motivó el divorcio PSOE-UGT de los años 1987-88, con la traca final de la Huelga General de 14 diciembre de 1988.