El levantamiento del secreto sobre 50.000 folios del «caso Gürtel» ha dejado al PP sin parapeto de defensa ante el escándalo. Hasta el momento, la dirección del partido se había refugiado en el argumento de que no existían datos ciertos, más allá de filtraciones y rumores. Pero durante todo el día de ayer fueron arreciando los datos y contenidos de informes policiales que apuntan a una amplia trama de corrupción, consistente básicamente en regalos y entregas económicas a cambio de adjudicaciones de obras y servicios, y que aparentemente trabajaba en exclusiva para el PP en cuatro comunidades autónomas concretas: Madrid, Valencia, Castilla-León y Galicia.

Pese a la contundencia y la abundancia de los datos, la dirección del PP mantuvo su estrategia defensiva. Su presidente, Mariano Rajoy, no compare- ció en todo el día. Y fuentes cercanas afirmaron que no estaba saliendo a la palestra «nada nuevo», dado que buena parte de los datos ya han ido aflorando en filtraciones periodísticas durante estos meses.

Mantienen a Bárcenas

Quizás el dato más comprometedor para la dirección de la calle Génova es la constatación policial de que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, era pieza clave en el cobro de las cantidades supuestamente corruptas. Se indica que pasaron por sus manos hasta 1,3 millones de euros, aunque Mariano Rajoy sostiene que «ni uno solo» llegó al PP.

Se da la circunstancia de que el partido está pagando la defensa judicial de Bárcenas y le mantiene un despacho. También continúa como senador, lo que le aporta un tratamiento judicial más cómodo. Sólo dejó de ser tesorero. Y no queda claro si además cobra un sueldo del partido -la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que lo desconoce-, al igual que ya ocurrió con otro dirigente del PP imputado recientemente por corrupción, el ex presidente de Baleares Jaume Matas.

Preguntada por Bárcenas, Soraya Sáenz de Santamaría volvió a intentar ganar margen. «Permítanme que en mi partido tengamos esos tiempos con hechos acreditados. Créanme si le digo que somos nosotros los primeros interesados en sacar de nuestras filas a aquellos que hayan podido utilizar el partido para enriquecerse».

Sin embargo, los datos contra Bárcenas se multiplican en la parte del sumario conocida ayer. Por ejemplo, aparece que el «número dos» de la trama, Pablo Crespo, envió sendas cartas al entonces gerente del PP para que le pagara una deuda pendiente de casi un millón de euros, argumentando que necesitaba ese dinero para iniciar la campaña de las europeas.

Otro informe policial constata que el ex tesorero del PP y su mujer, Rosalía Iglesias, invirtieron más de un millón de euros en bienes patrimoniales entre los años 2006 y 2008, la mayor parte en una vivienda unifamiliar en el Valle de Arán (Lleida), valorada en 899.000 euros, y dos plazas de garaje. Bárcenas sostiene que el dinero procedía de la venta de acciones de la empresa Endesa.

«No juzga la Policía»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que la víspera había dicho que «ya era hora» de que se levantara el secreto del sumario, ayer cambió de discurso y se escudó también en que no hay nada probado: «En España juzga el juez y no la Policía, que depende del Gobierno», dejó caer.

Se refugió además en el volumen del sumario revelado, ironizando con que «no sé si vamos a tener capacidad de leer todo eso». «La Justicia española debería replantearse este tipo de actuaciones», añadió la dirigente madrileña.

En Euskal Herria, el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, también abogó por esperar. De momento, sigue apostando por la tesis de que los imputados no trabajaban para el partido, sino que se aprovechaban de él, y eso pese a la confirmación policial de que varios dirigentes recibieron regalos de lujo del círculo de Gürtel («correa» en alemán, en alusión al apellido del empresario Francisco Correa, señalado como el cerebro de la trama).

«No conocemos nada novedoso, en particular, ni que afecte a otras personas», argumentó Barreda ayer por la mañana, cuando empezaban a llover datos.

PSOE: «Rajoy sabe cosas»

En esta estrategia de revolverse como gato panza arriba, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dirigió de modo personal a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien definió a Gürtel como «un gravísimo caso de corrupción». La número dos del PP le espetó que «hay personas que dan muchas lecciones de cómo se debe comportar uno en un partido y luego tienen familiares que ocupan ayuntamientos como el de Benidorm», en alusión a la madre de Pajín.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, apuntó directamente a Rajoy, de quien dijo que «se resiste a dar explicaciones» porque «sabe cosas que afectan gravemente al PP y que le tienen literalmente paralizado». Pero ni siquiera esta alusión directa sacó de su mutismo al líder gallego.

Disputa por las escuchas

El PP se aferra a otro clavo ardiendo: la denuncia de ilegalidad de las escuchas telefónicas existentes en el sumario, si bien conocedores del caso indican que no es algo definitivo debido a la acumulación de pruebas.

Al respecto, el juez instructor Antonio Pedreira ha abierto un incidente de nulidad sobre las escuchas mantenidas en prisión por imputados y sus abogados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que son ilegales, pero Pedreira avaló la intervención de las comunicaciones ordenadas antes por el juez Baltasar Garzón porque «estaba justificada» y «no se adoptó arbitrariamente».