Fuentes judiciales y familiares anunciaron ayer a este diario que Arantza Santesteban, Jon Garai, Juan Joxe Petrikorena, Mikel Zubimendi, Aner Petralanda, Ibon Arbulu, Hasier Arraiz, Marije Fullaondo y Marisa Alejandro recobrarán su libertad en las próximas horas, una vez que abonen las fianzas de 50.000 euros impuestas por la Audiencia Nacional española.

Todos ellos, a excepción de Fullaondo, fueron arrestados el 4 de octubre de 2007, en la redada que llevó a cabo la Policía española en Segura contra 23 personas, la mayoría miembros de la Mesa Nacional de Batasuna. Días después, el juez Baltasar Garzón envió a prisión a 17 de ellos, acusados de «pertenencia a organización terrorista», por su actividad política y, en muchos casos, incluso pública.

Garzón adujo que desde la ruptura del alto el fuego por parte de ETA, en junio e 2007, éstos no tienen la voluntad de «acabar con la violencia terrorista» sino la de «coadyuvar renovadamente a la consecución de los fines» de la organización armada vasca «por medio del recurso a la violencia».

La medida de prisión se justificó por «la necesidad de asegurar todo el material probatorio que pueda resultar dañado si no se adoptan medidas para ello», y alude a la incesante «búsqueda de datos» llevada a cabo por las distintas policías desde marzo de 2006 hasta el 4 octubre de 2007.

Desde su detención en aquella redada -o el 18 de diciembre en el caso de Marije Fullaondo- los nueve imputados que ahora serán excarcelados han permanecido en prisión. Lo que supone para la mayoría el haber adelantado ya el cumplimiento de una pena de dos años y medio de cárcel sin haber sido siquiera juzgados.

Restricciones

A quienes hoy van a ser excarcelados se les impondrán las mismas restricciones de sus libertades que se vienen imponiendo a los dirigentes abertzales que están saliendo de prisión desde febrero. El primer afectado por las mismas fue Pernando Barrena.

No podrá tomar parte en «reuniones, manifestaciones, actos públicos o formación de grupos, coaliciones o partidos políticos de características idénticas o cualitativamente similares» a aquellas que motivaron su «imputación criminal».

La Audiencia Nacional española subraya que si vuelven a hacer política, ello supondrá su «retorno a la situación de prisión provisional».

La fianza se ha estipulado en 50.000 euros para cada uno de ellos y se espera que hoy puedan realizarse todos los trámites pertinentes para que puedan ir saliendo de prisión y regresar a sus respectivos domicilios.