La publicación en un medio de comunicación francés de supuestos detalles relacionados con los diez días que mediaron entre la llegada de Jon Anza a Toulouse y su ingreso en el hospital de la ciudad apuntan a una filtración intencionada de información desde fuentes oficiales, a pesar de que el caso se encuentra bajo el secreto de sumario. Detalles sin contrastar y que, por su naturaleza escabrosa, más parecen destinados a desacreditar la imagen del militante vasco que a aclarar lo que realmente ocurrió, en lo que bien podría ser un intento de enmarañar el proceso, acaso preparando el terreno para un hipotético cierre en falso de la investigación.

Y mientras, uno detrás de otro se suceden los ejemplos de inoperancia -intencionada o no- en la búsqueda de la verdad sobre los últimos días de vida de Jon Anza; mientras se demora sine die la exigencia de responsabilidades sobre lo sucedido y se recurre a artimañas como la antes relatada, y mientras el tiempo pasa sin que la familia en particular y Euskal Herria en general puedan conocer lo que ocurrió durante aquellos diez días de abril, la Justicia española no descansa en la persecución de quienes, durante meses, sólo han reclamado lo único que podían: la verdad. Once jóvenes han sido llamados a declarar por un acto de denuncia realizado el pasado mes de julio en Donostia. Se han negado. Por dignidad.