La democracia española, fruto de una transición presentada como modelo a seguir, está apareciendo ante el mundo tal cual es. A raíz del encausamiento del juez que -a instancia de las denuncias de ciudadanos y con la oposición de la Fiscalía- intentó poner en marcha un proceso contra el franquismo, el mismo Estado que investigó e inició procesos judiciales relativos a las dictaduras de varios países latinoamericanos está dejando claro algo que en Euskal Herria se viene repitiendo desde hace mucho tiempo: que la transición que nació tutelada por el franquismo jamás se deshizo de ese control. Esa transición «modélica», que decían haber exportado a varios países, sobre todo latinoamericanos, muestra su naturaleza intacta mientras países que decían haber adoptado el modelo español de transición depuran responsabilidades de los aparatos de sus anteriores regímenes. Resulta esclarecedor que ciudadanos españoles, así como asociaciones españolas y argentinas de derechos humanos tengan que recurrir a la justicia argentina para denunciar los crímenes del franquismo. Esclarecedor que esas personas y asociaciones no puedan recurrir a esa democracia consecuencia de aquella «transición modélica» que en ocasiones ha permitido la investigación de crímenes de dictaduras ajenas pero se niega investigar los de la propia.