Alfons López Tena ha participado activamente en la realización de las consultas por la independencia y es una voz autorizada para hablar sobre su viabilidad y la necesidad de materializar el deseo mayoritario de la población catalana hacia la independencia. Pero la actualidad obliga a apelar a su dilatada experiencia para arrojar luz sobre la cuestión del Estatut.

Hay quien todavía deposita su confianza en la decisión del Tribunal Constitucional (TC) español en torno al Estatut. ¿Cómo es posible, si tenemos en cuenta la escasa o nula imparcialidad e independencia del llamado poder judicial español, cuya misión es velar y garantizar la defensa del Estado español?

Ciertamente no es fácil entenderlo ahora, cuando los que sostuvieron esa fe en su momento se han dado ya cuenta de la realidad. Por ejemplo, en otoño del año 2008 se reunieron Durán y Montilla y aseguraron que la sentencia sería favorable, que avalaría la constitucionalidad y que por tanto no había que hacer nada. Bueno, un año más tarde son ellos mismos los que promueven que los medios de comunicación y las entidades del establishment lancen una editorial conjunta, que en resumen venía a decir aquello de `hacernos caso a los autonomistas que si no vendrá el lobo independentista'. Y la reacción que han tenido desde España, ya la hemos visto, con algunos medios solicitando su procesamiento... Por lo tanto, está claro. Hasta ellos se han dado cuenta cuál es el juego del PSOE, PP y el Tribunal Constitucional, y se puede adelantar que, por lo tanto, la sentencia será salvaje.

Al hilo de aquel editorial algunos dijeron que era un intento de influir en el TC, mientras que otros decían que era un aviso a Madrid: «Cuidado que esto se nos va...».

Yo creo que era lo segundo, porque lo primero no es posible. El TC depende de quien los nombra (PP o PSOE), no hay ningún otro partido o instancia para nombrar un magistrado del constitucional. Su carrera la deben por tanto a quien les ha nombrado... y de ahí que pueda estar a las órdenes de quienes les votan, no de otros.

Otras voces han señalado que, independientemente de cuál sea la sentencia del TC, Catalunya se encuentra en una nueva fase post-Estatut...

Así es, de hecho, porque una de las tácticas que se ha utilizado ha sido la de que `estos se acaben aburriendo', y por lo tanto, alargar mucho el proceso para que el tema se diluyera por el paso del tiempo. Pero lo que ha ocurrido ha sido precisamente lo contrario, es decir, ante una situación bloqueada y constatado que el bloqueo es definitivo y que el régimen estatutario está en punto muerto, es a partir de ahí cuando han comenzado las movilizaciones y ya directamente se plantea la independencia y la creación de un Estado independiente.

¿La vía autonomista es un camino agotado en la actual coyuntura?

Ya ha llegado al máximo al que podía llegar. Ya existen sentencias que señalan que sólo hay una nación soberana, que es España, que se dota a sí misma de un Estado y una Constitución, y que las autonomías son sujetos creados por los poderes constitucionales en el marco de la Constitución, por tanto es un régimen de descentralización, y serán el Gobierno y las Cortes los que atribuyan o no a esas autonomías lo que consideren oportuno. Todo esto es lo que defiende el abogado del Estado en nombre del Gobierno de Zapatero ante el TC. Los dados ya están echados.

Hay quien todavía teme que la puerta autonomista se pueda reabrir con pactos posteriores…

Yo creo que ya no. Por un lado, porque la parte española ya tiene un Estado consolidado y no tiene la más mínima intención de compartir poder y soberanía. Por otro, porque desde la parte catalana ya está muy asumido que son todo engaños. Tomemos como ejemplo el pacto del Majestic en el año 1996, cuando se cedió una intervención en la gestión de los puertos. Ahora el PP y el PSOE están elaborando una nueva ley para anular aquéllo. De manera que el problema es que cualquier tipo de avance queda sujeto a la voluntad unilateral del Gobierno español y de la Cortes españolas.

Si la voluntad mayoritaria del pueblo catalán se decanta hacia la independencia, ¿cuál cree usted que sería la reacción del Estado español?

La de intentar impedirlo por todas las vías que permita la democracia, pero creo que no lo conseguirá. En la sociedad catalana hay una mayoría a favor de la independencia y, al igual que en otras realidades europeas, a la independencia se llega en primer lugar porque en una elecciones los que promueven la independencia, no como aspira- ción más o menos lejana, sentimental, sino como un proyecto político inmediato, ganan las elecciones y forman Gobierno (casos de Escocia, Montenegro, Quebec...); y en segundo lugar, porque desde ese Gobierno legitimado por el voto popular se convoca un referéndum a efectos que el pueblo decida si quiere o no la independencia. Se han dado algunos casos excepcionales donde no se ha convocado un referéndum posterior, ya que la inmensa mayoría de la representación parlamentaria o la totalidad de la misma es independentista.

Todo ello de forma unilateral...

Todas las declaraciones de independencia han sido siempre unilaterales. La mayoría de las independencias siempre se han realizado sin que hubiera soporte constitucional alguno ni reconocimiento del derecho de autodeterminación por el Estado. Lo que ocurre es que cuando hay una voluntad mayoritaria, la única posibilidad de impedirlo es la violencia (golpe de Estado, intervención militar...), como hizo Suecia en Noruega o Serbia en la antigua Yugoslavia. Pero en una situación de democratización y globalización, España no puede permitirse ese lujo, aparte de que no tendría apoyo para ello. Sólo le queda la resignación y negociar las condiciones de la separación y el reparto de activo y pasivo entre el antiguo Estado y el nuevo.

Su último libro se titula «Cataluña bajo España. La opresión nacional en democracia». ¿Qué alternativas se presentan ante esa situación?

La independencia o la continuidad y resignación. El Estatut ha fracasado, no este Estatut concreto, ni este texto, sino el propio sistema de Estatut de autonomía. Lo veremos tras la sentencia, que no es este Estatut el que se acaba, sino que finaliza cualquier posibilidad de reforma estatutaria. Ante eso sólo cabe la resignación o la independencia. Durante estos últimos años algunas formaciones políticas han mantenido y defendido que `no es necesaria la independencia para conseguir determinados objetivos', pero el caso es que en diez o quince años no se ha logrado ninguna de esas cosas. Ni por la vía estatutaria ni por la vía de acuerdos extraestatutarios, por lo tanto es el momento de la verdad, es decir, para lograr todos esos objetivos (gestión de puertos y aeropuertos, selecciones nacionales, concierto económico, confe- rencia episcopal propia...) es necesaria la independencia porque dentro del Estado español es imposible lograrlos.

En esa misma obra usted recoge términos como «dictadura electiva» o «democracia de baja calidad» al referirse a la situación del Estado español... y también apunta la aversión al reparto de poderes, que no se da una separación real...

En el primer caso estamos ante términos politológicos que están cuantificados. El primero se remonta a los debates en torno a la formación de EEUU y a las posibilidades que se discutían. En el caso de la «baja calidad» son debates más recientes, que tienen lugar en la segunda mitad del siglo veinte y giran en torno a ejemplos como éste: `Una democracia es mínima cuando la gente no se mata entre sí, los gobiernos no matan a la gente y para echar a un Gobierno, no es necesario que la gente lo mate'.

En el caso del Estado español no hay una separación real de poderes, no hay contrapesos, ahí tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial... y en los temas de gran relevancia pública previamente todos saben qué decisión tomarán los magistrados en función de cuál sea su línea ideológica, y por tanto no se diferencia mucho de una dictadura electiva, ya que aunque la gente puede echar un Gobierno por medio de las elecciones, siguen sin existir contrapesos ni separación de poderes.

Usted ha afirmado que el reconocimiento constitucional por parte del Estado español del derecho de autodeterminación de la nación catalana no es necesario. ¿En qué basa tales afirmaciones?

Por un lado, indirectamente lo tiene reconocido, desde el momento que es signatario de la carta de Naciones Unidas, en la cual uno de los principios es que todos los pueblos tienen el derecho de autodeterminación. A partir de ahí, el reconocimiento está realizado, la cuestión ya sería definir qué es un pueblo... cosa para la cual en el caso español es relativamente fácil, porque a diferencia del Estado francés que no firma tratados que impliquen el derecho de autodeterminación, la mentalidad española, fruto de la dictadura y donde las formas importan poco, es que se firma cualquier cosa. Ahí está la Constitución, en la que se habla de los pueblos de España, se habla de las nacionalidades, leyes como el Estatut, donde se define a Catalunya como una nación... El problema es que el Estado español firma por firmar casi todo, consciente de que no siempre cumplirá lo firmado...

¿Sigue defendiendo la idea de que Catalunya puede ser, o haber sido, un pueblo derrotado pero no aniquilado?

Sí, es evidente. En el siglo XVIII con la ocupación de Catalunya por parte de las tropas franco-españolas, todas las posteriores rebeliones o las guerras carlistas, la guerra civil... todo ello muestra que evidentemente ha sido derrotado. Pero porque siempre la respuesta española ha sido violenta, armada y finalmente se imponía. La diferencia con el escenario actual es que ese tipo de respuestas no es posible, por lo tanto depende de la libre voluntad de los ciudadanos, depende de la democracia.