Aún no se habían apagado los ecos de la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional en el «caso Egunkaria», en la que se ponen de manifiesto las irregularidades cometidas a lo largo del proceso penal que cerró el rotativo, cuando agentes de la Guardia Civil desarrollaban ayer en Euskal Herria, por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, una nueva redada contra una decena de personas. Siete años después, se repite la crónica, con los mismos protagonistas -Audiencia Nacional, Guardia Civil y ciudadanos vascos- y un argumento transcrito casi al pie de la letra: acusaciones genéricas de colaboración con ETA por una actividad pública y legal, que se traducen en detenciones, de nuevo, en régimen de incomunicación.

En esta ocasión, el foco de la operación se proyecta sobre abogados y sobre ex presos políticos vascos. Y cabe subrayar que, una vez más, viene precedida de una campaña mediática de criminalización del colectivo de abogados, cuyas actividades profesionales vienen siendo puestas bajo la sombra de la sospecha, cuando no calificadas, de forma abierta e insistente desde diversos medios de comunicación, como delictivas.

El contexto político-judicial es noticia en el Estado español. Han alcanzado el grado de escándalo superlativo las reveladoras palabras pronunciadas por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en referencia a la judicatura española. «Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años», ha declarado, recordando que jueces y fiscales que ahora ocupan altos cargos «estuvieron formando parte del TOP hasta 1976». Pues bien, la Audiencia Nacional es la heredera indiscutida del Tribunal de Orden Público y sus métodos, al menos en lo que se refiere al independentismo vasco, tampoco han variado un ápice, como ayer se demostró en Bilbo, Donostia, Sopela, Hernani, Gernika y Usurbil.