El levantamiento del secreto del sumario en el denominado «caso Gürtel» ha confirmado las filtraciones y sospechas sobre una enorme trama de corrupción engordada en torno a diferentes instituciones, todas en manos del PP. Hay varios datos objetivos que hacen inverosímil el intento del partido de desligarse. Uno es la centralidad otorgada por el juez al tesorero estatal del PP, Luis Bárcenas, por cuyas manos se afirma que pasaron hasta 1,3 millones de euros. Otra es la extensión de la trama hasta en cuatro comunidades autónomas diferentes: Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y Galicia. Y también es delatora la existencia de 70 imputados, varios de ellos ligados al PP en diferentes niveles del escalafón. Con todo esto, no cabe duda ya de que se trata de un escándalo de corrupción equiparable o superior a los que contribuyeron a que el PSOE perdiera el Gobierno español a mediados de los años 90.

En Euskal Herria pocos serán los que se sorprendan a estas alturas con los detalles entre sórdidos y jocosos, como los regalos de coches y relojes de lujo, las adulaciones telefónicas o las amistades más que peligrosas. Y tampoco les asombrará que pese a la lluvia de indicios el sumario fuera cerrado en falso por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y es que fue en estos territorios donde empezaron a aflorar públicamente este tipo de prácticas, sin que hubiera un reproche político ni un castigo efectivo a sus autores. Hoy es el día de recordar que Gabriel Urralburu sólo fue condenado a cuatro años por el Tribunal Supremo español tras acreditarse un delito de cohecho que restó muchos millones a las arcas del herrialde que presidía. Y Luis Roldán, que comenzó su carrera corrupta como delegado del Gobierno en Nafarroa, acaba de salir a la calle de modo definitivo con su patrimonio totalmente intacto.

Sí resulta pasmoso que quienes exaltan este sistema político sean luego quienes no dudan en humillarlo de tal forma, y que lo hagan además con plena impunidad, mientras la cárcel se reserva a otros dirigentes que tienen una posición disidente frente a ese estatus pero dignifican en el día a día la práctica de la política.