En medio del renovado acoso a Cuba, el ex candidato presidencial estadounidense y actual senador demócrata John Kerry hizo una contribución importante para llegar al mejor entendimiento de la nueva ofensiva contra el gobierno cubano, que se pretende tenga contornos universales. Desde luego no era esa la intención de Kerry cuando en su calidad de jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país interpuso un veto a la subvención a la llamada disidencia cubana.

Se trataba de una partida presupuestaria de 40 millones de dólares al año que el senador estimó debía revisarse porque podría haber irregularidades en el destino de dichos fondos. Pero las posibles irregularidades no son lo más importante, lo que queda claramente expuesto es que el Gobierno de los Estados Unidos oficialmente financia actividades destinadas a desestabilizar al gobierno de un país soberano.

Y aunque esto no sea nuevo, es un elemento violatorio del orden internacional que muestra la otra faceta de la actual ofensiva contra el gobierno cubano y que merecería una investigación a fondo encabezada por personalidades latinoamericanas cuya historia personal se funda con la lucha por la democracia. Porque no es Cuba el único objetivo, como veremos más adelante.

Agreguemos que el veto interpuesto por Kerry mereció comentarios favorables de grupos a los cuales se destina ese dinero, según consignó la Agencia France Press. Laura Polian, que dirige a las llamadas Damas de Blanco declaró que «la disidencia necesita alguna ayuda, pero también creo que es muy importante que se haga una auditoría»...

Manuel Costa, del grupo que se denomina socialdemócrata, también le dio la razón a Kerry en cuanto a revisar la transparencia de los destinos reales de esos fondos, poniendo en duda que se manejaran en forma transparente y añadió: «La otra consideración parte de si es apropiado que un gobierno destine recursos para la democratización de otro gobierno con el cual no tiene relaciones».

Al margen de que estas declaraciones validan lo que el Gobierno cubano ha dado a conocer sobre cómo se asignan esos recursos en el sector que los recibe, lo que queda en claro es que hay quienes entienden que eso los pone en la categoría de mercenarios y no les gusta. El Pentágono, que dirige la política exterior estadounidense, está acostumbrado a usar mercenarios, como lo hace en Irak y otros lugares, el asunto es hasta dónde se le permitirá pervertir la política.

Como suele ocurrir, lo que suceda con las personas es lo menos importante. Hasta que murió como consecuencia de la huelga de hambre que inició, Orlando Zapata era un desconocido que accedió a la condición de personalidad política por el hecho de su muerte. Pero, sea cual sea la razón por la que cumplía una condena, volvió al anonimato y ya de él no se habla, como si hubiera cumplido la misión que le asignaron.

Guillermo Fariñas, quien al escribir estas líneas continuaba en huelga de hambre y había rechazado el ofrecimiento de España para viajar a ese país, tiene otra trayectoria. Según su autobiografía combatió en Angola, desempeñó otras tareas militares en su país, luego estudió psicología y también incursionó en el periodismo.

En el manejo mediático que se está haciendo de su caso, de lo que se trata es de encontrar un flanco para atacar a Cuba y su revolución y en lo posible ponerle término porque representa un escollo para los objetivos estadounidenses. Para Washington la nueva realidad política que está surgiendo en América Latina deriva de la revolución cubana y piensan que eliminándola recuperarán la influencia que han perdido.

Como consecuencia, el cerco informativo que se ha establecido en torno a estos hechos implica manejo mediático. Hay informaciones que no se dan, otras que se reproducen en todas partes, un acoso a América Latina para que se pronuncie en contra de Cuba y se acusa a gobiernos y fuerzas políticas de la región de guardar un silencio que sería cómplice.

El escritor Mario Vargas Llosa así lo dijo al criticar a los gobiernos democráticos que según él «miran para otro lado» para no tener problemas con sus izquierdas. La Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, emitió una declaración para que sus afiliados condenen la muerte de Zapata y la supuesta represión a las Damas de Blanco y se pronuncien sobre Fariñas.

La ODCA dista mucho de ser una organización que interprete a todos los partidos latinoamericanos de ese signo, por eso la declaración, en abierta contradicción con el pensamiento conocido de sus dirigentes más connotados, debió señalar que «sería reprobable que cualquier gobernante extranjero interviniera directamente en Cuba o impusiera sanciones unilaterales que atentaran contra los derechos humanos».

Lo dicho hasta aquí pone en claro que de lo que se trata es de que América Latina resuelva sus asuntos soberanamente, le convenga o no a Estados Unidos. Eso implica sacar las manos de Cuba. Para nadie es un misterio que sin bloqueo y sin el permanente hostigamiento del país del norte, la nación caribeña se encontraría en un estatus económico muy superior a lo que aún con todos esos escollos ha logrado.

Si no fuera así, no estaríamos presenciando el manejo de la información que le baja el perfil a los pronunciamientos contrarios a la intervención en Cuba, como la derrota sufrida por José María Aznar cuando pretendió que en el Senado de su país se aprobara una condena a Cuba y lo que se aprobó fue rechazar la condena a Cuba aprobada en el Parlamento Europeo.

Y tampoco se le ha dado la difusión necesaria al acuerdo de los 27 países del Sistema Económico Latinoamericano, Sela, que reunidos en Caracas demandaron el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace ya 50 años. El secretario permanente del Sela declaró: «Necesitamos hablar de vínculos comerciales con Estados Unidos, pero si hay naciones excluidas tenemos un tema pendiente de solución que no puede ignorarse».

En este contexto, emerge lo que puede considerarse como una nueva amenaza a los logros democráticos alcanzados por América Latina desde la caída de las dictaduras. Se trata de lo que se conoce como «la nueva derecha», que surgió a la par de la derrota de los dictadores y que está implementando medidas que van en dirección opuesta a lo que se ha avanzado.

Sus representantes más claros son los presidentes de Colombia, Panamá y Chile, mientras el peruano Alan García, con sus arrebatos temperamentales, no termina por definir una posición que sea acorde con lo que su partido, el APRA , ha representado en la historia de su país. Eso lo hace oscilar de la izquierda a la derecha. El alineamiento derechista ha significado el establecimiento de nuevas bases militares de Estados Unidos en Colombia, la suscripción de un acuerdo similar en Panamá y según lo declarado hace unos días por el embajador estadounidense en Colombia, está por firmarse un acuerdo con otros dos países «cuyos gobiernos han pedido silencio para evitar algunas de las reacciones» producidas en el caso colombiano y alardeó de que tenían colaboración militar con 120 naciones.

Si este aspecto ya es un peligro para los logros democráticos de la región, el nuevo presidente chileno parece decidido no sólo a sumarse sino tal vez a encabezar a los gobiernos de la nueva derecha, en cuyo nombre saltó al plano político en los años noventa. Sebastián Piñera ya se mostró dispuesto a intervenir en los asuntos de Cuba y las medidas que anuncia en lo interno son preocupantes.

De acuerdo a su enfoque en materia de seguridad, el director de la policía civil, Policía de Investigaciones, PDI, anunció que se prepara una brigada especial contra la delincuencia, con vehículos que recorrerán todas las comunas de la capital chilena durante las 24 horas del día, lo que será coordinado por el Sistema de Información Georreferenciado de esa entidad. Y como el pasado martes 30 se conmemoraba el «Día del Joven Combatiente», instituido en memoria de dos hermanos, de 20 y 18 años, asesinados por la dictadura, el mandatario dio instrucciones precisas para enfrentar las protestas que se producen en ese día y que son reflejo de la frustración de los jóvenes de sectores de menores ingresos.

Con «toda la fuerza del mundo» y con «todo el rigor de la ley» anunció Piñera que enfrentaría su Gobierno esa fecha, durante una visita a la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros, policía uniformada. Al asegurarles que «van a contar con todo el respaldo del Gobierno que yo presido», los instó a enfrentar la delincuencia con «mano dura». Y aludiendo al caso de los jóvenes asesinados, sostuvo: «los padres, los familiares y amigos de los hermanos Vergara tienen todo el derecho a recordar su muerte, pero no tienen ningún derecho a alterar el orden público ni poner en riesgo la vida ni la propiedad de las personas». Sólo que «toda la fuerza del mundo» suele vertirse en provocación anunciada.

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