Diez ciudadanos vascos se encuentran desde ayer incomunicados en manos de la Guardia Civil. Fueron apresados, por orden del juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuz- koa. Las filtraciones les imputan delitos de «integración» o «colaboración» con ETA pero sus identidades arrojan otra realidad: los detenidos son ex presos políticos vascos, familiares de represaliados y abogados que les atienden. El movimiento pro-amnistía concluye ya que nos encontramos ante «un ataque a la defensa y la solidaridad hacia el Colectivo de Presos Políticos Vascos».

El operativo arrancó al mediodía y de forma simultánea en Bilbo y Hernani. En esta última localidad eran los abogados Jon Enparantza e Iker Sarriegi los arrestados por el instituto militar español. Ambos se encontraban trabajando en el despacho de abogados que comparten, cuando decenas de agentes de la Guardia Civil se personaban en el mismo.

El resto de letrados que trabajan en el bufete tuvieron que abandonar su lugar de trabajo, pero antes fueron obligados a permanecer contra la pared mientras que los agentes procedían a acceder a todas las oficinas de la sede sin presencia de la secretaria judicial ni del decano del Colegio de Abogados -testigo obligatorio para registrar el despacho de cualquier abogado-.

Una de las compañeras de trabajo de Enparantza y Sarriegi indicaba a GARA nada más abandonar la sede que los agentes de la Guardia Civili entraron en el despacho sin mediar palabra ni mostrar orden alguna, e insistió en que en un primer momento los seis abogados que se encontraban en el local fueron identificados y colocados contra la pared durante casi media hora, sin conocer siquiera el motivo de la irrupción policial.

Hasta que no se personó la secretaria judicial, media hora después, no supieron que la orden de arresto iba dirigida contra Enparantza y Sarriegi. En ese momento, los letrados donostiarras fueron separados de sus compañeros e incomunicados.

Fue la secretaria la que mostró la orden de entrada y de registro, que sólo daba acceso a los despachos de los dos abogados arrestados, así como a las zonas comunes del bufete. Pero, en declaraciones a GARA, el resto de abogados denunciaron que antes de eso los agentes accedieron a todos los cuartos grabando imágenes de los mismos, pese a las protestas de los letrados retenidos.

Los abogados hicieron constar esta denuncia en el informe de la secretaria judicial y tras ello tuvieron que abandonar la sede, ubicada en la calle Antzuola.

Entre cámaras de televisión, los familiares y amigos de los arrestados hicieron una larga guardia con el objeto de mostrar todo su apoyo y ánimo a Enparantza y Sarriegi. El registro del despacho finalizó a las 22.15 y la Ertzaintza cargó contra la gente congregada, hiriendo al menos a una persona.

Asimismo, desde el movimiento pro-amnistía informaban de que una borda de los padres de Enparantza también era registrada en Donostia.

Los medios se «anticipan»

Los arrestos de la abogada Arantza Zulueta y la ex presa política vasca Naia Zuriarrain se produjeron en Bilbo. La Guardia Civil se presentó en el despacho de abogados de la calle Elkano, en el que trabajan ambas, pasadas las 12.00. Prácticamente a la misma hora las agencias de información daban cuenta de la detención de cuatro letrados en Hernani y la capital vizcaina, aunque no precisaban identidades. Algunos medios de comunicación llegaron incluso antes que los agentes del instituto armado al lugar, dejando en evidencia el carácter mediático y propagandístico de la operación. En octubre del año pasado ocurrió algo similar con Joseba Agudo, al que vincularon con la operación y cuya detención y registro del despacho fue anunciada por los medios antes de que se realizara.

Al igual que ocurriera en Hernani, los agentes no presentaron ninguna orden y obligaron al resto de letrados a abandonar el despacho, dando comienzo a un registro que se prolongó durante horas. La calle permaneció cortada con un inusitado despliegue policial en el que participaron ocho patrols de la Guardia Civil. La presencia de cámaras de televisión y fotógrafos también era notoria. La vivienda de Zulueta en Lemoiz y el domicilio familiar de Zuriarrain en Deustua fueron también inspeccionadas al mismo tiempo.

En Gernika se detuvo, pasadas las 12.30, a José Luis Gallastegi, responsable nacional de la sección de Pesca de LAB y ex preso político vasco. Según comunicaron a GARA, guardias civiles de paisano entraron en la sede del sindicato abertzale y se lo llevaron sin mostrar la orden de detención. Se limitaron a decirles que estaba acusado de «colaboración» con ETA.

Carga de la Ertzaintza

Ya por la tarde era la vivienda de Gallastegi, en Lekeitio, la registrada por el instituto militar. Como ocurriera en la mayoría de los registros, los guardias civiles contaron con la estrecha colaboración de la Ertzaintza, que en Lekeitio, según indicaron a este diario, no dudó en cargar contra los que protestaban ante la vivienda de Gallastegi.

La detención de Erramun Landa fue difundida también sobre el mediodía. Al parecer había sido arrestado en Bilbo, aunque no especificaron dónde.

El séptimo arresto se llevó a cabo poco antes de las 13.00. Saioa Agirre fue detenida en la escuela Zipiriñe de Sopela. La vecina de Zornotza estaba impartiendo clase a niños cuando agentes de la Guardia Civil se presentaron en el centro y aseguraron a la dirección de la escuela que querían hablar con la joven «por un tema personal». Ante la insistencia de los efectivos del cuerpo militar de ver a Agirre cuanto antes, y pese a que quedaban diez o quince minutos para finalizar la clase, la directora y otros trabajadores acudieron al aula de niños y niñas de tres años donde estaba la joven. Al comunicarle que los guardias civiles no tenían orden de detención, Agirre se negó a salir. Fue entonces cuando los militares dijeron que sí tenían el requerimiento judicial, y tras mantener su negativa a explicar las razones insistieron en reclamar la presencia de la joven, que finalmente salió de la clase.

Saioa Agirre, compañera de un preso político vasco, fue retenida en Aulesti y trasladada por la Guardia Civil a un monte a finales del pasado año. Fue sometida a interrogatorio y en una entrevista con GARA denunció que le dijeron que «algún día iba a tener un susto».

La Guardia Civil la trasladó después hasta Zornotza, donde registraron su vivienda, así como la de sus padres.

El arresto de Juan Mari Jauregi tuvo lugar sobre las 13.40. Agentes del instituto militar se personaron en su vivienda, ubicada en el barrio donostiarra de Egia, y en la que se encontraba solo. El registro se dilató hasta pasadas las 18.30, y además del domicilio registraron el trastero contiguo, en el que los vecinos guardan sus bicicletas. Testigos del registro indicaron a GARA que fueron cerca de 300 los vecinos que se congregaron en los alrededores del domicilio para arropar a Jauregi.

En la capital guipuzcoana también fue arrestado Asier Etxabe, sin que especificaran más detalles sobre su arresto.

La última detención tuvo lugar en Usurbil. El ex preso Joxe Domingo Aizpurua fue apresado en su domicilio, ubicado en Zubieta, y tras el registro de esta vivienda lo trasladaron a la casa familiar, donde ahora reside su hermana. Allegados de Aizpurua denunciaron la actitud «prepotente» de la Guardia Civil por golpear a dos sobrinos del arrestado, además de llevarse hasta el dinero que la hermana de Aizpurua tenía en su mesilla de noche.

Colegio de Abogados

Las fuentes «antiterroristas» insisten en que la operación está vinculada con unos supuestos documentos incautados en el arresto de Javier López Peña, el 20 de mayo de 2008. Cabe destacar que Zuriarrain recobró su libertad tan sólo un mes antes, cuando fue expulsada del Estado francés tras cumplir una condena de seis años. José Domingo Aizpurua, por su parte, estaba entonces en la cárcel, ya que no recuperó su libertad hasta el pasado mes de diciembre, tras cumplir una condena también de seis años.

La abogada Ainhoa Baglietto compareció por la tarde ante su despacho, que estaba siendo registrado. No quiso entrar a valorar «filtraciones periodísticas interesadas», pero sí mostro su preocupación ante el trato que puedan padecer sus compañeros en manos de los agentes de la Guardia Civil.

Informó de que están realizando gestiones con el Colegio de Abogados para que se haga eco de esta preocupación y para que esta institución haga suya la denuncia y exija el fin de la incomunicación.