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Una orden militar permitirá deportar a todo palestino de Cisjordania

Una nueva orden militar israelí, que entrará mañana en vigor, permitirá la detención o la deportación de cualquier palestino residente en el territorio ocupado de Cisjordania si carece de un permiso de las autoridades sionistas. La medida ha sido calificada como «el peor paso de la política racista» que practica Israel por parte palestina, que apela a la comunidad internacional para que proteja los derechos de los palestinos.

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GARA | TEL AVIV

Una nueva ordenanza militar que va a emitir Israel con el pretexto de impedir la infiltración de personas que puedan «dañar la seguridad nacional», y que entrará en vigor mañana, permitirá en la práctica la detención o deportación de decenas de miles de palestinos que viven en el territorio ocupado de Cisjordania.

La orden se dirige especialmente a los palestinos que no tengan un permiso de residencia emitido por las autoridades sionistas -aunque según varias ONG no define qué considera Israel como permiso válido- y, sobre todo, a quienes posean una tarjeta de identidad con una dirección de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, o que hayan nacido en ese territorio, así como a sus descendientes. También podrían verse afectadas aquellas mujeres de palestinos que hayan nacido en el extranjero. Se espera que uno de los grupos que resultará más afectado por la nueva medida es el de los palestinos que se trasladaron a Cisjordania en virtud de la reunificación familiar, en el año 2007.

Según la nueva orden, «una persona que está presente en la zona y no tiene un permiso legal» es un infiltrado que ha entrado en Cisjordania de forma irregular. Así, cuando mañana entre en vigor, decenas de miles de palestinos se convertirán automáticamente en potenciales delincuentes que pueden ser condenados a entre tres y siete años de cárcel y a 7.500 shekels (1.500 euros) de multa o deportados fuera de ese territorio.

Hasta el presente, los tribunales civiles israelíes impedían, en general, la expulsión de Cisjordania de ese tipo de personas, pero el nuevo decreto militar colocará bajo la única jurisdicción de los tribunales militares y las personas afectadas serán juzgadas como «infiltradas» y se enfrentarán a su expulsión hacia el país o la región de la que proceden «ilegalmente».

Consultado al respecto por AFP, un portavoz del Ejército israelí confirmó la publicación de la orden «destinada a impedir las infiltraciones». «El ejército se dispone a aplicar esta orden, que no concernirá a los israelíes, sino a quienes residen ilegalmente» en Cisjordania, agregó.

«Medida racista»

El jefe negociador de la Autoridad Palestina, Saeb Erekat, condenó la medida en un comunicado en el que afirmó que «estas ordenes militares pertenecen a un estado de apartheid» y suponen «un ataque a los palestinos y una afrenta a los principios más fundamentales de los derechos humanos».

Para Erekat, las órdenes «convierten a los palestinos en criminales en su propias casas y menoscaban los esfuerzos pales- tinos para gestionar sus asuntos internos», además de abrir la puerta a Israel para expulsar a cónyuges de palestinos que sean extranjeros, trabajadores extranjeros, israelíes y a aquellos que participen en manifestaciones por los derechos palestinos y contra la ocupación.

El dirigente palestino hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que «intervenga y proteja los derechos de los palestinos».

En declaraciones a Efe, Nabil Sha'ath, miembro del comité de la ANP encargado de las negociaciones con el Estado judío, calificó la orden del «peor paso de la política racista que practica Israel» desde la ocupación de los territorios palestinos en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Sha'ath anunció que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) va a desplegar «una campaña ante la comunidad de naciones» para tratar de frenar en los foros internacionales esta medida, revelada ayer por medios de comunicación y organizaciones huma- nitarias israelíes.

HRW denuncia el fracaso al investigar la ofensiva israelí contra Gaza

Human Rights Watch (HRW) denunció ayer el fracaso de Israel y de Hamas a la hora de investigar las «serias violaciones» de los derechos humanos cometidas durante la ofensiva militar sionista contra Gaza de finales de 2008 y principios de 2009, e instó la puesta en marcha de una investigación independiente que «responsabilice a los agresores y reivindique las peticiones de las víctimas civiles».

El informe, recogido por Europa Press, detalla las actuaciones acometidas por Israel y Hamas que pudieron haberse cometido. Lamenta que las pesquisas israelíes «carecen de profundidad y de credibilidad», mientras afirma que Hamas no ha emprendido «ninguna investigación en absoluto» para determinar la legalidad de sus actos. Asegura la ONG que ninguna de las dos partes ha respondido a los estándares legales internacionales y la imparcialidad, particularmente en el caso de Israel, ha brillado por su ausencia.

La directora de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson, pide a EEUU y a los gobiernos europeos que presionen a Israel para que cambie su actitud. Además, lamenta que «los funcionarios estadounidenses hayan llegado a elogiar el sistema judicial militar de Israel sin reconocer su fracaso a la hora de dispensar justicia a las víctimas de la guerra de Gaza».

Tal petición la hace extensible también a los gobiernos y organismos internacionales como la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica, para que demanden a Hamas que emprenda «investigaciones creíbles» sobre las presuntas violaciones que hubiera podido cometer durante el conflicto. GARA

deportación masiva

Según las ONG denunciantes, la redacción de la nueva orden militar es tan general que permitirá las deportaciones masivas de habitantes de Cisjordania, donde viven cerca de tres millones de palestinos.

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