PSOE y CIU pactan retrasar un año la aplicación de la norma «antiblindaje»
PSOE y CIU aprobaron ayer en la Comisión de Economía del Congreso español la enmienda que suprime el «blindaje» de algunas empresas y permite el control de las mismas a grandes accionistas que hasta ahora no habían podido acceder a su dirección, aunque su aplicación se retrasará un año. Desde el PNV valoraron que la medida es igual de mala si entra en vigor ahora o dentro de doce meses.
GARA
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso español aprobó ayer una enmienda pactada entre PSOE y CiU que suprime la limitación de los derechos de voto en las empresas que cotizan en Bolsa, si bien la entrada en vigor de la prohibición de los conocidos como «blindajes» empresariales se retrasará en un año desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El acuerdo, presentado durante el debate del proyecto de ley de reforma de las Leyes de Auditorías, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, no contó con el apoyo de los demás grupos. Así, mientras el PP y Coalición Canaria se abstuvieron, PNV y ERC-IU-ICV lo rechazaron.
Tras una intensa negociación a lo largo de más de mes y medio, durante la que se retrasó el debate hasta en dos ocasiones, el PSOE sólo logró el apoyo de la coalición catalana a cambio de modificar su contenido para proteger el marco de las sociedades anónimas no cotizadas, que podrán mantener estos blindajes. No obstante, el acuerdo contempla también que las empresas que salgan a Bolsa dispongan de un tiempo no superior a un año para adaptar sus estatutos a la supresión de estas limitaciones.
Este debate ha sido seguido con especial interés por parte de algunos medios y portavoces políticos e institucionales vascos, ya que la supresión de los «blindajes» de las empresas podría suponer la entrada de algunas compañías potentes en las direcciones de empresas tan conocidas como Iberdrola o Petronor, como sucede con la constructora ACS, que pretende hacer valer su posición de principal accionista en la eléctrica. Por este motivo, el orador más crítico con la enmienda fue el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, quien denunció que la medida «es igual de mala si entra en vigor este año o el que viene» y auguró que perjudicará a los accionistas de Iberdrola y al conjunto de los ciudadanos vascos, por el interés del Gobierno español en beneficiar a la constructora ACS, que lidera el empresario Florentino Pérez.
«No estoy prejuzgando que ACS vaya a hacer ninguna trastada, lo que estoy diciendo es que si se aprueba esta enmienda, el blindaje decidido por los accionistas para garantizar que la empresa tenga su actividad en Euskadi va a desaparecer y eso es lo negativo», afirmó el diputado jeltzale, quien arremetió contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero por «saltarse la ortodoxia parlamentaria» y contra los diputados vascos del PSOE por apoyarla.
Juli Fernández, del PSOE, negó que la enmienda obedezca a intereses particulares, y argumentó que corresponde a un compromiso recogido en el programa con el que su partido concurrió a las elecciones.
La supresión de la limitación de los derechos de voto en las empresas fue pactada hace quince días por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida.
Iberdrola aseguró ayer que respetará la decisión del Congreso, si bien recordó que esta enmienda incorporada en la reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas aún deberá pasar por el Senado y volver al Congreso para ser aprobada de forma definitiva.
La decisión del PSOE de suprimir el blindaje de las empresas ha sido aprovechada por el PNV para atizar, no tanto al Gobierno español, con el que ha alcanzado varios acuerdos en esta legislatura, sino al Gabinete de Patxi López, argumentando que no ha defendido los intereses de las empresas vascas, situando los focos especialmente en el caso de Iberdrola. Ante estas acusaciones, ayer, el consejero de Interior y hombre fuerte del Ejecutivo, Rodolfo Ares, afirmó que Lakua ha mantenido contactos con el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y el de ACS, Florentino Pérez, y dijo que el Gobierno «trabaja y trabajará» para que las empresas que tienen sede en la CAV, como es el caso de Iberdrola, la sigan manteniendo. «Estoy seguro de que estas empresas seguirán teniendo su sede social, su vinculación a Euskadi, independientemente de quién esté al frente o quién forme parte de su accionariado porque ese será el empeño en el que está trabajando el Gobierno vasco y estoy seguro de que conseguiremos nuestros objetivos», declaró en Radio Euskadi.
Sin embargo, Iñigo Urkullu insistió ayer en su carga contra López, al que acusó de «esconder la cabeza» para permitir que el PSOE «consuma» la supresión de los blindajes, «una de las medidas que potencialmente más daño puede hacer en los próximos años a Euskadi». «Hoy martes, 6 de abril, será recordado por que el PSOE, con la connivencia de los representantes vascos del PSE, elegidos por las-los ciudadanos vascos y que prometieron defender nuestros intereses, va a consumar una maniobra que pone en peligro a las grandes empresas vascas», denunció Urkullu en su blog. GARA
