Dentro de los objetivos del nuevo currículo de educación primaria y secundaria recientemente aprobado por el sociológicamente minoritario Gobierno Vasco Español actual, se establece la obligación de los centros educativos de «dar cabida en sus aulas al testimonio de las víctimas de ETA». Y ello, se dice, con el objetivo de «recoger el respeto a los derechos humanos y la empatía hacia las víctimas».

Bueno. Pues ya que de derechos humanos y de empatía hacia las víctimas hablamos, veamos en síntesis las consecuencias que, en opinión de Amnistía Internacional, ha provocado la recesión económica, y que le han llevado a instar a los líderes a invertir en los derechos «con tanta determinación como lo hacen en la economía».

El paro es galopante y el crecimiento de la pobreza relativa y de la pobreza absoluta sigue una marcha imparable. La acelerada profundización de la desigualdad social lleva camino de empeorar. Acceder a una vivienda digna y a un medio ambiente adecuado es ya una utopía para multitud de trabajadores y de jóvenes; de hecho, son ya muchas las parejas obligadas a compartir piso, «con derecho a cocina», como en los años 50 y 60 del franquismo. Se multiplican los trabajos precarios y los sueldos de miseria que indignifican, envilecen, estresan y marginan a un porcentaje importante de la población trabajadora, cuyo índice de nivel de vida o de desarrollo humano se deteriora por momentos. A pesar de que los informes demuestran claramente que, durante la última década, ha aumentado la productividad y, por tanto, la tasa efectiva de plusvalía, la explotación de los que trabajan sigue al alza y sus sueldos a la baja, ensanchando así los márgenes de beneficio de las compañías.

Como muy bien desarrolla Samir Amin en «The Battlefields chosen by Contemporary Imperialism», ecología y capitalismo son antagónicos en su propia esencia, pero los oligopolios se han apoderado del discurso «ecologista» para justificar la apertura de nuevos mercados en su destructiva expansión hacia el precipicio: la depredación y la violación de los derechos de la Madre Tierra prosiguen imparables hacia el colapso ecológico total.

En plena recesión, la intensificación del obsceno y criminal enriquecimiento de unos pocos, vía SICAV, hedge funds, paraísos fiscales y demás inmorales instrumentos de robo y atraco, deja en evidencia a esa clase política que, tras la crisis financiera de 2008, prometió «poner fin al capitalismo de casino» y exigir transparencia y regulación de los fondos de especulación, para, a continuación, inyectar (despilfarrar) dinero público a la banca y dejar vía libre a los mercados financieros para que especulen incluso contra los propios estados, como le ha ocurrido a Grecia y puede que le ocurra al Estado español.

Y es que el gobierno «neoliberal-socialista» español, al igual que el griego y otros, no parece tener problema alguna en beneficiar a las rentas altas y estimular la especulación y la evasión fiscal de las grandes fortunas, mientras, con la demagógica y populista cantinela de que «hay que apretarse el cinturón y arrimar el hombro», porque «entre todos podemos», aumenta las cargas impositivas sobre las clases más desprotegidas y reduce drásticamente todas las prestaciones y las redes de seguridad social, tan necesarias en tiempos de crisis. Cada vez que se despoja a la «democracia» representativa de algunos de sus engañosos ropajes, queda más que evidente su intrínseco carácter corrupto, inmoral y oligárquico, y su connivencia con la dictadura empresarial y financiera. Su hipocresía alcanza cotas extremas cuando se llena la boca hablando de la tolerancia y la cultura de la paz, mientras se enorgullece del «beneficioso» auge del negocio de la guerra y de la represión y, en el caso del Estado español, tiene 70.000 presos y recurre permanentemente al endurecimiento de la legislación penal para regular la conflictividad social y, por supuesto, la política, y confundir interesadamente seguridad con justicia.

Esta realidad objetiva llevó a la directora de AI a declarar en 2008 que «hemos pasado de pisotear los derechos humanos en nombre de la seguridad a hacerlo en nombre de la recuperación económica». Si bien es obvio que, en Euskal Herria y en otros muchos países, a la hora de violar los derechos, la economía no ha sustituido a la seguridad, sino que la ha «complementado», basta con pasearse por el articulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluso por el de la propia Constitución española de 1978 para comprender que, en la actualidad, los derechos directamente relacionados con lo socioeconómico son papel mojado.

El derecho al trabajo, a una vivienda digna, a un sueldo decente, a un reparto equitativo de la renta, a un medio ambiente adecuado, a la no discriminación... son pura retórica. Son muchas las víctimas del sistema, y quienes las generan y/o permiten y canalizan son precisamente el Estado y sus instituciones, que, como instrumentos de clase que son, protegen e impulsan la violación sistemática de esos derechos que tan ampulosamente dicen defender. Resulta pedagógicamente deshonesto mutilar y desfigurar la filosofía subyacente a la tal Declaración Universal, y, por seguir las órdenes del PP y cumplir con los intereses de Estado, decretar que, en la práctica, en las aulas vascas el concepto de víctima se restringe única y exclusivamente a las llamadas víctimas de ETA. Las víctimas del paro, del machismo, de los bancos, de la explotación, de la represión... pasan, si es que existen, a una segunda categoría.

Muy a pesar de la insistencia mediática y política, las principales preocupaciones de la población no son ni el «terrorismo», ni Chávez, ni los disidentes cubanos, sino el desempleo (82%), los problemas económicos (48%) y la clase política (18%). Una formación humana integral, crítica y liberadora, que pretenda educar, no sumisas máquinas competitivas para el mercado, sino ciudadanos integrados y con criterios, tiene por fuerza que ofrecer al alumnado herramientas adecuadas para que pueda desarrollar en toda su potencialidad esa competencia «social y ciudadana», considerada básica en el currículo y potenciada desde el propio Parlamento Europeo. Si la dicha competencia implica, entre otros, «la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos», «comprender la realidad social en que se vive« y «ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes ciudadanos», para lo cual es necesario «reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad...», parece un contrasentido imponer el sentido del debate, politizarlo, hacerlo partidista, e imposibilitar el análisis de vivencias e intereses del alumnado, la reflexión honesta sobre la violencia y las nada éticas agresiones permanentes a los derechos humanos causadas por el sistema capitalista, la responsabilidad de éste en la militarización y envenenamiento del planeta y en la multiplicación de víctimas de todas las categorías.

Parados jóvenes y de larga duración, ancianos y madres sin recursos, mujeres maltratadas, gentes sin posibilidades de inclusión social, torturados, hipotecados en quiebra y en la calle, afectados por enfermedades profesionales o accidentes laborales, perseguidos del franquismo... es amplio el abanico de protagonistas que podrían testimoniar en las aulas, y enriquecer y diversificar, desde una realidad plural, próxima y conocida de (y, en muchos casos, padecida por) los alumnos, esa apuesta por el respeto a los derechos humanos, por el diálogo y la negociación, y por la empatía hacia las víctimas que el nuevo currículo plantea como uno de sus objetivos básicos.

El problema es saber si la coalición PP-PSOE que gobierna en Gasteiz desea formar ciudadanos responsables y dotados de las «competencias» necesarias para ir desarrollando un proyecto de vida y de lucha individual y colectivamente emancipatorio, o, por el contrario, ha optado por criar borregos de Panurgo insolidarios y productivos, consumidores/espectadores, políticamente analfabetos y sometidos (reaccionarios), víctimas del sistema, pero lo suficientemente alienados como para no reconocerse como tales, legitimar el orden social existente, y vivir en la mentirosa y plácida aceptación de que no existe alternativa ni a la economía de mercado ni a la castrante y corrupta «democracia» bipartidista que hoy vive totalmente divorciada de la solidaridad y el progreso social, entendido éste, claro está, desde una perspectiva socialista.

Da pavor pensar que se puedan aprovechar las aulas para afianzar entre las nuevas generaciones lo que I. Rivera y el equipo del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona llaman «el populismo punitivo» que «se emplea -y no sólo por los partidos políticos de la derecha ideológica- con fines estrictamente electoralistas y de consolidación de consensos que sólo buscan la perpetuación del poder», y que, en base a clichés como «la inseguridad ciudadana», «la amenaza terrorista» o «los peligros de la inmigración», apuesta por la gestión punitiva de la pobreza, el mercado económico de total flexibilización y la criminalización cada vez mayor de la disidencia.